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Como lo había anunciado hace unas semanas, el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo público ayer el primer reporte sobre corrupción electoral en el proceso de escogencia del Congreso. La Fiscalía detectó modalidades de corrupción para favorecer a algunos candidatos al Senado y la Cámara, con episodios específicos en Barranquilla, Medellín, Bogotá, Soledad (Atlántico), Ciénaga (Magdalena), Caucasia (Antioquia) y López de Micay (Cauca).
El caso de mayor impacto ya se conoce como la operación Casa Blanca y se resume en la compra de votos para favorecer a la candidata Aída Merlano. Según revelaciones de la Fiscalía, más de 50 investigadores lograron definir cómo funcionaba la organización delictiva para garantizar la victoria electoral. En desarrollo de las pesquisas se determinó que la organización ilegal no sólo favoreció a la senadora electa Merlano, sino también a la candidata a la Cámara, Lilibeth Llinás.
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La organización era tan sofisticada que se gestó una división del trabajo con roles diferenciados, como los administradores, que se encargaban del manejo de los recursos logísticos y financieros; los punteadores, que revisaban listas de líderes y votantes reclutados; los pagadores, que entregaban contraseñas en las casas de los líderes políticos; los coordinadores, que lo hacían en las casas de apoyo político, y los didactas, que se encargaban de los testigos electorales y de enseñar a votar.
Según explicó la Fiscalía, cada líder se encargaba de crear un grupo con talonarios para marcar a los votantes. El día de los comicios se arrendaron 187 terrazas, donde se reunían los votantes y, luego de acudir a las urnas, regresaban por el dinero que se pagaba por sus votos. En general, los investigadores comprobaron que los electores eran personas de escasos recursos y poca escolaridad, o adultos mayores que incluso tenían que ser acompañados a los puestos de votación para garantizar la exactitud de los votos.
La red detectada en la llamada operación Casa Blanca contaba con fuentes de financiación pública y privada. Los dineros públicos, al parecer, provenían de contratos de prestación de servicios con entidades regionales. La Fiscalía resaltó como un caso significativo la captura de Edwin Martínez Salas, quien cobró 21 cheques por cuantía superior a los $1.000 millones. Junto a él, otros particulares fueron capturados en flagrancia y hoy responden por varios delitos de corrupción electoral.
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Respecto a la operación Casa Blanca, la Fiscalía decidió imputarles cargos a la candidata a la Cámara Lilibeth Llinás, a los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balen, a los concejales de Barranquilla Aissar Castro y Juan Carlos Zamora, y al exconcejal Vicente Támara. De igual modo, la Fiscalía llamó a interrogatorio a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, a quienes se sindica de participar en la organización ilegal. Copias del caso Casa Blanca se enviaron a la Corte Suprema.
El capítulo Bogotá tiene que ver con la conducta de un contratista de la Secretaría Social de Bogotá, quien supuestamente exigió a profesores de los jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran por el candidato a la Cámara Diego Caro y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal. Por este caso serán imputados el contratista Julián Gutiérrez y el funcionario John Francisco Rodríguez. Las irregularidades estaban acompañadas por amenazas a los electores de perder sus empleos.
En cuanto a Medellín, los hechos tienen que ver con los ofrecimientos de la campaña a la Cámara de Margarita Restrepo, quien al parecer entregó viajes, tabletas y televisores a cambio de votos. Dos personas fueron capturadas y serán imputadas por el delito de corrupción al sufragante. Entre las evidencias se detectó una cuenta particular con $136 millones. La Fiscalía compulsó copias a la Corte para investigar a la congresista Margarita Restrepo.
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De igual modo, la Fiscalía cuestionó la conducta asumida por el electo senador Fabián Castillo en el Magdalena. Durante la jornada electoral fue capturado el particular Sergio Andrés Lora, a quien sorprendieron con $7 millones en efectivo y una lista, al parecer de votantes. Sorpresivamente apareció el alcalde del municipio de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, para interceder por el capturado. Por esta razón ahora el funcionario será procesado por el delito de tráfico de influencias.
En el mismo caso, la Fiscalía precisó que el electo Castillo al parecer visitó al detenido Sergio Andrés Lora en la estación de Policía a la que fue conducido. El capturado argumentó que tenía un contrato de transporte para el político. La Fiscalía, además de imputar cargos a Lora, por falsedad en documento privado y fraude procesal, dispuso compulsar copias a la Corte para evaluar la conducta del senador electo Fabián Castillo.
En el municipio de Caucasia (Antioquia), al parecer el subdirector del Sena de la localidad, Braulio Suárez, habría reunido empleados y particulares para pedirles que votaran por el representante a la Cámara y hoy senador elegido, Julián Bedoya Pulgarín. La Fiscalía agregó que el funcionario expresó que si el candidato Bedoya salía electo, él se encargaba de mantener los contratos en el Sena. A la Fiscalía se sumaron denuncias por amenazas en el mismo caso.
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En el Cauca se indaga la supuesta alteración de los resultados en el municipio de López de Micay. La denuncia fue interpuesta por el representante Felipe Muñoz, porque supuestamente los resultados del preconteo en siete mesas de seis corregimientos no se reportaron oportunamente a la Registraduría y aparecieron votos marcados. Con el material electoral a su disposición, la Fiscalía dispuso escuchar en interrogatorio a seis jurados de votación. Se evalúa si se benefició al candidato Fáber Muñoz.
Los dos casos finales fueron registrados en Soledad (Atlántico) y Santa Marta. En el primero se indaga la presunta alteración para la selección de jurados. Al parecer, la Registraduría de Soledad envió a una particular que no estaba autorizada para postular a candidatos de jurados de votación. En este caso, la imputación será contra la coordinadora de asuntos electorales de Soledad, Marbe Luz Pizarro, el registrador del municipio, Édgar Lugo, y la particular Sheyla Alí Barrios.
En Santa Marta tiene que ver con la contratación de 300 automotores para movilizar electores durante la segunda vuelta presidencial, el pasado 17 de junio. Al parecer esos vehículos estaban al servicio de la Colombia Humana y la contratación habría estado a cargo del señor Alberto Calabarí, citado a entrevista. Se averigua la procedencia de unos audios que detallan la contratación del transporte para la campaña de Gustavo Petro con recursos de Santa Marta.