En diferentes declaraciones ante la Sala de Justicia y Paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez contó la forma en cómo se crearon los grupos paramilitares en el departamento de Norte de Santander, los cuales tenían como objetivo principal combatir a los frentes guerrilleros que tenían presencia en la zona, así como ejercer oposición política y militar al aparato armado subversivo en dicha zona.
Pese a que en un momento su “lucha fue solitaria” conforme a su expansión en diferentes municipios recibieron apoyo económico de los pobladores, lo cual les permitió aumentar su pie de fuerza en referencia a la compra de armamento y reclutamiento de personas que querían participar en lo que se determinó desde el principio en un movimiento contra la insurgencia.
A modo que lograban una mayor presencia, se fueron conformando el Bloque Norte, el Bloque Córdoba –también conocido como Montes de María- así como Bloque Catatumbo, controlando así la mayoría de municipios en Norte de Santander aumentando su poder económico, militar y posteriormente político.
El excomandante del Bloque Catatumbo reseñó que antes de la conformación de dicho grupo clave para las acciones que se querían adelantar en la zona fronteriza contaron con la ayuda de varios integrantes y exmiembros de las fuerzas militares. Fue tanta su cercanía que incluso le enseñaron a él a manejar un fusil para una operación que se iba a adelantar en contra de la guerrilla.
Incluso recibió un carnet del B-2 con el que podía entrar a las brigadas militares “sin que siquiera me requisaran cuando venían entrando era como si entrara un comandante de batallón abrían la barra pa’ dentro, de esa forma funcionó todo el fenómeno, y esa fue la vinculación anterior con las Autodefensas”.
Mancuso Gómez calificó en repetidas oportunidades como “aliados” a los miembros del Ejército, la Policía o las Fuerzas Militares en la lucha que emprendieron contra los frentes de la guerrilla de las Farc y el ELN que delinquían en la región, los cuales manejaban el negocio del tráfico de drogas por la frontera.
Fue así como incluso los miembros de la Fuerza Pública les entregaron información sobre personas a quienes consideraban auxiliadores o patrocinadores de la guerrilla. “Se definía la forma de llegar a esas regiones y sitios, cuántos hombres y armamento a utilizar, establecíamos en muchos de los casos contacto y conveníamos y acordábamos con algunos miembros de las fuerzas militares apoyo en caso de ser posible y necesario, el ingreso y salida de nuestros combatientes en las zonas o poblaciones y una vez determinada la estrategia militar, se daba la orden de actuar”.
Para su desplazamiento en la región –aseguró Mancuso- utilizaban camiones, lanchas, helicópteros, motos, carros o a pie. Todas estas acciones estaban coordinadas por las Fuerzas Militares que tenían total conocimiento de estas movilizaciones. Esta versión fue confirmada por otros miembros de los bloques paramilitares postulados a los beneficios de la ley de Justicia y Paz quienes dieron detalles sobre el apoyo que recibieron en sus actividades.
El excomandante paramilitar contó como el subdirector del DAS, Miguel Narváez “junto a otros miembros de la Fuerza Pública dictaron cursos de instrucción; uniformados que retirados de los estamentos militares por problemas judiciales eran reclutados por las AUC; la labor que se les asignaba, inicialmente era la de impartir instrucción militar”.
Para la Sala de Justicia y Paz, existen elementos materiales de prueba que permiten verificar la participación del Bloque Catatumbo de las AUC en incursiones a municipios y caseríos como manera de intimidación a la población civil, para así ejercer y mantener control territorial, así como homicidios y desapariciones forzadas de pobladores que no compartían el actuar criminal de los paramilitares o aquellos que eran señalados de colaborar con la guerrilla.
Durante la década de los noventa dicho grupo participó en masacres, victimización de servidores públicos, atentados contra aquellos que no contribuyeron al financiación de dicho grupo armado ilegal, “homicidios en convivencia con la Fuerza Pública” que dieron origen a los denominados ‘falsos positivos’, despojo de tierras, narcotráfico, uso indebido de informes e insignias de las Fuerzas Militares y el ajusticiamiento de integrantes del grupo armado ilegal por indisciplina y a sus colaboradores por incumplimiento de convenios.