Parapolítica, aborto y Acuerdo de Paz estarán en la agenda

Las decisiones judiciales esperadas del 2020

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El Espectador le explica algunas de las determinaciones claves que se esperan de la justicia en el primer trimestre del nuevo año.

Aborto

Una vez más, la Corte Constitucional estudia el tema de la interrupción del embarazo, por cuenta de dos demandas que buscan prohibir cualquier posibilidad de practicarlo —incluyendo las tres causales que el alto tribunal despenalizó en 2006—, bajo el argumento de que la vida inicia desde la concepción. El Gobierno le ha pedido a la Corte dejar el aborto tal y como está, pero la discusión por ahora va encaminada por un rumbo diferente: la posibilidad de despenalizar totalmente el aborto en las 16 primeras semanas sin causal alguna. Esa ha sido la tesis del magistrado Alejandro Linares, quien, desde una decisión de 2018, dejó en claro que, si el Congreso no lo hace, ese alto tribunal podría ampliar el aborto legal para “dar protección efectiva a los derechos fundamentales de la mujer gestante” y para que las mujeres no caigan en círculos de estigmatización cuando lo solicitan, incluso cuando pueden recurrir a él por alguna de las causales despenalizadas: abuso sexual, peligro para salud de la mujer y riesgo para la vida del feto.

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Curules de paz

Dos decisiones pueden revivir las 16 circunscripciones de paz, que son un compromiso del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc y que se hundieron en el Congreso en 2017: una demanda en el Consejo de Estado que presentó el exministro Guillermo Rivera, que busca darle vida al acto legislativo que las creaba y una tutela de Roy Barreras en la Corte Constitucional. Ambos recursos alegan lo mismo: que los cincuenta votos que tuvo la iniciativa superaban la mitad más uno del “quorum”, ya que había varias sillas vacías en el Congreso para esa demanda. El Consejo de Estado ya declaró el caso como de importancia jurídica inusitada y le dio prioridad, así que se espera esté resuelto en los primeros meses de 2020.

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Baldíos y proceso de paz

Este diario conoció que la Corte Constitucional analizará la posibilidad de declarar un estado de cosas inconstitucionales en materia de gobernanza de la tierra y terrenos baldíos. El alto tribunal estudia una tutela sobre un tema que, aunque muy técnico, es crucial, pues está relacionado con el punto de tierras del Acuerdo de Paz. Se trata de si los baldíos pueden ser entregados a particulares por una vía diferente a la administrativa, denominada “prescripción adquisitiva de dominio”. Según explicó Dejusticia, este tema tomó relevancia cuando detectó en 2014 que por esta vía se estaban entregando baldíos, por ley destinados a beneficiarios de la reforma agraria: campesinos sin tierra y bajos ingresos. Según la organización, entre 1991 y 2015 se entregaron por vía prescripción unos 370.000 baldíos. “Le solicitamos a la Corte que (…) adopte medidas estructurales para remediar esta situación violatoria de derechos. Entre esas órdenes, le sugerimos a la Corte que ordene a la autoridad agraria que priorice los casos más graves de prescripción, con el fin de aclarar si esos predios eran baldíos y, en caso de ser así, los recupere”, señaló el Centro de Estudios.

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Caso Álvaro Uribe Vélez

En 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver la situación jurídica del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien está formalmente vinculado a un proceso por presunto fraude procesal y soborno relacionado con una supuesta intención de manipular al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha relacionado con grupos paramilitares. El caso está en manos del magistrado César Reyes, quien todavía no ha presentado ponencia, pues continúa en la recolección de pruebas. Sin duda, la decisión que se tome marcará el proceso, pues se debe definir si se archiva o si continúa con el senador en libertad, detenido o con algún tipo de restricción a su movilidad. Uribe, por su parte, siempre ha defendido su inocencia y ha alegado desconocer entrega de dineros a testigos del caso que habría hecho el abogado Diego Cadena, uno de sus apoderados, quien está citado a imputación de cargos el próximo 18 de febrero.

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Caso Santiago Uribe Vélez

El ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe está a la espera de que, en 2020, el juzgado que lleva su caso por presunta conformación de grupos paramilitares dicte sentencia absolutoria o condenatoria. El hermano del expresidente Uribe es procesado como promotor de Los 12 Apóstoles, grupo paramilitar al que se le atribuyen cerca de 300 homicidios selectivos en Antioquia, incluido el del conductor Camilo Barrientos, ocurrido el 25 de febrero de 1994. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron condenarlo en los alegatos de conclusión, aunque el Ministerio Público dijo que no hay prueba en su contra en el caso Barrientos, mientras el ganadero ha defendido hasta el cansancio su inocencia.

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“Fracking”

En manos del magistrado Ramiro Pazos, del Consejo de Estado, se encuentra una decisión crucial: si anula o no las herramientas legales que se establecieron para ejecutar la técnica conocida como fracking para la exploración y explotación de petróleo y gas en el país en yacimientos no convencionales. Esas normas están suspendidas desde 2018. El caso es considerado de importancia jurídica y promete ser una decisión polémica, ya que, mientras el Gobierno asegura que está en juego la seguridad energética del país, expertos temen graves impactos sobre el medio ambiente y la salud humana.

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Dosis mínima

El Consejo de Estado debe definir si deja con vida o no el decreto presidencial que permite a las autoridades decomisar en espacio público la dosis mínima de droga. El decreto fue demandado por varios ciudadanos que aseguran que esa medida policiva es contraria a las libertades personales. Por ahora, el alto tribunal se negó a suspender el decreto 1844 de 2018 bajo el argumento de que el decomiso no es realmente una “sanción”, sino un mecanismo legítimo del Estado para evitar “la utilización de la figura de la dosis mínima como fachada del microtráfico de estupefacientes”.

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Uso de suelo: páramos

La Corte Constitucional definirá si a las actividades agropecuarias de bajo impacto (como los cultivos de papa) se pueden hacer en zonas de páramos, en donde están ya prohibidas la minería, la exploración y explotación de hidrocarburos y la agricultura a gran escala. El alto tribunal estudia una demanda contra la Ley de Páramos (1930 de 2018) que alega que cualquier actividad de este tipo, así sea de baja intensidad, puede causar “una hecatombe ambiental en un contexto de cambio climático que amenazaría los derechos fundamentales al agua, la vida digna, la salud y el medio ambiente sano de los colombianos. Las comunidades campesinas alegan que la prohibición absoluta puede poner en riesgo su forma de vida y hasta provocar desplazamientos.

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Caso Luis Alfredo Ramos

Tal vez una de las decisiones judiciales más esperadas para 2020 es la definición del proceso contra Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, quien fue a juicio por presuntos nexos con paramilitares. Ramos fue investigado por asistir a una reunión, en 2005, con el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez (quien murió en noviembre pasado), en la finca Bellanita, propiedad de Hugo Albeiro Quintero (El Patrón de Bello), para hablar del proyecto de ley de desmovilización que entonces discutía el gobierno Uribe. Su caso está para fallo desde abril de 2018, pero con la entrada en vigor de la doble instancia para aforados, todo el expediente pasó para estudio de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

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Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, hoja de ruta del presidente Iván Duque, se la juega en 2020 en la Corte Constitucional, que estudia 26 demandas en su contra, incluidas dos que alegan que en su aprobación en el Congreso (que se hizo a última hora y en el último día de sesiones) se cometió el mismo error formal que tumbó en 2019 la Ley de Financiamiento. Las demandas alegan que la ley del plan se aprobó en el Senado sin que el texto que fue votado apenas horas antes por la Cámara de Representantes hubiera sido publicado en la Gaceta oficial, requisito indispensable por ley.

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Hidroituango

En el Consejo de Estado cursa una demanda que busca tumbar la licencia ambiental entregada para la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, como forma de proteger a las comunidades de cinco municipios del Bajo Cauca antioqueño, que alegan que han enfrentado situaciones de desplazamiento y de afectación a sus derechos a la salud, trabajo, vivienda y acceso a fuentes de agua, entre otros. A la vez, cursa en un juzgado de Medellín una tutela que presentó la Procuraduría, que también busca proteger a las comunidades campesinas y pescadores ubicados en la cuenca media y baja del río Cauca. Y, al tiempo, 2020 será el año en que se enfrentarán a los estrados judiciales Luis Guillermo Gómez, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez, exdirector del proyecto hidroeléctrico, procesados por supuestas irregularidades en la firma del contrato de la megaobra.

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Antanas Mockus

En manos de seis conjueces quedó la definición de un debate complejo en términos jurídicos, pero que será crucial para el futuro de Antanas Mockus en el Congreso, el segundo senador más votado del país. La Sala Plena del Consejo de Estado debe definir la segunda instancia de una tutela que presentó el congresista de la Alianza Verde en contra de una decisión de ese mismo alto tribunal, que anuló su elección por supuestamente estar inhabilitado para el cargo. En primera instancia, la Sección Primera falló a su favor y revocó la decisión y Mockus volvió al Congreso, bajo el argumento de que no se podía anular su elección porque, meses antes, el mismo Consejo de Estado, al fallar una demanda de pérdida de investidura, ya había dicho que Mockus no incurrió en una inhabilidad. Como se trata de los mismos hechos, pero de acciones diferentes (nulidad y pérdida de investidura), la Sala Plena definirá este enredo jurídico que tiene eco en el mundo político.

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