Las 10 cartas del Estado para combatir la corrupción de Odebrecht

A casi 3 años de que estallara el escándalo de corrupción que toca a varios países de América Latina, ¿en qué van los procesos en Colombia? En este resumen le contamos, por ejemplo, que el gobierno demandará un polémico contrato que había firmado con la multinacional.

AFP

La corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que a través de un complejo esquema de sobornos se quedó con obras públicas en toda América Latina, está siendo puesta en cintura en la mayoría de los países de la región. En algunos casos, hay incluso indicios de que los sobornos escalaron hasta las cabezas de gobierno que han tenido que renunciar, como fue el caso del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, o que fueron juzgados y sacados de su cargo, como sucedió con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.

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Colombia, por su parte, ha tomado varias acciones para mitigar el daño que ha dejado este esquema de corrupción, que van más allá de los exfuncionarios y empresarios presos y cuestionados, la mayoría alrededor de dos obras: la construcción de la Ruta del Sol y la del túnel que conectaba la PTAR de Canoas con el río Tunjuelo, en Bogotá. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), “la sociedad Odebrecht ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública”.

  1. Cuando el Tribunal de Arbitramento le dio la razón al Estado

Luego de casi cuatro años de disputa jurídica, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró nulo el contrato para construir el tramo dos la Ruta del Sol, al que Odebrecht accedió pagando sobornos. Según la ley, existió una “causa ilícita”, es decir, para los árbitros es como si el contrato nunca hubiera existido. Además, los tres árbitros ordenaron al Estado, en agosto pasado, pagar $211.273 millones a la Concesionaria Ruta del Sol, de la cual eran socios Odebrecht, Episol de Corficolombiana (Grupo Aval), y CSS Constructores. Este dinero se deberá destinar al pago de las de las deudas con los terceros de buena fe, entre los que están empleados, proveedores y bancos.

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Según informó la Andje, sin embargo, el pasado 4 de octubre se interpusieron nueve recursos de anulación en contra del laudo “y el Estado está preparando su oposición a los mismos”. La autoridad competente para resolver las anulaciones solicitadas es el Consejo de Estado, máximo tribunal en temas administrativos. Esta Corte podría tomarse alrededor de 8 meses en resolver las nulidades solicitadas.

  1. Acción popular de la Procuraduría contra la Ruta del Sol II

En diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Condenó a Odebrecht y Episol y les ordenó pagar una multa de $800.156 millones por los hechos de corrupción en la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol II. Además, ordenaba crear un Comité para la Verificación del cumplimiento de la sentencia, del que harían parte el procurador general, la ministra de Transporte, el presidente de la ANI, el director del Invías, un representante de la Contraloría y uno de la Defensoría del Pueblo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsable a Episol y Odebrecht “debido a la comisión de actos de corrupción” de haber vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica. Sin embargo, ambas compañías apelaron el fallo, recurso que admitió el Consejo de Estado en junio de este año. Así, será también esta instancia la que defina cuál debe ser la multa.

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  1. El “mico” de la ley de infraestructura

La Corte Constitucional tumbó en mayo de este año el artículo 20 de la Ley de Infraestructura (Ley 1882 de 2018), que señalaba cómo liquidar los contratos de alianzas público-privadas (APP). La norma fue demandada por el excontralor general, Edgardo Maya Villazo porque tal y como estaba escrita, obligaba al Estado a indemnizar a empresas cuyos contratos fueran declarados nulos, incluso cuando había actos de corrupción de por medio. Y el alto tribunal le dio la razón a Maya.

“La corrupción no genera derechos”, dijo en su momento la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la corporación. Por ende, el parágrafo primero de la norma fue declarado contrario a la Constitución. “Esta norma tenía como misión atraer inversión, generar confianza para que los recursos que financian este tipo de proyectos gocen de estabilidad”, agregó Ortiz. Sin embargo, “si no existe una actuación de conformidad con el derecho, o si hay actos de corrupción, ya no puede protegerse la inversión”.

  1. La investigación de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le formuló pliego de cargos en septiembre del año pasado a la concesionaria Ruta del Sol 2 por, supuestamente, haber violado los principios de la libre competencia y aprovechamiento de conflicto de intereses. El ahora exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, aseguró en su momento: “No se adoptó ni por parte de Corficolombiana, ni por el Grupo Aval, ni por la Corporación Financiera Internacional (Ifc), medida alguna para impedir el aprovechamiento del conflicto de intereses, y en cambio lo que se logró advertir por la Superintendencia en las explicaciones ofrecidas, fue la negación contraevidente de la participación de los mencionados funcionarios en todas las etapas de la estructuración e implementación de la licitación pública”.

Los funcionarios mencionados en el caso, que todavía está en etapa probatoria, son: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de banca de inversión de Corficolombiana; y María Victoria Guarín Vanegas, senior investment officer de la Corporción Financiera Internacional.

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  1. Supersociedades y sus acciones de control

El 10 de febrero de 2017, la Superintendencia de Sociedades sometió a control a las sociedades relacionadas con la multinacional Odebrecht en Colombia, apenas meses después de que estallara el escándalo de corrupción en Estados Unidos. El ente de control, por medio de una resolución, impuso a Odebrecht Latinvest Colombia, Constructora Norberto Odebrecht y Navelena el grado más alto de inspección, con lo cual “los revisores fiscales de las sociedades deberán comunicar a esta entidad oportunamente, cualquier irregularidad que observen en el funcionamiento de las compañías”, según dijo en su momento la entidad.

Según la Andje, “esta Superintendencia también inició una actuación administrativa que culminó con la declaratoria de grupo empresarial y la imposición de una multa”. Asimismo, se iniciaron procesos para multar a los revisores fiscales, e “investigaciones contra los administradores por posibles incumplimientos a sus deberes”.

  1. Los procesos que lleva la Fiscalía

Por ahora, han sido condenados por su rol en el escándalo de Odebrecht el senador Bernardo Ñoño Elías; el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales; los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays; así como los contratistas Paola Solarte y Andrés Cardona, y el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Asimismo, se investiga la supuesta participación en el esquema de sobornos de varios congresistas y exfuncionarios más, pues, según la Fiscalía, a Colombia entraron más de USD$32,5 millones de dólares.

Mientras tanto, están pendientes las imputaciones de cargos de tres de los directivos de la multinacional en Colombia: Éder Ferracuti, Amilton Hideaki y Marcio Marrangoni. Asimismo, las de Esteban Moreno, Andrés Sanmiguel y David Portilla, empresarios señalados de ayudar a ingresar el dinero de la multinacional a campañas políticas.

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  1. La ANI demandó a la Concesionaria Ruta del Sol

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) demandó por reparación directa a la Concesionaria Ruta del Sol 2. Según la entidad, Odebrecht, Episol y CSS Constructores son responsables de la celebración indebida del contrato de concesión, que conllevó a la terminación anticipada del mismo en febrero de 2017. La cuantía de esta demanda es de $13.000 millones, y, de fallarse a favor de la ANI, las empresas tendrían que pagarle esa suma al estado colombiano.

  1. Estado demandará otro contrato con la Concesionaria Ruta del Sol

El Ministerio de Transporte, la Agencia de Defensa Jurídica, la ANI, la Supertransporte y la Dian van a demandar el contrato de estabilidad jurídica que firmó el gobierno Santos con la Concesionaria para garantizar que les aplicaran la normatividad vigente en 2012. “La cuantía se está determinando y depende del beneficio tributario que obtuvo dicha sociedad en virtud del contrato”, informó la entidad.

  1. Rechazo a la propuesta de reparación de Odebrecht

La compañía brasileña había ofrecido aceptar que pagó sobornos para quedarse con contratos y prometió reparar al Estado, a cambio de que se les dejara volver a contratar. Esta polémica propuesta recibió el nombre de Acuerdo de Reparación Integral, pero el gobierno colombiano se opuso a aceptarla pues tanto la Vicepresidencia, como la Andje, consideran que la propuesta “resulta legal y moralmente inaceptable”.

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La Andje aclaró: “No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”.

  1. La liquidación de la Ruta del Sol   

La Superintendencia de Transporte acabó la sociedad Concesionaria Ruta del Sol y la llevó a un proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, indicó en julio de este año que en este proceso de liquidación del contrato se recibieron obras por $1,9 billones, mientras que por lo menos $1,2 billones que se le adeudan a los bancos serían cancelados por la Nación a cargo del Presupuesto General. Este anuncio llegó días antes de que se conociera la decisión del laudo arbitral, que declaró nulo el contrato y encontró que la suma que debería pagar el Estado era mucho menor a lo que había indicado la ministra Orozco.

 

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Redacción Judicial

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