Desde comienzos del siglo XX, dependencias de inteligencia estatal, en el mundo, han rastreado pistas y posibles amenazas en los diálogos telefónicos entre terceros. En Colombia, años después de la llegada del teléfono, funcionarios del Estado comenzaron a escuchar las conversaciones de otros. “Otros” contendores, “otros” opositores, posibles bandidos, subversivos o terroristas, han sido espiados, su privacidad invadida y sus voces analizadas en despachos oficiales.
Durante ciertas coyunturas de nuestra historia nacional esta búsqueda de información, ya sin control, se ha salido de madre. Momentos de paranoia y fisgoneo indiscriminado se vivieron, por ejemplo, durante el último gobierno, en el que mandos altos y medios, presos de un anacrónico síndrome de la guerra fría, ordenaron la intervención de los teléfonos y correos electrónicos de decenas de personas.
Situaciones parecidas se vivieron durante los sesenta, tras la revolución cubana, cuando todo lo que olía a izquierda fue asimilado con subversión y, por lo mismo, objeto de la escrutadora mirada de los gobiernos del Frente Nacional. Creo, sin embargo, que el primero de estos episodios de chuzadas frenéticas puede ser rastreado en la década del cuarenta.
Corrían los años de la Violencia, enfrentamientos bipartidistas pululaban en algunos departamentos del país. Comenzaba el intermitente gobierno de Laureano Gómez y la dependencia encargada de escuchar a escondidas era la Oficina de Control de Teléfonos, que hacía parte del Departamento de Investigación de la Policía Nacional y rendía cuentas al Ministro de Gobierno.
Durante los últimos meses de 1950 numerosos agentes intensificaron la tarea de transcribir todas las llamadas que entraran o salieran de la Dirección Nacional Liberal y los edificios de la prensa liberal. Para ello, los respectivos detectives parqueaban sus vehículos en las afueras de las instalaciones políticas o periodísticas, desde donde podían cumplir su labor, con la todavía rudimentaria tecnología de la época.
En el Archivo del Ministerio de Gobierno reposan las transcripciones e informes de los detectives. En ellas hay evidencia del negocio de comercialización de latas de manteca que montaban, por aquellos días, dos liberales bogotanos, del chocolate caliente que prepararon en el Directorio Nacional liberal el 4 de diciembre de 1950, y de las rutinas diarias de Carlos Lleras o Julio Cesar Turbay.
Poco a poco se intervinieron los teléfonos de viviendas y oficinas de políticos liberales. Se leen las palabras de esposas, empleadas domésticas y secretarias. El Ministro de Gobierno, Domingo Sarasty, y el Secretario Privado de la Presidencia, Misael Pastrana, son informados de cada frase que pronuncia la cúpula de la colectividad roja.
Un 23 de septiembre Eduardo Santos, probablemente alterado, le advierte a su interlocutor, en conversación interceptada por el detective 566: “Tenga muchísimo cuidado con los teléfonos que están controlados, principalmente el mío”.
El clímax de esta historia de espías puede leerse en la carta enviada por el director del Departamento de Investigación, Enrique Vargas Orjuela, al Ministro Sarasty. En ella le comunica que la Dirección Liberal ha descubierto la frecuencia utilizada por la Policía y que a través de múltiples antenas, instaladas por liberales en sus vehículos, está interceptando las conversaciones de detectives y superiores.
Un círculo se cierra. Quien chuza se percata de que sus víctimas lo están escuchando…
La historia del teléfono en Colombia
Durante los últimos años del siglo XIX, pequeñas compañías privadas comienzan a operar en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. Para 1920 existen alrededor de una docena de compañías privadas que prestan el servicio telefónico local colombiano. En 1924 el Estado adquiere estaciones telefónicas para Popayán, Pasto, Ibagué, Honda, Tunja, Barrancabermeja, Ocaña, Cartagena y Manizales.
Una década después de inaugura oficialmente el servicio telefónico a larga distancia, entre Bogotá Tunja, Bogotá Popayán. En 1940 se crea la Empresa de Teléfonos de Bogotá y en 1943 el gobierno de Alfonso López Pumarejo nacionaliza las telecomunicaciones y recibe del Congreso autorización para organizar una empresa que las unifique. Poco después se crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "Telecom."