Mediante el trabajo de inteligencia del CTI, el alto tribunal tomó decisiones

Las conversaciones claves para la investigación que se adelanta en contra de Álvaro Uribe

En trece páginas, la Corte Suprema de Justicia detalló por qué ordenó abrir investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. El documento explica los supuestos papeles del abogado Diego Cadena y el congresista Álvaro Hernán Prada, entre otros.

Álvaro Uribe Vélez en febrero pasado, la última vez que pisó la Corte Suprema. / EFE

Al sexto día de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abstenerse de abrir investigación contra el congresista Iván Cepeda y ordenar hacerlo contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, ya estaba advertido el alto tribunal de que su pesquisa tenía nuevos hechos. Ese día, 22 de febrero de 2018, por medio del abogado Reinaldo Villalba, apoderado de Cepeda, la Corte se enteró de que Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos contra Uribe, había recibido un mensaje de Whatsapp que, por su contenido, podría ser importante para el caso judicial.

“Hay un man muy grande que quiere hablar por medio mío referente a ese chicharrón (…) me llegaron de parte del ex”, decía en uno de sus apartes la mencionada comunicación. Además, la Corte se enteró por Villalba de que Monsalve también había recibido un mensaje de voz en el que se le decía que el presidente del Centro Democrático del Huila, una persona de apellido Prada, le había pedido que tramitara con él un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Iván Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir sus declaraciones. Para tal efecto, le iba a enviar a un abogado.

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La Corte Suprema supo también que a la cárcel de La Picota acudió, el 21 de febrero, un abogado para entrevistar a Juan Guillermo Monsalve, pero este se negó a recibirlo. Sin embargo, Monsalve aclaró que la persona que había gestionado la visita le dijo que el interés del abogado era proponerle que hiciera con urgencia un video retractándose de sus testimonios en contra de Uribe. Con base en esta información, el alto tribunal decidió abrir una nueva investigación, librando las órdenes respectivas para que el CTI de la Fiscalía lo apoyara con la recopilación de las pruebas.

Estas pesquisas le permitieron a la Corte establecer que Álvaro Hernán Prada Artunduaga fue el congresista con quien, al parecer, se contactó el abogado Carlos Eduardo López, y la persona que le refirió a Monsalve la idea de hacer el video con las retractaciones. Así mismo, las pruebas recaudadas determinaron que el abogado Diego Javier Cadena fue la persona que intentó hablar con Juan Guillermo Monsalve en la cárcel, gracias a la intervención que hizo su compañero de reclusión Enrique Pardo Hasche, quien finalmente logró su objetivo.

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De esta manera, posteriormente acudieron al pabellón de extraditables el abogado Cadena, el abogado Héctor Romero, como defensor de Monsalve, y también los abogados Jaime Lombana y María Mercedes Williamson de Londoño. Cuando Monsalve acudió al lugar, el abogado Cadena le dejó claro que actuaba en nombre de Álvaro Uribe y le pidió firmar un documento para agregarlo al recurso de reposición que el expresidente iba a presentar en la Corte Suprema. A cambio, Cadena le ofreció a Monsalve una acción de revisión sin cobro de honorarios y seguridad para él y su familia.

No obstante, Juan Guillermo Monsalve se negó a firmar el documento argumentando que no estaba dispuesto a incurrir en el delito de falso testimonio e incrementar su pena. Tiempo después la Corte estableció que Cadena visitó dos veces más a Monsalve para que escribiera un texto pidiéndole disculpas a Uribe y que afirmara que había sido víctima de una falsa ilusión ofrecida por Cepeda. Según la Corte, con la asesoría del recluso Enrique Pardo, el testigo Monsalve elaboró el escrito, que debía hacerle llegar a Cadena a través de la compañera de Monsalve, Deyanira Gómez.

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A pesar de que la cita se realizó el pasado 5 de abril, en el centro de Bogotá, no se entregó el documento. Además, el alto tribunal logró establecer que, de manera personal y directa, el expresidente Uribe ha buscado el contacto con personas en el exterior para que Juan Carlos Sierra, alias Tuso Sierra, haga un video declarando en su favor. Y también ha gestionado contactos para encontrar personas que desacrediten al testigo Juan Carlos Meneses, quien obra como principal declarante en el proceso que se adelanta contra Santiago Uribe Vélez.

En su decisión para citar a indagatoria al expresidente Uribe, la Corte recalcó que a través del abogado Cadena y de otros, en las cárceles y fuera de ellas, se han buscado a exparamilitares para que, a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero, elaboren escritos y videos a favor de Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Tales documentos se han aportado a la Corte y, en esencia, tachan de mentirosos a los testigos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. En particular, el abogado Cadena presentó escritos de tres internos de la cárcel de Cómbita, supuestamente para defender a Uribe.

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Finalmente, la Corte concluyó que, siguiendo instrucciones del expresidente Uribe, Cadena contactó con la cárcel del Buen Pastor para que ubicara a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán y que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe que altos funcionarios de la Fiscalía se habían confabulado para acusarlo. Según la Corte, ella accedió, pero pidió que, en desarrollo de una tutela ya fallada a su favor, le fijaran como nuevo sitio de reclusión la Escuela de Caballería del Ejército. Niño Farfán está hoy presa por supuestas ayudas judiciales a paramilitares.

Con base en estos indicios, la Corte cree que existió un plan orientado a desviar la atención de la justicia y hacerla incurrir en error respecto a las determinaciones que debían tomarse contra Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Por eso, dispuso abrir investigación contra los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada por los presuntos delitos de soborno y actuación penal y fraude procesal. Los dos fueron citados a indagatoria, pero además el alto tribunal ordenó escuchar a 31 personas que de alguna manera han conocido todo el entorno carcelario o el proceso contra Uribe.

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Entre otros, deberán declarar Vicky Jaramillo, Rodrigo Vidal Perdomo, Hugo Tovar Marroquín, Iván Velásquez, Piedad Córdoba, Mercedes Arroyave, Hilda Jeaneth Niño, Pablo Hernán Sierra, Daniel Rendón Herrera, José Gélvez Albarracín, Iván Cepeda, Enrique Pardo Hasche, María Mercedes Williamson, Jaime Lombana, Héctor Romero, Diego Cadena y, por supuesto, el testigo Juan Guillermo Monsalve. Dentro de las solicitudes adicionales, la Corte pidió información sobre visitantes a las cárceles de Palmira, La Picota, El Buen Pastor, Itagüí, Cómbita y La Paz.

En medio del revuelo judicial, se han venido manifestando los personajes referidos. El congresista Prada negó cualquier responsabilidad y señaló estar dispuesto a probar su inocencia, lo mismo que el abogado Jaime Lombana, quien precisó que todo se trata de un montaje contra Uribe del cual él también es una víctima. “En mi vida he cruzado una palabra con Monsalve. Eso era lo que querían que se hiciera, pero me di cuenta de que se trataba de un montaje”, manifestó el jurista Lombana. El Espectador estableció que el recluso Enrique Pardo ya refirió su versión a la Corte.

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Redacción Judicial

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