Las claves para entender el caso Inassa

De izquierda a derecha: Julia Serrano, Ramón Navarro, Edmundo Rodríguez e Ignacio González, todos involucrados en el caso. / Twitter, El Heraldo y EFE

El primer acueducto moderno que se construyó en España en 1856 fue bautizado con el nombre de Canal de Isabel II, en honor a la monarca de la época. Desde ese entonces, los conductos de agua le pertenecen a la Comunidad de Madrid y en sus 162 años de historia, nunca antes había enfrentado un escándalo como el que desde abril de 2017 se destapó en la capital de España. Los culpables son sus propios directivos, según lo ha revelado la Fiscalía del país ibérico, la entidad encargada de investigar el entramado de corrupción que muchos han comparado con el de la multinacional Odebrecht. Sobornos a políticos, contratos y servicios ficticios, ocultamiento de dinero y desvío de dineros públicos todo, según señalan las autoridades, para enriquecer a los dueños de las empresas y al Partido Popular (PP) de España.  

La prensa europea se ha referido al tema con el nombre de caso Lezo, en referencia al almirante español Blas de Lezo famoso por haber liderado la defensa en Cartagena cuando la guardia británica, en 1741, quiso entrar, sin éxito, a la ciudad amurallada. En Colombia, en cambio, el escándalo se conoce con el nombre: Caso Inassa, una de las filiales de Canal Isabel II en Latinoamérica. Ambos se entrelazan y para entender qué hace Colombia metida en un tema penal de la envergadura del Caso Lezo, pues el PP, no sólo es uno de los más tradicionales en el ajedrez del poder, sino que a él pertenece el actual presidente, Mariano Rajoy, es esencial saber qué pasó en España y el papel de los directivos españoles en territorio nacional. Para hacerlo, una fecha clave es el 19 de abril de 2017.

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Ese día, las fichas claves del caso empezaron a caer. Primero fue Ignacio González González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y luego Edmundo Rodríguez, director de Canal de Isabel II para esa fecha, quienes fueron capturados en la capital de España. Además de ellos dos, fueron capturadas otras 9 personas. Según la Fiscalía española, González y Rodríguez eran las cabezas de un grupo dedicado a saquear los dineros del acueducto de Madrid y sus empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, Brasil y República Dominicana, para enriquecerse y enriquecer al PP. En España, el juicio en contra de los capturados avanza a buen ritmo y entre las autoridades extranjeras y colombianas se trazó un plan de trabajo para investigar las andanzas de Gonzáles y Rodríguez en el país.

La muerte del fiscal del caso frenó la colaboración entre ambos países, pero en Colombia el caso sigue siendo de la más alta importancia. Desde la captura de los cerebros del entramado de corrupción, se supo de sus andanzas en Colombia. Un video publicado por la Cadena Ser en el cual se veía a González entrando a una vivienda en Cartagena, junto a Rodríguez, fue clave para los investigadores que siguieron a los españoles en varias de sus reuniones en Colombia. El registro muestra que los empresarios entraron con unas bolsas plásticas en las manos. Al salir, ya no llevaban nada. Eso, para la Fiscalía, es la prueba irrefutable de que lo que llevaban a la cita era dinero para el pago de sobornos en la capital de Bolívar.

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En Colombia, eclipsada por los avances de la investigación por la corrupción de Odebrecht, el caso de Lezo llegó como una más a la ya larga lista de escándalos judiciales. La Costa Atlántica recibió el tema con más vigor pues es en esa zona del país en donde las filiales de la empresa española llevan prestando servicios públicos durante años, no sin protagonizar procesos en los tribunales por su mal servicio. En total, son tres: Metroagua en Santa Marta; Triple A en Barranquilla; y Avanzada Soluciones de Acueducto y Alcantarillado (ASAA) en Riohacha. Hasta ahora, las dos primeras están en graves líos con los organismos de control colombianos, y hasta con la Fiscalía en un caso de la justicia penal que ya tiene a los dos primeros capturados: Ramón Navarro y Julia Serrano, exgerentes de la empresa barranquillera.

Antes de seguir con la historia de los líos judiciales de las filiales de los españoles en Colombia, es esencial detenerse en su composición societaria. En los tres casos, Inassa tiene la mayoría de participación de acciones. Pero en las compañías que operan en Santa Marta y en Barranquilla, el caso es particular pues el distrito de ambas ciudades tiene un porcentaje menor. En otras palabras, las alcaldías son dueñas de una parte de las empresas y para estar en esa junta directiva, se utilizaron dineros de los ciudadanos para pagar las acciones. En el caso de Metrocable, lo que le pertenece a la ciudad es el 28%, y en el de Triple A, el 14,5%. La composición de las empresas es investigada por la Procuraduría, pues en el caso barranquillero, las autoridades no se explican cómo pasó a tener el 84% a tener sólo el 14,5%.

¿Pago de sobornos a políticos colombianos?

Al igual que el caso Odebrecht, el dinero de las “mordidas”, como las llaman los españoles, era para asegurarle a Inassa millonarios contratos con el distrito para prestar servicios de alcantarillado y acueducto. Desde abril del año pasado, un grupo especial de fiscales viajó a la costa para “llevar a cabo la diligencia de allanamiento y de acreditación de evidencias documentales”, explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Si las empresas fueron instrumentalizadas para fomentar la corrupción, y quiénes fueron los congresistas o personas naturales receptores de los pagos ilegales, son asuntos aún por aclarar. Sin embargo, el ente investigador está liderando otras averiguaciones que recientemente han tenido resultados mucho más contundentes.

Millonarios contratos y órdenes de servicio que nunca se realizaron

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Las declaraciones en la audiencia de imputación de cargos de los exgerentes de la Triple A son hoy una pieza fundamental para entender cómo se movían los españoles para sacar dinero de sus filiales colombianas. Serrano confesó que constantemente la contactaban sus jefes desde España. “A mí me llamaban a la oficina del doctor Ramón Navarro Pereira, en donde en ocasiones estaba el señor Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa. Me daba instrucciones. Me decían: ‘Julia saca tanto, para lo cual se necesitaba una empresa intermediaria’”, relató la exgerente. En la mayoría de los casos, utilizaron a la firma Recaudos & Tributos, filial del grupo. “Expedían una orden de compra, los contratistas presentaban una factura y ellos se la pagaban”, agregó Serrano.

Fue ella quien explicó que para entregar el dinero que le pedían sus jefes, también tenían otra modalidad. “Me llegaban de Recaudos & Tributos. Se los entregaba a Ramón Navarro y desde la gerencia de la Triple A eran enviados con guardias de seguridad de la empresa a los bancos, quienes los cambiaban y luego regresaban a la empresa con el efectivo y lo entregaban a distintos beneficiarios”, confesó la exgerente. La Fiscalía calcula que, a través de estas maniobras, los dueños de Inassa se apropiaron de más de $27.000 millones “mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría”. Por este mismo caso, ya fueron llamados a indagatoria 11 directivos y exdirectivos de Inassa, quienes estarían detrás de un desfalco de más de $237.000 millones.

Los líos del caso Inassa también son disciplinarios

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Según lo acordado por los españoles y colombianos, el contrato consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Por estos servicios, la Triple A se comprometió a remunerar a Inassa mensualmente con el 4.5% del recaudo que ingresaban al patrimonio de la sociedad. El caso, hasta ahí, no presentaba ninguna irregularidad pues a ese acuerdo fue al que llegaron las partes. Sin embargo, la Procuraduría encontró que ninguno de esos servicios se realizó. Tras el hallazgo, el Ministerio Público formuló cargos a los implicados por haber permitido que Inassa se apropiara de recursos que, en parte, eran de propiedad del distrito de Barranquilla.

En otras palabras, la Triple A autorizó estos pagos con el dinero del cual el distrito de Barranquilla tiene el 14,5% de derechos accionarios. “La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, señaló la Procuraduría, en referencia a los tres exfuncionarios llamados a juicio disciplinario. Según los documentos del Ministerio Público, este contrato sigue vigente, pero ya tiene la estricta vigilancia del ente de control. Por la antigüedad del acuerdo, no es claro cuánto es el total del dinero que se desvió irregularmente hacia España, que sería mucho mayor que la cifra de $237.000 millones, pues el monto solo hace referencia a cinco años de pagos.

Y ese número solo tiene que ver con la Triple A. Poco se sabe hasta ahora de la plata que se pudo haber desviado en Metroagua y ASSA. Sin embargo, la Procuraduría ya tiene en sus anaqueles varias pruebas que demostrarían cómo, al igual que en Barranquilla, se firmó un millonario contrato en Santa Marta a cambio de servicios de mejoramiento en la red de acueducto que nunca se realizaron. Los responsables de esa falta en el Magdalena, todavía se desconocen. Pero los vacíos en la investigación son muchos más. ¿Quiénes fueron los congresistas que habrían recibido sobornos? ¿Qué contratos recibió Inassa a cambio de esas “mordidas”? ¿Cuánto dinero salió de Colombia para el PP? Si una parte del dinero que se desvió a España era del distrito de Barranquilla, ¿los ciudadanos son las víctimas? Estas son solo cuatro preguntas de cientos más que tiene el caso Inassa, uno más de corrupción en el país.