'Lagunas' de las 'chuzaDAS'

Víctimas de la bochornosa persecución de la central de inteligencia pidieron la nulidad de la condena de dos protagonistas de la ‘cacería’.

El capitán (r) Jorge Alberto Lagos León, condenado por la justicia.  / Archivo
El capitán (r) Jorge Alberto Lagos León, condenado por la justicia. / Archivo

La exigua condena a ocho años de prisión para dos de los principales protagonistas de la ‘cacería’ criminal contra la Corte Suprema de Justicia, los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y otro largo etcétera de ‘blancos’ políticos que fueron desprestigiados, perseguidos e interceptados por el DAS en los tiempos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, está a punto de caerse. Una sala de conjueces de la Corte Suprema revisa las sentencias de Fernando Tabares y Jorge Lagos, para ese momento director de inteligencia y subdirector de contrainteligencia, respectivamente. Y la tendencia de la mayoría es que dicha pena no se compadece con la proporcionalidad de sus crímenes.

Según se documentó, entre 2005 y 2009 Lagos y Tabares buscaron información reservada de magistrados y políticos opositores al gobierno Uribe, escarbaron sus movimientos migratorios, crearon grupos especiales para husmear en sus casas, en las bolsas de basura, se realizaron análisis de sus núcleos familiares, de sus debilidades y fortalezas, les buscaron o inventaron amantes, los relacionaron con organizaciones ilegales para justificar sus operaciones, tomaron fotografías de sus hijos, los siguieron hasta el exterior, usaron sus escoltas —que eran también del DAS— como infiltrados bajo la peregrina tesis de que debían ser leales al gobierno de turno y no a sus protegidos. También revisaron facturas de agasajos a magistrados, controlaron sus cuentas de correo y sus teléfonos personales.

Pero la cima del despropósito se dio al tiempo que la Corte Suprema llamó a indagatoria por parapolítica al senador Mario Uribe, primo del jefe de Estado, en septiembre de 2007. De inmediato la orden que se le dio a la detective Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari, fue infiltrar el alto tribunal. La agente revivió amores del pasado con un oficial de la Policía con acceso a la Corte y en poco tiempo ya había convencido a dos mujeres de servicios generales para que instalaran una sofisticada grabadora en las sesiones reservadas de Sala Plena del alto tribunal. Todo lo escuchó el DAS en desarrollo de la denominada Operación Escalera.

Para abril de 2010 el país no hablaba de otra cosa que del escándalo de espionaje del DAS y los nombres de Fernando Tabares y Jorge Lagos protagonizaban titulares. Ambos, acosados por las pruebas, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de ocho años de prisión por sus delitos y les pidieron perdón a sus víctimas. Finalmente, en segunda instancia, el 31 de mayo de 2011 fueron sentenciados por el Tribunal Superior de Bogotá. Siempre la Procuraduría y el representante de las víctimas, Víctor Javier Velásquez, hijo del exmagistrado Iván Velásquez, se opusieron a los acuerdos al considerar que ni Lagos ni Tabares le contaron a Colombia cómo se estructuró esta persecución infame.

Por eso en julio de 2011 le pidieron a la Corte Suprema que revisara estas sentencias, ya que en su criterio son muchas las lagunas que quedaron, jamás se consideró el contexto sociopolítico del momento ni se tuvo interés “en desentrañar la verdad de lo sucedido”. Tampoco se precisó en las condenas quiénes dieron las órdenes, a quiénes les dieron órdenes ellos, la trasescena del complot criminal y, en general, la letra menuda de la oscura campaña desplegada por la policía secreta, mientras posaba como un organismo democrático, en contra de los llamados ‘enemigos’ del uribismo. Víctor Javier Velásquez sostuvo que jamás se investigaron los recursos con los que se financiaron estos hostigamientos ni el objetivo mismo del desprestigio que se logró.

Por esas razones, tanto la Procuraduría como el abogado Velásquez solicitaron a la Corte que se declare la nulidad de las condenas de Lagos y Tabares, pues violan los derechos de las víctimas, ya que se desconoció la proporcionalidad de las penas con respecto a esta larga lista de fechorías, dejando el caso con unos culpables identificados pero en un contexto impune porque ambos exfuncionarios del DAS no lo contaron todo y sí callaron cuanto pudieron. El problema vino después. Como la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema fueron víctima de la cacería, se tuvo que acudir a la lista de conjueces para dirimir esta petición.

De los 18 conjueces, cinco se declararon impedidos porque participan como magistrados en el proceso contra el exsecretario general de la Casa de Nariño Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado —hoy prófuga en Panamá— por el caso de las ‘chuzadas’. De los 13 que quedaron, seis conjueces más manifestaron su impedimento o bien porque representan a algunas de las víctimas del DAS o bien porque ellos también resultaron en la colada de las persecuciones. Finalmente se integró una sala conformada por los juristas Abel Darío González, Julio Sampedro, William Monroy, Mauricio Luna, Francisco Acuña, Carlos Roberto Solórzano y Ramiro Marín.

Esta semana ocurrió de todo con la sala. Primero Marín manifestó su impedimento porque como fiscal ante la Corte le tocó acusar a Mario Uribe por el escándalo parapolítico. En un hecho inédito, sólo seis conjueces de los 18 posibles sobrevivieron a la discusión. Entonces se discutió la ponencia de Francisco Acuña que, palabras más, palabras menos, no aceptaba la revisión de la sentencia de Lagos y Tabares. A esa posición se sumó el conjuez Carlos Roberto Solórzano. De inmediato tomó la palabra el conjuez Mauricio Luna para apartarse de la ponencia y concluir que sí había que revisar las condenas en este caso, porque violaban el derecho de las víctimas.

La ponencia fue derrotada porque a la tesis de Luna se sumaron los conjueces Sampedro, Monroy y González. Pero entonces, cuando se creía que ya había una decisión tomada, vino otro escollo: por reglamento no puede haber una discusión resuelta sin menos de cinco votos. Todos los conjueces, los seis que sobrevivieron a la cacería del DAS para participar de este debate, quedaron en el limbo. La cosa está tan enredada que se convocó a la Sala Plena extraordinaria de la Corte Suprema para que se defina qué va a pasar. El circulo vicioso del DAS parece no tener final.