Nuevo libro de Dejusticia y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD)

Las cárceles están llenas de jíbaros, no de narcotraficantes

La más reciente investigación sobre el impacto de la política de drogas en el sistema carcelario demuestra que la lucha antidrogas sólo envía a la cárcel a las personas menos estudiadas, más pobres y que han cometido los delitos menos graves.

Entre 2005 y 2014, se capturó en Colombia a más de 720.000 personas por delitos de drogas. Esto, en otras palabras, quiere decir que fueron capturadas nueve personas cada hora u 80.000 personas por año.Archivo

En Colombia hay una relación directa entre la persecución penal por delitos de drogas y los alarmantes índices de hacinamiento en todo el país, un hecho que se ha convertido además en una amenaza directa al respeto de los derechos fundamentales de los presos en el país. Así lo entienden Rodrigo Uprimny, Sergio Chaparro y Luis Felipe Cruz en el libro que lanzan este viernes 14 de julio, titulado Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia. Los autores llegaron a esa conclusión tras revisar informes de las Naciones Unidas y de los centros de estudios de drogas más importantes del mundo, así como informes sobre la situación en la región y sentencias judiciales. Además le pidieron información al Inpec y a la Fiscalía y entrevistaron a varias mujeres que se encuentran en la cárcel del Buen Pastor.

Las cifras fueron pieza fundamental para este libro de Dejusticia y el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEED). Entre los números más importantes del informe está que, entre 2005 y 2014, se capturó en Colombia a más de 720.000 personas por delitos de drogas. Esto, en otras palabras, quiere decir que fueron capturadas nueve personas cada hora u 80.000 personas por año, por delitos como lavado de activos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conservación o financiación de plantaciones y tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. Si bien esta es la lista de delitos relacionados con drogas, los números muestran también que esas detenciones son solamente de los eslabones más débiles del problema.

Conductas como el lavado de activos o el concierto para delinquir representan apenas un 0,5 y 0,7 %, respectivamente, del total de capturas, dice la investigación. “Mientras que, de cada 200 ingresos por el delito de tráfico, porte o fabricación 48 terminan en condena, de cada 200 ingresos por lavado de activos sólo uno termina en condena efectiva (…) Estos patrones muestran que la aplicación del derecho penal para el caso de los delitos de drogas, lejos de estar contribuyendo a sancionar a los eslabones más fuertes de la cadena, se ha enfocado en la judicialización de eslabones débiles, lo cual ha contribuido muy poco al desmonte de las organizaciones criminales, pero sí ha saturado las cárceles de personas vulnerables”, se lee en el libro de 96 páginas que se lanza hoy.

Aunque los investigadores aclaran que no fue posible establecer el estrato económico de los presos por delitos de droga, la información recopilada les permitió concluir que existe una selectividad a la hora de la sanción. Quienes tienen mayor vulnerabilidad económica y menor escolaridad y desempeñan tareas logísticas y operativas en la red criminal del narcotráfico son el principal blanco. Del número global de personas privadas de la libertad, el 79,3 % no concluyó su educación media y el 42 % había estudiado máximo hasta la primaria. Además, sólo el 4 % se dedicaba a un oficio en el que ejercía una carrera profesional o estaba estudiando, mientras que el 61,7 % se dedicaba a labores informales.

“Encarcelar masivamente a poblaciones vulnerables que tienen una participación marginal y son fácilmente reemplazables dentro de la economía ilícita y que no se benefician sustancialmente de las ganancias que allí se generan, no ha sido eficaz para lograr los propios objetivos que se ha planteado la política de drogas. En efecto, la criminalización de estas personas no ha contribuido sustancialmente a desmontar las organizaciones delictivas ni a reducir la oferta y demanda de drogas ilícitas. No obstante, sí ha sobrecargado el sistema penitenciario, ha desnaturalizado su función, y le ha ocasionado enormes costos fiscales al Estado y al resto de la sociedad”, explica el informe.

Para los investigadores de esta publicación, el libro número 37 de Dejusticia, el gran número de capturas por delitos de drogas no es el único problema del hacinamiento carcelario en el país. El informe señala que los obstáculos que existen para conceder penas alternativas a la prisión han hecho casi imposible acceder a los beneficios. De 817 condenas que revisaron los autores, en el 97 % los fiscales solicitaron la detención preventiva y en el 94 % de los casos los jueces la ordenaron. “Esto sugiere que la detención preventiva se ordena independientemente de las razones que justificarían su adopción (...) Para usar una expresión que circula entre personas relacionadas con el sistema judicial en el país, parece que ‘una medida de aseguramiento no se le niega a casi nadie’”, señala el libro.

Mediante una operación matemática, Uprimny, Chaparro y Cruz hallaron la cifra que el Estado hubiera podido evitar pagar si tuviera una política más eficaz en este aspecto. Si se hubiesen implementado alternativas que permitieran la salida de prisión a personas recluidas por un delito de drogas exclusivamente (como prisión domiciliaria o libertad condicional), los índices de hacinamiento se hubieran reducido de 33,38 a 14,68 % y se habrían ahorrado $2,1 billones solamente en 2014. “Es necesario avanzar en varias reformas parciales urgentes: descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución contra los consumidores”, dice la investigación.

Otras de las recomendaciones del libro es que se debe racionalizar el uso de la prisión y considerar una medida para que, en ausencia de cupos carcelarios disponibles, los jueces de ejecución de penas se abstengan de seguir enviando a personas a la cárcel. Asimismo proponen un programa para que se fortalezca el sistema de defensa pública para garantizar una defensa técnica efectiva, la implementación lo más rápido posible de alternativas a la prisión y “realizar las reformas necesarias para permitir que ofensores de delitos menores de drogas, no violentos, que se encuentren en los niveles más bajos del mercado, no sean enviados a prisión y sean derivados a una red pública de apoyo para prevenir integralmente la reincidencia”.

Colombia es reconocido en la región por ser uno de los países que lideran la modificación de la política antidrogas en el mundo. El exministro de Justicia Yesid Reyes confesó el año pasado en un evento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que el país ha pagado un costo muy alto en la cruzada contra las drogas, lo cual ha dejado “importantes lecciones que necesitan una detenida reflexión que conduzca a evaluar la adopción de nuevas perspectivas”. Este estudio de Dejusticia y el CEED podría dar nuevas luces para que quienes deciden sobre la lucha contra las drogas en el país analicen cuál es el impacto real que ha tenido esa lucha sobre la población colombiana.