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Para las familias de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, que fueron secuestrados el pasado 26 de marzo por el grupo disidente de las Farc de Guacho y asesinados en cautiverio, el gobierno colombiano nunca mostró un ápice de sensibilidad frente a sus parientes. El manejo que le dio Colombia al hallazgo e identificación de sus cuerpos fue, para estas familias, una prueba más de esa indolencia. Que dos ministros colombianos salieran en público -uno de ellos por Twitter- a confirmar el hallazgo, sin la certeza científica que exigía el momento, los terminó de convencer de que, en Colombia, este caso nunca fue “digno” de su interés.
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Han sido 91 días de dolor, de angustia, de tristeza absoluta; de zozobra, de informaciones cruzadas. Una espera insoportable para las familias de los periodistas y el conductor de El Comercio, cuyos restos serán enviados a su país, que los espera para darles el último adiós. Irán protegidos por sus familiares, quienes viajaron a Cali, el viernes pasado, para esperar durante más de 72 horas la confirmación oficial de que los cuerpos que encontró la Policía, en una fosa común, en zona rural de Tumaco, el pasado jueves 21 de junio, eran los de sus seres queridos. Luego de hacer los correspondientes análisis de ADN, Medicina Legal tuvo la palabra final: sí eran Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega.
La espera para escuchar la noticia de parte de los expertos forenses fue agonizante, como lo describió uno de los familiares que viajó a Cali. El primer paso en falso lo dio la canciller, María Ángela Holguín, el pasado viernes 22 de junio. En medio de un viaje a La Guajira, la ministra dijo que ya había hablado con su homólogo en Ecuador para “darle la noticia de que habíamos encontrado los cuerpos de los periodistas asesinados”. Su confirmación cogió de sorpresa a las familias que recién aterrizaban en Cali solo con indicios. Es más, supieron de las palabras de la canciller porque una emisora los llamó a preguntarles al respecto.
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Confundidos por la información que tenían, pidieron que les dijeran la verdad y que no les alargaran la insoportable espera de saber si los cuerpos sí eran los de sus familiares. Les explicaron que en Colombia la autoridad para dar certeza en ese tipo de situaciones era Medicina Legal y, de inmediato, llegaron a la sede de la entidad en Cali. Aunque ahí tampoco tuvieron respuestas, los funcionarios los reconfortaron informándoles que había cuatro peritos de la mejor calidad haciendo las tareas forenses para confirmarles la identidad de los cuerpos. Entendieron que las pruebas tomaban tiempo y que lo importante era tener la confirmación, con el 100 % de certeza, de que sí se trataba de sus seres queridos.
Ese mismo viernes, más de cuatro horas después de las declaraciones de Holguín, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio el segundo paso en falso. Y fue todavía más profundo. El jefe de la cartera ministerial explicó, a través de su cuenta de Twitter, que la Policía y Medicina Legal habían confirmado que era 99 % probable que los cuerpos que había hallado la Policía en una fosa común fueran del periodista, fotógrafo y conductor de El Comercio. Las familias, desde Cali, se enteraron de la situación cuando leyeron el trino del ministro —como si el canal para dar ese tipo de noticias fuera una red social—. Al día siguiente, otra versión de los hechos puso su paciencia a tope. Medicina Legal, también a través de su cuenta de Twitter, desmintió lo dicho por Villegas.
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“La carta dental es totalmente insuficiente” para decir si se trataba de los ciudadanos ecuatorianos, puntualizó el instituto. Los familiares, entonces, convocaron a una rueda de prensa y expresaron su indignación por la información de Villegas. “Es inaudito”, apuntaron las familias. A su voz de protesta se unió la de su propio gobierno. La Cancillería de Ecuador señaló que cualquier confirmación de la identidad de unos cuerpos, sin total identificación científica, violaba los protocolos establecidos, entre ellos, los de la Cruz Roja Internacional. La Cancillería ecuatoriana, además, le pidió a su par en Colombia que investigue y sancione a “quienes, con su conducta precipitada e insensible, han causado adicional estrés psicológico a las familias”.
La respuesta del gobierno colombiano a la protesta dejó a más de uno con la boca abierta. Colombia contestó que le sorprendía la actitud de Ecuador. “Hemos cumplido nuestros compromisos y lo seguiremos haciendo. Desplegamos los máximos esfuerzos para apoyar el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la justicia a los responsables y el mantenimiento de la seguridad en la zona”, indicó la Cancillería, aun cuando dos ministros, incluida la propia canciller Holguín, confirmaron la identidad de los cuerpos más de 72 horas antes de que Medicina Legal lo hiciera; aun cuando poco o nada se sabe de las circunstancias en las que muerieron los ecuatorianos; y aun cuando Guacho sigue haciendo de las suyas en Tumaco.
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“Colombia, es lamentable decirlo, no tuvo mayor participación en este caso y no lo tomó en serio. Tal vez se debió a la falta de sensibilidad, no solo del Gobierno, sino de muchos actores, por los lamentables hechos que vive el país desde hace muchas décadas; tal vez eso llevó a que no le prestaran atención”, confesó Rivas en diálogo con El Espectador en mayo pasado. Ni las décadas de experiencia en secuestros y rescates humanitarios, ni el manejo de información sensible para las víctimas se asomaron en este caso. Las familias de los secuestrados aprendieron en tiempo récord a enfrentar un conflicto armado ajeno para ellos, y las consecuencias de la firma de un acuerdo de paz que tiene en las disidencias de las Farc una de sus peores amenazas.
Aprendieron a llorar por dentro, mientras salían a hablar con dos gobiernos diferentes, como describió Rivas en los últimos meses. Pero a lo que sí han estado habituados Ricardo Rivas y las demás familias es a la tendencia al olvido que hay en Latinoamérica frente a este tipo de crímenes. Saben muy bien que deben procurar hacer del legado de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega uno perpetuo, y que su lucha por saber qué motivó su asesinato es la pelea que emprenderán ahora que pueden enterrar a sus seres queridos. Saben que será un camino largo, pues la investigación por el asesinato se mantiene en absoluta reserva. Les han explicado que se trata de información de inteligencia y de seguridad nacional.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció, el pasado 14 de mayo, que conformó un equipo de seguimiento especial para acompañar a las víctimas y apoyar las investigaciones de las autoridades e instituciones nacionales. Las familias, hasta ahora, no han visto un solo documento del expediente. El fiscal Néstor Humberto Martínez reiteró, al salir de la reunión con las familias en Cali, que este crimen no va a quedar en la impunidad. El gobierno colombiano, por su parte, señaló en un escueto comunicado de prensa, que entregarán los cuerpos a las autoridades ecuatorianas y expresaron su “sentimiento de solidaridad con los familiares de los tres ciudadanos ecuatorianos”.
“Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, sus familias los esperan”. Ese era el mensaje plasmado en uno de los carteles que portaron sus familiares cuando llegaron a Colombia a recuperar a sus seres queridos. Los esperan también sus colegas de El Comercio, los ciudadanos que marcharon y se reunieron en varias vigilias durante casi tres meses para exigir su regreso y gritaron incansablemente: “Por Efraín nadie se cansa, por Paúl nadie se cansa, por Javier nadie se cansa. Nadie se cansa, nadie se cansa, hay esperanza”.