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María Luisa Rodríguez, abogada constitucionalista, exmagistrada auxiliar del Consejo de Estado y profesora de la Universidad Nacional, interpuso la primera tutela contra la universidad por no aplicar el enfoque de género en el caso que ella tuvo que vivir de acoso por parte de un profesor estadounidense en 2017. Desde entonces ha recorrido todas las instancias institucionales en busca de apoyo. En el camino ha conocido a más mujeres en la misma situación, cuyos procesos ha acompañado.
¿Cómo fue su caso en particular?
En 2017 viví una situación de acoso (sexual) por parte de un profesor extranjero, que fue investigado y sancionado por la Universidad de Purdue (Estados Unidos), donde está contratado. Antes de que se venciera el proceso y de que se emitiera la primera decisión, un colega de la Facultad de Derecho, Maguemati Wagbou, lo invitó a un evento en la Universidad Nacional. Esto me obligó a buscar respaldo de la universidad, aplicar todas sus rutas para evitar que el profesor acosador volviera. Nunca había hecho un proceso disciplinario contra nadie, esto fue nuevo en mi vida personal y profesional.
¿Qué la llevó a poner esta tutela?
La impunidad. El saber que la universidad no aplicó un enfoque de género para un caso como el mío, que estaba tan documentado. Que uno sienta que no hacen nada con el caso de una profesora lleva a pensar: ¿qué hacen con una estudiante o una administrativa?
¿Qué pensó cuando supo que el profesor que usted denunció venía a Colombia y a su propia universidad?
Me sentí completamente descuadernada. Para mí era un desafío que él viniera a mi facultad, financiado por la universidad a la que pertenezco. Lo primero que tuve que hacer, desgraciadamente, fue llevar el caso de forma pública al Comité de Unidades Básicas para intentar bloquear la visita, exponer las pruebas y romper el secreto que tenía el proceso en Estados Unidos. Yo lo había manejado con total discreción. La facultad reaccionó a favor mío bloqueando la visita del profesor y comunicándoselo a Maguemati. Sin embargo, él buscó ayuda en la Facultad de Ciencias Humanas, donde lo respaldaron. Luego siguió una búsqueda de apoyos. Fui a donde la decana de Ciencias Humanas, la cual me escuchó, pero no hizo nada porque no había una norma expresa para detener su visita. A partir de esto comencé a compartir con otras mujeres de la facultad que también habían sido víctimas de acoso, como Alexi Amaya (trabajadora administrativa, quien denunció por acoso al profesor José Guillermo Castro). Si nos pasa algo tenemos que ir adelante, avanzar, y no quedarnos calladas.
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¿Qué siguió?
Busqué ayuda en todos los niveles. Me respondieron que el profesor no estaba sancionado y que ellos no podían bloquear la visita de Stephens. Les expliqué a todos que un profesor extranjero no tiene un derecho adquirido para venir a ninguna universidad. Además, internacionalmente, por la Convención Belém do Pará, las investigaciones de género tienen que ser en contexto, y está claro que había una relación directa de poder, de dominación por parte del profesor, que desafió el venir a mi universidad estando en medio de un proceso de acoso.
Cuando llegó la fecha, recibí ayuda del Grupo de Seguridad y Género, con las que siempre estaré agradecida. Ellas se movilizaron y así logramos detener la presentación del profesor acosador en el evento, pero no su viaje. En esa época el Protocolo de Atención a Violencias Basadas en Género todavía no existía formalmente. Apenas se estaba probando.
La Universidad de Purdue lo sancionó a los pocos días. Stephens apeló, pero le ampliaron la sanción. Tuve la audiencia con ellos después de la visita del profesor Ronald Stephens, les expliqué el nivel de intimidación que me estaba causando. Renuncié a una estancia que tenía organizada, había obtenido financiación por parte de ellos y fue dolorosísimo decir no a ese intercambio.
Los de Purdue lo sancionaron impidiéndole volver a Colombia. Eso me tranquilizó, pero fue decepcionante ver que la universidad (Nacional) no hizo mucho.
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¿Para ese momento ya habían denunciado Alexi Amaya y Lizeth Sanabria sus respectivos casos de acoso?
No habían salido a la luz. El de Alexi se estaba investigando. Yo la apoyé antes de que sucediera mi caso.
¿Qué pasó después de que Purdue le dio la razón y por qué no ha podido acceder a la reparación?
Esto fue nuevo para Purdue. Acababan de aprobar el protocolo de género. Contra el profesor Stephens había denuncias que involucraban a estudiantes, pero esta fue la primera de una profesora. Purdue reaccionó bien y dejó la enseñanza de que estos procesos deben ser rápidos. Lo que me quedé esperando fue la reparación que se falló en la segunda instancia, donde se reconoció que perdí una oportunidad. Ese acoso me dejó en una situación de desventaja, perdí las oportunidades para relacionarme internacionalmente, para mejorar mi inglés, para realizar clases allí, investigación, en fin. Fui a la Oficina de Relaciones Internacionales, hablé con la directora, Nancy Rozo, y le comenté que quería restablecer mis nexos con Purdue. Ella me trató con displicencia y me culpó de frustrar el convenio con Purdue.
Allá (en Purdue) fueron solidarios con mi reparación, pero lamentablemente, como el proceso ha sido por mi cuenta y sin el respaldo institucional, no he podido organizar la visita con las condiciones que estaban previstas y me tocó aplazarla porque la universidad (Nacional) cambió su calendario en virtud del paro del año pasado.
Entonces, ¿cree que la Universidad Nacional es responsable de la ausencia de reparación?
Sí, en tanto no he tenido un apoyo, una vocería de la UN. A mí me parece vergonzoso que yo, como víctima, tenga que negociar la reparación, como si no trabajara en ninguna universidad. Los hechos se dieron en el marco de mis funciones como profesora y como directora de relaciones internacionales de la facultad. No conocí al señor Stephens en la calle, ni en un bar. Cuando él regresó a Colombia también fue en el marco de una visita oficial. Es tan inaceptable como absurdo que una entidad que tiene una vinculación con una funcionaria, al nivel de contratación que yo tengo, se haga la loca con sus responsabilidades. Creo que lo que le ha faltado a la universidad es un mínimo de compromiso con una política de género seria.
La violencia estructural que ejerció la Universidad Nacional es dolorosa. Vivir una violencia sexual o un acoso es solo una fase frente a lo que significa confrontarte con tu empleador, a la apatía de sus funcionarios, que para ellos sea normal culpabilizarte de lo que pasó.
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¿Este episodio afectó su carrera profesional?
Si me comparo con mis colegas, en estos tres años, desde que empezaron los ataques de Maguemati, no he tenido oportunidad de publicar ni de participar en grupos de investigación. Venía con fuerza fortaleciendo mi perfil investigativo y cada vez que venía la convocatoria se entrometía algún documento del proceso por responder o porque me he dedicado a hacer activismo, que está muy bien, pero tiene un perjuicio para mi remuneración, para mi prestigio académico. Aún no sé hasta qué punto la estigmatización va a estar ahí, aún no he dimensionado sus efectos pero soy consciente que he recibido más críticas que respaldo.
Por otro lado, no solo fue el caso de Maguemati y Stephen. Guillermo Castro actuó contra mí acusándome y publicando mis datos personales a toda la base de 50.000 correos electrónicos de la Nacional. He recibido también amenazas que la universidad nunca aclaró y que están ahí, porque no sabemos ni siquiera de dónde provinieron y cuál era el objetivo.
¿Cuáles amenazas?
Amenazas en el pasillo de la facultad. Frente a mi salón dejaron un cartel que decía: "Feministas? Ratas? Espérenos!", con una imagen como de la cara de Hitler (Ver la línea de tiempo al final del artículo). Eso nos deja en una situación de vulnerabilidad porque no sabemos ni de dónde viene, lo que es peor, porque no lo puedes controlar.
¿Hay amenazas en la Universidad Nacional contra el colectivo de mujeres feministas?
Las estudiantes manifiestan que, a través de redes, las han amenazado con retaliaciones físicas, como echarles ácido o violarlas. Han recibido contrademandas, y creo que es la manera más contundente de desactivarlas, porque apenas empiezan las investigaciones y la mayoría de ellas no saben cómo reaccionar a estos procesos penales y no tienen asesoría jurídica gratuita. Además las distrae de sus actividades como colectivo. Es preocupante el uso judicial de los denunciados para contraatacar y debilitarlas.
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Usted decía que su caso la volvió una figura pública en la universidad y que la han buscado para que ayude con casos similares...
La mayoría se me acercaron cuando dirigí la cátedra Eduardo Umaña Luna, de feminismos. Las estudiantes eran de pregrado y lo que me contaron fue muy grave. Algunas han recibido múltiples formas de violencia, hasta accesos carnales, a los que la universidad no respondió.
¿Qué la lleva a decir que la Universidad Nacional protege los derechos humanos de los hombres y no los de las mujeres?
Cuando un profesor es amenazado, generalmente por el conflicto interno o por movilización social, la UN activa mecanismos de protección. Cuando una mujer denuncia amenazas, se preguntan si es un caso de género o de derechos humanos. Ahí comienzan las falencias estructurales de atención. Hay infravaloración de los casos de mujeres. Si se miran los resultados de los procesos, ha habido muy pocos profesores en toda la historia la Universidad Nacional condenados por acoso. Lo cual es desconcertante, teniendo en cuenta los niveles de denuncias.
(¿Quién es Lizeth Sanabria, la estudiante que denunció a su director de maestría por acoso?)
El caso de la estudiante Lizeth Sanabria, que denunció al profesor Freddy Monroy en abril de 2018, me parece gravísimo. Primero, que ella se hubiera expuesto otra vez a la violencia para obtener la prueba reina, una prueba de semejante calidad con la que se podría iniciar el proceso y condenar, y aun así la universidad se demoró más de un año en tomar una decisión. Otra de las falencias en el caso de Lizeth fue la incapacidad de las personas involucradas en el ascenso que tuvo Freddy Monroy a profesor titular, después de conocida esa prueba y antes de ser despedido. No hubo reproche ético, que siempre está en todos los aspectos de evaluación de los procesos. Pareciera que la violencia contra las mujeres ni siquiera está relacionada con la ética, como sí lo están la corrupción o la pérdida de bienes.
¿La rectora se ha pronunciado sobre estos casos?
Lo que sentimos es que la rectora está alejada de esta situación. Me sorprende que ella, la primera mujer en ese cargo, no tenga empatía con las mujeres de la comunidad académica. Nunca ha propiciado un encuentro con las víctimas. Sé que la red de profesoras está redactando una carta en virtud de estos casos y para solicitarle una audiencia. Yo había agotado esa ruta con el rector Mantilla. Él no me atendió. Luego, la rectora tuvo conocimiento de mi caso directamente con la Procuraduría y jamás intentó comunicarse conmigo.