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hace 2 horas
Hoy está en escándalo de corrupción

La vez que la Corte Suprema no quiso investigar a Musa Besaile

El magistrado Sigifredo Espinosa declaró que los congresistas no reciben partidas del presupuesto para invertir en sus regiones. Es decir, negó la “mermelada”.

Musa Besayle fue el senador más votado del Partido de la U en 2014: más de 145.000 votos. / Foto: Daniel Reina - Revista “Semana”

¿Hizo el senador Musa Besaile pagos ilícitos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como plantea la Fiscalía? Todavía no se sabe, pero sí está comprobado que en 2011 la Corte Suprema favoreció de forma inusual a Besaile por supuesto pago de coimas cuando fue representante a la Cámara de Representantes.

(En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

La Corte se abstuvo de investigar una presunta “mordida” pagada por Besaile a otro representante a la Cámara para desviar una partida presupuestal hacia la región Caribe. La denuncia sostenía que Besaile le pagó $700 millones a Manuel Antonio Carebilla, representante por el Amazonas, por permitir que una partida de $7.000 millones fuera manejada por Besaile e invertida en su región.

El magistrado Sigifredo Espinosa se negó a abrir investigación argumentando que “los congresistas no tienen la posibilidad de recibir partidas presupuestales específicas para invertir a su capricho en las regiones que representan”, una afirmación contraria a la realidad política vigente en todas las regiones de Colombia y además negada por el paisano de Besaile, Bernardo Ñoño Elías, quien se jacta de haber construido el acueducto y otras obras en Sahagún con partidas asignadas por el Gobierno para Córdoba. (Le puede interesar: Una inédita y reveladora entrevista con el “Ñoño”)

Sigifredo Espinosa no ordenó investigar si Carebilla registró un súbito incremento patrimonial de $700 millones, que era lo que planteaba la denuncia. En su lugar ofició al Ministerio de Hacienda, el cual contestó, como era obvio, que todo el manejo del presupuesto lo tiene el director del Presupuesto Público Nacional.

El magistrado agregó: “Resulta un exabrupto que el denunciante pretenda hacer creer que el Gobierno Nacional tiene a disposición de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso, dineros o partidas del Presupuesto General de la Nación como costumbre clientelista para manejar el apetito de las mayorías afines al Gobierno”. Es decir, el magistrado Espinosa, mediante pronunciamiento judicial, negó rotundamente la existencia de la “mermelada”.

Espinosa también recordó que desde la Constitución de 1991 los auxilios parlamentarios se encuentran totalmente prohibidos y, por tanto, “ningún congresista de la República de Colombia puede recibir partidas presupuestales para invertir en su departamento o autorizar traslados de los mismos a otras regiones”.

El magistrado le dio plena credibilidad a una declaración escrita que la Corte le pidió a Besaile en ese momento: “Enfáticamente tengo que señalar que a mí jamás me entregaron u ofrecieron partidas del Presupuesto General de la Nación para realizar algún acto correspondiente a mis funciones”.

Hoy, Espinosa aspira ser magistrado del Tribunal Especial de Paz. Esto le dijo al Comité de Escogencia: “Sólo vocación de servicio me anima a postularme al cargo, por mi madurez y larga experiencia en solución de conflictos”.

Otra denuncia

La denuncia ante la Corte la presentó Rafael Moreno Godoy, exasesor de Carebilla en el Congreso, quien dijo haber escuchado al congresista hablar de la coima que habría recibido de parte de Musa Besaile.

El año pasado, sin embargo, por un caso similar, el desenlace fue otro: la Corte Suprema sí le creyó a Moreno Godoy cuando presentó otra denuncia contra Carebilla, la cual desembocó en una acusación formal por cohecho, falsedad y peculado, con lo cual Carebilla perdió el cargo de gobernador del Amazonas (2016-2019). Esta acusación lleva la firma del magistrado Eugenio Fernández Carlier, actual presidente de la Corte Suprema.

Carebilla nombró en 2007 en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a Amparo Ospina de Vacca y a José Ramón Becerra Osorio, a cambio de que le pagaran al congresista $180 millones y $80 millones, respectivamente, para conseguir una pensión superior a la que recibirían si siguieran en otros empleos en el Congreso.

Ospina de Vacca realizó el pago con la liquidación parcial de sus cesantías y Becerra Osorio vendió un inmueble. Con el nombramiento que le hizo Carebilla, el sueldo de Ospina de Vacca se duplicó a $6’700.000. Luego se retiró con un sueldo de $11 millones. Becerra Osorio, que antes de trabajar en la UTL de Carebilla ganaba $2’200.000, logró luego jubilarse con $5’600.000.

Con respecto a la falsedad, la Corte Suprema acusó a Carebilla de haber nombrado en su UTL a personas que no podían posesionarse y que fueron quienes realmente recibieron el sueldo. Uno no podía ser nombrado porque tenía pensión de invalidez, otro estaba inhabilitado por sanción de la Procuraduría, y uno más buscaba evadir un embargo del Citibank y no quería figurar con ingresos a su nombre. Los falsos nombrados sirvieron de testaferros para cometer el fraude a cambio del pago de una comisión mensual.

La Corte también indicó que Carebilla compró una motocicleta Honda en Leticia en 2007, que costó más de $7 millones, a nombre de su cuñado, Orlando Deaza Curico, y obligó a su asistente Moreno Godoy a cubrir las cuotas mensuales del crédito. Adicionalmente, Carebilla habría obligado a Moreno Godoy y a otro asesor a aportar $65 millones para financiar la campaña electoral de 2007. Los asesores contrajeron créditos con Davivienda y el banco BBVA a través de allegados, para cumplir con la exigencia de Carebilla.

A raíz de la petición reciente del fiscal general de investigar a Musa Besaile, al senador Hernán Andrade y al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, fue nombrado para llevar el caso el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa.

La Fiscalía entregó a la Corte grabaciones realizadas en Miami en que el abogado Leonardo Pinilla cuenta que, previo el pago de sobornos, logró en años pasados decisiones favorables de los magistrados de la Sala Penal de la Corte que beneficiaron a Andrade, Ramos y Besaiile.