Las pretensiones son por $950 millones de dólares

Las claves de la nueva de demanda de Odebrecht contra Colombia

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Colombia manifestó que está interesado en conciliar directamente con la multinacional, para evitar un arbitraje. Pero puso una condición: que Odebrecht presente toda la verdad sobre los actos de corrupción públicamente conocidos.

A través de una comunicación al Gobierno colombiano, Odebrecht enlistó cada uno de los motivos por los que decidió interponer una demanda contra el Estado colombiano porque, según argumentan, “ha llevado una campaña sistemática para extinguir a la concesionaria y apoderarse de la inversión de OL España”, filial de la multinacional en España. Las pretensiones en este nuevo pleito de la constructora brasileña que pagó sobornos para quedarse con obras públicas alrededor de América Latina ascienden a los 950 millones de dólares.

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La suma que pretende Odebrecht correspondería a una indemnización por los perjuicios que Colombia le habría causado a la multinacional tras, supuestamente, violar las obligaciones internacionales del país en materia de inversión extranjera. “El impacto de esta conducta violatoria ha sido nada menos que la destrucción total y la pérdida de control sobre la inversión de OL España en Colombia”, indica la compañía. Pero el Estado colombiano se defendió.

En la misiva, Odebrecht refiere una serie de medidas que implementó Colombia que, asegura la multinacional, cortaron el acceso del concesionario a los fondos necesarios para defenderse, incluyendo el pago de honorarios legales, acreedores, gastos operacionales, salarios, etc. Además, el interventor designado por el estado colombiano no habría perseguido todos los recursos de los que disponía el concesionario. Así resumió Odebrecht todas las sanciones que les habían impedido defenderse:

  • “La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a ANI dar por terminada la Concesión fuera de los términos y condiciones del Acuerdo de Terminación, lo que en última instancia dio lugar a la apropiación de la Concesión por parte de ANI y a la transferencia forzosa el 20 de octubre de 2020, sin mediar indemnización.
  • “La Superintendencia de Sociedades emitió resoluciones que privaron a OL España del control sobre Odebrecht Latinvest Colombia SAS, entidad colombiana mediante la cual OL España mantiene una participación en la Concesionaria, así como la imposición de sanciones económicas contra el representante legal de Odebrecht Latinvest Colombia SAS.
  • “La Superintendencia de Puertos y Transporte emitió resoluciones que privaron y restringieron el control del Concesionario por sus accionistas, incluyendo a OL España, y destituyeron al representante legal del Concesionario.
  • “El Procurador General interpuso y mantuvo una Acción Popular en contra del Concesionario, sus accionistas (incluyendo a OL España), y el personal individual de estas entidades, lo cual resultó, primero, en una decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de septiembre de 2017, en la que el Estado Colombiano inició el proceso de expropiación del activo que había sido entregado en Concesión a la Concesionaria sin que se reconociera la previa compensación económica por las inversiones efectuadas”.

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Para la multinacional, el estado colombiano a través de autoridades administrativas ha desplegado acciones tendientes a asfixiar a OL España, incluso, con “actos intimidatorios” en contra de sus administradores mediante el inicio de procesos sancionatorios contra los mismos. Agrega que, a pesar de las solicitudes ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para anular las resoluciones en su contra, el retraso de esta instancia que las medidas impuestas por Colombia siguen privando a OL España del control sobre su inversión. “Ha negado y frustrado a OL España su acceso efectivo a la justicia dentro del sistema judicial colombiano”, señaló.

“España ha tratado de resolver esta disputa de manera conjunta, pero es evidente que Colombia no tiene ningún interés en una solución de este tipo. Colombia le ha dejado OL España pocas opciones excepto el proceder con su arbitraje internacional”, concluye la multinacional en el documento. Además, pone sobre la mesa una nueva posibilidad de diálogo a fin de explorar una resolución conjunta, “en caso de que Colombia tenga tal interés”.

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Colombia respondió

También por medio de una carta, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, respondió que por parte de Colombia se mantiene la disposición de solucionar de forma directa las diferencias con inversionistas, a pesar de las características particulares del caso en concreto. Según explicó, así lo ha preferido siempre esta entidad, que hace las veces de abogado del Estado, en aras de evitar un litigio internacional.

“Insisten en su intención de demandar a Colombia, a pesar de haber sido los autores de uno de los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia, el cual causó un enorme daño moral y patrimonial a los colombianos. Asimismo, nos proponen iniciar conversaciones para buscar una resolución conjunta a las diferencias (...) Mantendremos dicha política (disposición de diálogo) bajo el entendido que, para lograr avances tendientes a llegar a un acuerdo, la premisa fundamental debe ser la de presentar toda la verdad sobre los actos de corrupción públicamente conocidos”, señaló Gómez en la misiva.

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El funcionario agregó en el documento que los derechos como inversionista extranjero también implican obligaciones, siendo la principal el cumplimiento de la ley colombiana que, en este caso, no sucedió. “Estos hechos ameritan de sobra una reparación justa y una verdad plena sobre todos los actos contrarios a la ley cometidos por Odebrecht”. Finalmente, reiteró la intención de sostener conversaciones con la multinacional para analizar las propuestas de arreglo directo de las controversias.

 

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