Van 22 litigantes amenazados

Las amenazas que sortean 22 abogados de exintegrantes de las Farc

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La difícil situación de orden público en Antioquia, Caquetá y Nariño, entre otras regiones, y amenazas de muerte de las Águilas Negras, son algunas de las situaciones con que lidian quienes garantizan la defensa de los exintegrantes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz.

Enero de 2020 apenas va llegando a su día número 18 y ya fue asesinado otro excombatiente de las Farc que se acogió al Acuerdo de Paz. Con su asesinato en Guapi (Cauca), Benjamín Banguera se convirtió en el exguerrillero 182 de esta extensa lista de antiguos miembros de la guerrilla que han caído en medio de ataques mortales de los que el Eln y el Clan del Golfo son los principales responsables, según el último informe de la Fiscalía sobre el tema. El resultado no podía ser otro: exintegrantes del desaparecido grupo subversivo, como los que se encuentran en Caquetá, están temerosos de hablar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre lo que pasó durante el conflicto.

La difícil situación de seguridad de los excombatientes de las Farc ya escaló hasta los abogados, defensores de derechos humanos y otros profesionales que los asesoran ante la JEP. El primer campanazo de alerta sonó en noviembre de 2019, cuando 22 de los asesores jurídicos recibieron una amenaza de muerte a sus celulares firmada por el “Bloque Capital de las Águilas Negras”. “A sus defensores que se están encargando de sacar hijueputas guerrilleros de la JEP para que sigan delinquiendo les advertimos (…) ya sabemos dónde se reúnen y de nada les van a servir sus putos esquemas si no quieren seguir con la suerte de esos mismos perros”, dice el mensaje.

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Este diario se contactó con cuatro de los abogados amenazados, que accedieron a hablar sobre su exposición en las zonas donde brindan asesorías a los excombatientes en medio de las nuevas dinámicas de los grupos criminales. Miguel Ángel González, coordinador del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), órgano nacido del Acuerdo de Paz que brinda defensa jurídica a las distintas personas que comparecen ante la JEP y del que hace parte el grupo de personas amenazadas, señaló que este mensaje intimidante llegó en una de las reuniones que se llevan a cabo periódicamente en Bogotá para hacer un seguimiento de los procesos ante la justicia transicional.

Luego de que los abogados recibieran la amenaza de muerte denunciaron el hecho en oficinas de la Fiscalía en distintos puntos del país (como Bogotá, Arauca, Valle del Cauca y Antioquia) y se reunieron en diciembre pasado en el búnker del ente investigador con la delegada para la Seguridad Ciudadana, Claudia Carrasquilla. Según los miembros del SAAD, desde entonces no han sabido nada. Asimismo, se denunció la situación ante la JEP y, según el coordinador González, la Organización de Estados Iberoamericanos también puso en conocimiento de esta situación al procurador general, Fernando Carrillo, y al defensor del Pueblo, Carlos Negret.

Algunos de los casos más delicados dentro de la JEP, y en los que trabajan los miembros del SAAD, están relacionados con algunos de los líderes y piezas claves del grupo subversivo que operaron en Caquetá (departamento que fue bastión de las Farc) y que están declarando —o ya hablaron— en el caso 001, relacionado con los secuestros. “Muchos colegas se trasladan a esta zona y no cuentan con acompañamiento de la Policía ni cuentan con esquema de seguridad”, dice González, quien añadió que seis de los 22 amenazados ya tienen esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Es decir, el Estado ha comprobado que su nivel de riesgo es alto.

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“Muchas de las asesorías que prestamos a excombatientes se tienen que realizar en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), donde ellos ahora desarrollan su vida. Vamos hasta allá, hacemos pedagogía sobre la JEP, y en el desarrollo de estas actividades se han recibido hostigamientos por parte de grupos paramilitares. Por ejemplo, en el ETCR de Pondores, en La Guajira. También hemos recibido información de gente extraña merodeando estos puntos en Cauca, en donde se presiona y se amenaza a exintegrantes de las Farc para que no declaren en esta jurisdicción”, asegura González, quien fue abogado del denominado canciller de las Farc, Rodrigo Granda.

Un grave precedente de esta amenaza, que también recibió el abogado del excombatiente Dimar Torres, asesinado por miembros del Ejército en abril del año pasado en el Catatumbo, fueron los seguimientos a Eduardo Matyas y el atentado contra Gustavo Gallardo, en 2019. Los dos litigantes, a quienes también les llegó a su celular el mensaje de las Águilas Negras, defendieron ante distintos tribunales al hoy rearmado jefe de las disidencias de las Farc, Jesús Santrich. En agosto pasado, desconocidos que se movilizaban en un vehículo de color azul le dispararan a la camioneta en la que Gallardo se desplazaba.

Sergio Guzmán, abogado en Antioquia, aseguró a este diario que en su labor en ese departamento hay varios puntos críticos: Frontino, Urrao e Ituango, municipio en el cual han matado a 11 de los 19 excombatientes muertos que se han registrado en todo el departamento. “Si la amenaza llegó a nuestro WhatsApp es porque conocen bien quiénes somos, nos identifican”, dice Guzmán, asesor de Élmer Arrieta, excomandante del frente 18 que en las elecciones de octubre de 2019 fue candidato por el partido FARC a la Asamblea de Antioquia. Luego, en diciembre, su hijo, conocido durante el conflicto como Yahir Cartagena, fue asesinado.

Carlos Ortiz, asesor de los excombatientes en Nariño que pertenecieron a los frentes 29, Mariscal Antonio José Sucre y Daniel Aldana, dice que su labor y la seguridad de sus defendidos se ha visto amenazada en el ETCR La Variante, ubicado en Tumaco, en la costa pacífica. “En esta región existe un grupo paramilitar denominado los Contadores, que hostiga a los excombatientes. Es solo una de las estructuras de esta naturaleza que los amenazan. Esto entraña un riesgo enorme para nosotros, porque nuestro trabajo no es solo atrás de un escritorio; implica ir hasta la zona a hablar con los signatarios del Acuerdo”, afirmó Ortiz.

::Hay que frenar la estigmatización para evitar más asesinatos: Farc::

Alias Contador es el hombre fuerte en este territorio que quedó al mando de las rutas del narcotráfico luego de que alias Guacho, integrante de las Farc que dio la espalda al Acuerdo de Paz, muriera en diciembre de 2018 en un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Este capo del Pacífico, según el Ejército, está ofreciendo plata a los disidentes de las Farc que obedecían a Guacho, para unirse a sus filas. José Albeiro Irrigui Jiménez, nombre real de Contador, tiene 29 años, nació en Cartagena del Chairá (Caquetá) y tiene bajo su mando a 100 hombres armados en Tumaco, segundo municipio del país con más cultivos de uso ilícito (16.040 hectáreas, identificó la ONU en su último registro satelital).

En el ETCR de Tallambí, en el municipio de Cumbal (Nariño), Ortiz remarca la presencia de grupos paramilitares y de estructuras relacionadas con el narcotráfico. Sobre el mensaje amenazante, dice que denunció ante la Fiscalía de Pasto y que en diciembre pasado se delegó desde Bogotá un fiscal para que ampliara su denuncia. “Tomaré la vocería de mis compañeros en Cauca, Valle y Nariño, quienes recibimos la amenaza. Nos preocupan las condiciones en las que ellos desarrollan sus actividades con los excombatientes en esos departamentos”, declaró Ortiz.

Francisco Gómez, encargado de la defensa de los excombatientes del Meta y el Guaviare, afirma que no es la primera vez que recibe amenazas e incluso cuenta que en 2017 lo intentaron matar en su casa: recibió seis puñaladas. De acuerdo con el abogado, su labor en un caso de ejecución extrajudicial y la defensa de unas tierras de comunidades en Arauca fueron los móviles de este atentado, el cual la Fiscalía desestimó en su momento. “Me dijeron que era un tema de delincuencia común”, dice mientras muestra la documentación de su denuncia. Añade que ya se acostumbró a esa “sensación de incertidumbre constante”.

::Nació el hijo del excombatiente Dimar Torres y su nombre es Dilan::

Entre los siete excomandantes que defiende Gómez se encuentra Jorge Ernesto Suárez, el hijo del fallecido jefe guerrillero conocido con el alias de Mono Jojoy. “Tengo también asignados a 200 exmiembros de la guerrilla en Acacías (Meta) que no han recuperado su libertad y me presionan para que les facilite su trámite. Cuando uno logra la libertad de uno, los demás se resienten. En diciembre tuvimos una reunión con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA, la Fiscalía de la JEP) y nos hicieron un estudio de riesgo. Yo en realidad ya no tengo nada que perder, debería estar muerto hace tres años. Estamos esperando a ver a cuál de los abogados enterramos primero para que los demás puedan ser protegidos”.

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