Suscribió tres por $4.276 millones

Las críticas de la Procuraduría a los millonarios contratos de Natalia Springer

A pesar de documentar múltiples irregularidades en los contratos que suscribió la analista con la Fiscalía de Eduardo Montealegre, el Ministerio Público envió el caso a la Comisión de Acusación del Congreso. Es la primera vez que un ente de control reprocha con pruebas estos contratos.

La contratista Natalia Springer.Archivo

Sin rodeos lo advirtió la Procuraduría: los millonarios contratos celebrados entre la firma de Natalia María Springer y la Fiscalía de Eduardo Montealegre se rajaron. Se trata del primer pronunciamiento de ente de control en Colombia sobre los cuestionados contratos otorgados por el exfiscal Montealegre a la empresa de Springer por un valor total de $4.276 millones. En un documento de 42 páginas, conocido por El Espectador, el Ministerio Público dejó constancia de la cadena de irregularidades que tuvo esta accidentada contratación entre el organismo investigador y la compañía Springer Von Schwarzenberg Consulting Service, integrada por Springer y sus hermanos. La firma, en teoría, debía construir macrocontextos sobre distintos delitos perpetrados en el marco del conflicto. Para desmenuzar la guerra, supuestamente, usaron técnicas de georreferenciación de datos, procesamiento de información estadística y algoritmos “revolucionarios”. Sus informes, no obstante, jamás los conoció el país.

La génesis de la investigación de la Procuraduría fueron varios informes publicados en estas mismas páginas en septiembre de 2015, los cuales documentaron los reparos que en su momento puso el director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía (UNAC), Alejandro Ramelli, al primer contrato que obtuvo la firma de Natalia Springer por $895 millones. Por ejemplo, el reporte que la empresa de consultoría entregó a la Fiscalía sobre el delito de secuestro en las Farc —revelado por El Espectador— desató contundentes críticas por parte del equipo de Ramelli, al punto de aseverar que no podía ser usado para judicializar a los “máximos responsables” de la guerrilla por este crimen, pues tenía serios problemas metodológicos, datos no verificables, líos conceptuales y conclusiones tan obvias como esta: “Se concluye de manera contundente que los secuestros perpetrados por las Farc sí responden de manera directa a un plan que expresa unas políticas trazadas por la organización en el seno de sus conferencias y plenos”.

(En contexto: El trabajo de Natalia Springer que desató la controversia en la Fiscalía)

El 17 de noviembre de 2015 se conformó una comisión en la Procuraduría para indagar la contratación de Natalia Springer. Durante casi un año, el Ministerio Público revisó con lupa este expediente, pidió información sobre los estudios previos que justificaron el cuantioso negocio, los perfiles de los investigadores de la firma Springer —que nunca fueron aportados al proceso— y la letra menuda de las pólizas y pagos desembolsados por la Fiscalía. Al final, dado que Eduardo Montealegre asumió la interventoría de estos contratos —tras enfrentarse al exfiscal Ramelli—, el procurador para la Vigilancia Administrativa Gustavo Adolfo Castro no tuvo más remedio que enviar el caso a la Comisión de Acusación del Congreso el 30 de noviembre de 2016. Pero no desaprovechó la oportunidad para esbozar sus críticas a esta contratación. Incluso, dijo, no se pudo verificar que Springer hubiera cumplido el objeto de sus contratos. (El silencio de la Fiscalía por contratos con Natalia Springer)

Lo primero que consignó el procurador Castro es que le resultaba “absurdo, ilógico e irracional” que la Fiscalía pagara semejante dineral a una empresa particular que, además, utilizó información recolectada por el mismo ente acusador. Aún más, Castro lamentó esta contratación “cuando dentro de la UNAC existían grupos de trabajo con altos perfiles académicos, expertos en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, economía, ingeniería, matemáticas y derecho que habían empezado a contribuir con dichas investigaciones”. Y fue más allá: “En los estudios previos (de los contratos) objeto de estudio no está cumplido el requisito consistente en realizar un análisis de las razones que justifiquen el perfil del contratista exigido (…) Aún más, cuando existía la UNAC dedicada de tiempo completo al análisis de los casos prioritarios”. Es decir, para la Procuraduría no tiene justificación que el Estado pagara $4.276 millones por unos informes que perfectamente podían elaborar funcionarios de la Unidad de Análisis y Contexto.

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Pero el rosario de reproches judiciales no paró ahí. El procurador Castro también se quejó de que jamás se pudo constatar quiénes integraron el equipo de la firma Springer para desarrollar las investigaciones con destino a la Fiscalía, no obstante que los tres contratos que Natalia Springer suscribió con la Fiscalía estipulaban que debía tener personal idóneo para el manejo de sistemas de georreferenciación del conflicto, expertos en ciencia económica con experiencia en procesos econométricos, matemáticos, ingenieros civiles, especialistas en manejo de informática, un profesional en ciencias políticas con estudios en resolución de conflictos y abogados con posgrados en derecho penal. En resumen, Springer y sus colaboradores tenían la obligación de acreditar esas experticias, pero no lo hicieron. “No se encuentra determinado las personas que conformaron el equipo designado, ni tampoco obran sus hojas de vida, ni se encuentra si a dicho personal se le realizaron pruebas para seleccionar los expertos”, resaltó Castro.

El funcionario investigador añadió: “No se encuentran demostrado los requisitos que reunió Natalia Springer para ser escogida la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Service como la persona jurídica que acreditaba la mejor experiencia para llevar a cabo la ejecución del contrato”. Además, sostuvo que los miembros de la UNAC y su director, Alejandro Ramelli, hoy magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, tenían la trayectoria y experiencia necesarias para desarrollar estos macrocontextos. El exfiscal Eduardo Montealegre y la propia Springer, ante la avalancha de críticas que suscitó en su momento esta contratación, siempre aseguraron que los informes y sus algoritmos “revolucionarios” servirían para judicializar a los máximos responsables de la guerra en Colombia. Otra cosa concluyó el procurador Castro: “Es altamente cuestionable que en los contratos ni en los estudios se indicó cómo introducir los resultados de dichas ejecuciones contractuales a los procesos penales que adelanta la UNAC”.

(Filtro académico al informe Springer)

Por último, en el documento en poder de este diario se lee una crítica feroz del procurador Castro a la reserva que todavía se invoca sobre los informes de Natalia Springer. “Al no entregarse a este ente de control los informes realizados durante la ejecución de los contratos no existe prueba alguna que demuestre que se cumplió con el objeto del contrato (…) No se puede verificar si los informes contenían formatos establecidos para la compilación y recolección de datos (…) ni evidenciar si los informes allegados tuvieron impacto en las necesidades de la Fiscalía, conforme las obligaciones pactadas”. Es decir, la Procuraduría concluyó que esos $4.276 millones pagados por la Fiscalía no han servido para esclarecer patrones del conflicto ni para aportar información estadística que permita judicializar a las cabezas de las Farc, el Eln o las bandas criminales. Lo curioso es que ni Springer ni la Fiscalía han liberado el contenido de sus informes por considerar que tienen datos sensibles sujetos a reserva judicial.

Un enredo de años

En septiembre de 2015, cuando estalló la controversia por el caso Springer tras las revelaciones de este diario, el entonces fiscal, Eduardo Montealegre, defendió a capa y espada a su contratista. Sostuvo, por ejemplo, que los resultados de sus investigaciones lo tenían enteramente satisfecho, que sólo esa firma en Colombia integraba la metodología de las ciencias exactas con la investigación penal y que por eso la contrató sin licitación pública, que sus hallazgos fueron “revolucionarios para Colombia y Latinoamérica” y que, a pesar de los reparos, nunca tuvo objeción alguna sobre los contratos porque el aporte de Natalia Springer y su uso de modelos matemáticos implicó “un giro copernicano” en la investigación penal. Montealegre añadió en entrevista con este diario, el 20 de septiembre de 2015, que los reportes de Springer y su equipo servirían de apoyo a la Fiscalía “para presentar informes sobre las violaciones masivas a los derechos humanos”, y en desarrollo de los juicios contra la cúpula de las Farc y el Eln. Aún ninguno de sus informes ha sido utilizado.

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Eduardo Montealegre, en tono peyorativo, se refirió a su exsubalterno Alejandro Ramelli como “el erudito”, desestimó los reparos a su contratista estrella, criticó la supuesta obstrucción de Ramelli para que Springer no accediera a información clave de la Fiscalía y decidió auditar él mismo toda la contratación para zanjar la polémica. En contraste, Ramelli denunció en su momento que los primeros informes de Natalia Springer “resultaron vagos, problemáticos e inútiles para las investigaciones que pretendían imputarles crímenes de guerra y de lesa humanidad a la cúpula de las Farc”, que sus “aportes” tenían graves problemas en la construcción de sus hipótesis jurídicas, que sus hallazgos eran tan débiles que resultaban impresentables en un juicio contra las Farc, entre otro largo etcétera de reproches. Y aportó el nombre de la única persona que hasta hoy se conoce como integrante del grupo Springer para estos casos: el investigador Roberto Angulo. A él se le dio una base de datos del Instituto de Medicina Legal.

En síntesis, aun cuando no ha habido un fallo de fondo por parte de la Comisión de Acusación sobre este caso, por primera vez un ente de control enumeró múltiples irregularidades en estos contratos. En desarrollo de las pesquisas de la Procuraduría, llamaron la atención los pergaminos que presentó la Fiscalía sobre Natalia Springer para justificar su contratación. “Natalia Springer es una reconocida politóloga Ph.D. en justicia transicional, M.A. en derechos humanos y derecho internacional humanitario, M.A. en derecho penal internacional, miembro de la mesa de notables del Instituto de Estudios Humanitarios de Naciones Unidas, experta con carácter consultivo para asuntos de infancia y adolescencia (...) Profesora de la Escuela de Defensa de la OTAN y premio de la Academia de Ciencias de Austria 2002 por innovación en ciencias sociales”. El reportero Mario Villalobos, del noticiero Red Más, le preguntó en 2015 a la Escuela de la OTAN si conocía a la contratista. Su respuesta fue concreta: “La señora Springer no está en nuestros registros”.

Villalobos también descubrió que algunos de los títulos que exhibía Springer en su hoja de vida sobre su experticia en resolución de conflictos no fueron más que cursos de verano en instituciones europeas. La editora judicial de este diario, Diana Durán, también encontró inconsistencias en unas “patentes” que Springer acreditó tener ante la Unión Europea. Una de ellas era la siguiente: “Autora y propietaria de patente de la metodología de contención de daño, y el mapeo de emergencias y desastres para niños y niñas, de la metodología para operacionalización de indicadores para el análisis y predicción de riesgo y vulnerabilidad en problemas sociales”. Pues bien, ni en la Oficina de Patentes Europeas, ni en la base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ni en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se encontró rastro alguno de dichas patentes. Lo que sí halló la SIC a nombre de Springer fueron los registros de unos dibujos para un libro de cómics de niños desvinculados del conflicto.

Al margen del pasado, Natalia Springer ha defendido con toda vehemencia sus investigaciones. Según ella, la información que contienen sus hallazgos es de “seguridad nacional”, ya que “no se trata de documentos informativos, ni de propaganda o pedagogía. Se trata de informes técnicos, altamente especializados”. Dichos reportes, sin embargo, siguen en la penumbra. Con una particularidad: según los contratos, Springer se obligaba a prestar “servicios de apoyo, acompañamiento y asesoría pertinente a la Fiscalía en la elaboración de documentos para la divulgación pública de investigaciones en casos de crímenes contra la humanidad”. Hasta hoy, aquella anunciada divulgación que reseñan sus contratos ha sido imposible. De hecho, la Fiscalía le ha negado en varias ocasiones a este diario el acceso a esos reportes. ¿Los conocerá el país algún día?