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Mientras la Fiscalía avanza en las capturas de los posibles responsables del desfalco por más de $45.000 millones en la construcción de escenarios para los XX Juegos Nacionales de 2015 en Ibagué, El Espectador conoció las declaraciones de uno de los testigos que es el eje central de esta red de corrupción: Orlando Arciniegas Lagos. Se trata del asesor de la Secretaría de Hacienda en Ibagué que estructuró el contrato de consultoría 237 de 2013 con el fin de realizar los estudios y diseños para la construcción y adecuación de las instalaciones que, supuestamente, albergarían las justas de miles de deportistas colombianos. Fue el contrato que le dio vida a esta historia de corrupción y que puso en riesgo la realización de uno de los eventos deportivos más importantes del país.
Se trata del asesor de la Secretaría de Hacienda de Ibagué que estructuró el contrato de consultoría 237 de 2013 con el fin de realizar los estudios para la construcción y adecuación de las instalaciones que, supuestamente, albergarían las justas de miles de deportistas colombianos. Fue el contrato que le dio vida a este escándalo y que puso en riesgo la realización de uno de los eventos deportivos más importantes del país.
Orlando Arciniegas, capturado en junio de 2016, aceptó su responsabilidad en los hechos y decidió colaborar con la Fiscalía a cambio de un principio de oportunidad y un preacuerdo. Con las declaraciones que le entregó a la Fiscalía entre agosto y septiembre del año pasado fue que se logró consolidar la primera etapa de la investigación —que terminó hace poco— y capturar a funcionarios y contratistas. Hoy la Fiscalía negocia con otros responsables beneficios jurídicos a cambio de que delaten a las empresas que pagaron jugosas coimas para obtener los contratos de construcción de escenarios deportivos que terminaron siendo monumentos a la corrupción, pues están desiertos y cayéndose a pedazos.
Orlando Arciniegas fue fundamental para que los fiscales entendieran cómo se estructuró y direccionó la licitación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri) que se ganó la empresa española Typsa. El contrato, que tuvo un valor de $11.499 millones, buscaba realizar los estudios y diseños del Parque Deportivo y escenarios de la calle 42 en Ibagué. Según Arciniegas, todo empezó cuando a principios de 2013 fue contratado por el alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, como asesor del secretario de Hacienda, Oswaldo Mestre. Ese mismo año se anunció que la capital de Tolima sería la sede de los Juegos Nacionales, lo que generó que muchos lobistas y empresas enviaran mensajes de su interés en participar en la construcción de escenarios.
Para esa época, Arciniegas explicó que la estructuración del contrato estaba en manos de las secretarías de Planeación e Infraestructura, pero que ante la falta de diligencia la responsabilidad recayó en sus manos. Agregó que en ese entonces hasta su casa llegó Wílmer Manchola, un hombre que le presentó Manuel Ovalle y que le dijo que podía buscar en Bogotá una empresa que estuviera dispuesta a pagar una jugosa comisión a cambio de adjudicarle la licitación. Wílmer Manchola, quien hace dos semanas recibió un principio de oportunidad por su colaboración con la justicia, hizo gala de su trabajo como lobista y contactó a Typsa.
Orlando Arciniegas habló con el secretario Oswaldo Maestre –capturado el pasado 26 de diciembre gracias al testimonio de Arciniegas– sobre el negocio y terminó aceptando. Según el testigo, fue el mismo Mestre quien se opuso a contarle al alcalde Rodríguez sobre lo que estaban planeando y quien propuso incluir al entonces director del Imdri, Carlos Heberto Ángel, pues era el jefe de la entidad de la cual dependía el contrato. “(Mestre me dice) que llevemos a Carlos Heberto en el tema. Me pregunta que cuánto podían dar, yo le manifiesto que no sé, que había que negociarlo y quedamos en que lo que saliera lo repartíamos en tres partes”.
Wílmer Manchola llegó a mediados de 2013 a Ibagué con Jorge Orlando Navarrete, exsubgerente de Typsa, y Carlos Alberto Ramírez, empleado de la misma empresa. En esa visita se reunieron con Rolando Arciniegas y, según el testigo, pactaron que Typsa debía ayudarlos a realizar un documento previo en el que se sustentara la convocatoria al proceso licitatorio. Es decir, que el mismo Typsa hiciera un estudio en el que explicara por qué debían contratarlos. Arciniegas añadió que Typsa accedió a hacer esa “vuelta” a cambio de $25 millones que terminó pagando Manuel Ovalle.
Orlando Arciniegas le dijo a la Fiscalía que él nunca negoció cuánto pagarían de coimas los de Typsa, que eso estuvo a cargo de Manchola. Supuestamente, el pacto al que el lobista y Typsa llegaron fue entregar $1.000 millones –que salían del anticipo del contrato– a cambio de asegurar la licitación. Se aceptó el negocio y Arciniegas indicó que el pliego de condiciones fue modificado, esencialmente en tener más de 25 años de experiencia, para que Typsa fuera la única empresa que cumpliera con ese requisito. Esos arreglos, dijo a las autoridades, los hizo de la mano del exsubgerente de Typsa Jorge Orlando Navarrete, quien fue capturado en agosto de 2016.
Una vez se entregó el contrato a Typsa, el testigo relató que conoció al exgerente de la empresa, el español Luis Rodrigo Uribe, en un hotel de Ibagué. Orlando Arciniegas terminó salpicando a Uribe, quien negoció con la justicia. El español fue el encargado de repartir los sobornos y, según Arciniegas, fue en una reunión en Bogotá en las oficinas de Typsa donde se enteró del valor real de las coimas que se habían comprometido a pagar los españoles: $1.800 millones.
Arciniegas le contó a la Fiscalía que ante la revelación de Luis Rodrigo Uribe citó a Manchola a una reunión. Según las declaraciones conocidas por este diario, el exgerente de Typsa sostuvo que a Manchola solo le darían $440 millones y que el resto iría para los tres funcionarios de la Alcaldía de Ibagué: Arciniegas, el secretario Oswaldo Maestre y el director del Imdri, Carlos Ángel. Esa determinación, dijo Arciniegas, dañó su relación con Manchola. El testigo sostuvo que Luis Rodrigo Uribe le dijo que debía conseguir una serie de empresas para girarle el dinero y fue cuando se contactó con el abogado y contratista Amaury Elías Blanquicet Pretelt. Este último fue el primer condenado en este escándalo, en octubre de 2016, luego de aceptar que prestó sus empresas para lavar los más de $1.000 millones que se pagaron en coimas a cambio del 10 % de ese valor.
Orlando Arciniegas declaró que a Carlos Heberto Ángel le entregó, en dos reuniones en su casa, $300 millones, en diciembre de 2013 y enero de 2014. El exdirector del Imdri aceptó el pasado 27 de enero cargos y está a la espera de ser condenado. A su vez, Arciniegas indicó que al exsecretario de Hacienda de Ibagué le dio $450 millones en efectivo y en su casa. “Mestre dirá que él no tuvo nada que ver en este asunto. Cosa que desde ya manifiesto que es falsa, pues él manejaba todos los recursos que le llegaban al Imdri. Él determinaba a qué personas debían contratar”, señaló Arciniegas.
Además, al explicar la relación de Oswaldo Mestre con el exalcalde Luis H. Rodríguez dijo: “Oswaldo Mestre fue su secretario de Hacienda, el hombre de confianza en el tema de las finanzas públicas durante su administración. A él se le delegaba muchas funciones, entre otras, como las relaciones con los concejales”.
El estudio y diseño que entregó Typsa terminó siendo un desastre, pues no se ajustaba a los requerimientos técnicos ni contaba con los permisos y licencias ambientales. La Contraloría encontró que de ese contrato de $11.499 millones se presentó un desfalco de $6.187 millones. ¡Más del 50 %! Además, lo que entregaron los españoles terminó siendo el origen para que, en los contratos para la construcción de los escenarios, que tuvieron un valor de casi $120.000 millones, se terminaran perdiendo otros $37.000 millones. Empresas españolas que participaron en estos negocios ya están en el radar de la Fiscalía, que en la segunda fase de investigación del desfalco en la preparación de los XX Juegos Nacionales de 2015 alista baterías para poner tras las rejas a quienes se robaron los recursos públicos.