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El reciente giro que tuvo el expediente sobre la investigación del magnicidio del político conservador y candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado ha tenido al país político y judicial atónito. Hace un par de semanas, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y los antiguos miembros del secretariado de las Farc señalaron que estos últimos se responsabilizaban por la autoría del crimen, el cual fue perpetrado el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Incluso, el fin de semana pasado, Iván Márquez, uno de los líderes de la autodenominada disidencia “Nueva Marquetalia”, reiteró que fue la cúpula de la extinta guerrilla la que ordenó el magnicidio.
El Espectador conoció documentos de análisis de la Fiscalía que dan cuenta cuáles fueron los escenarios que la Fiscalía exploró para determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato del líder conservador, quien en su momento fue una de las cabezas de la Asamblea Nacional Constituyente. La teoría de que el grupo subversivo perpetró el crimen parecía tener solo una simple reseña de una columna de opinión, en 2012, del ahora senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien señaló que tuvo acceso a unas cartas de Manuel Marulanda, en las que aceptaba su participación del atentado contra el líder político. Estas son las otras hipótesis que contempló la Fiscalía a lo largo de la investigación.
Primera hipótesis
El exembajador de Colombia en Uruguay Jorge Garavito Durán declaró ante la Fiscalía sobre la inconformidad de Sergio Ignacio Arboleda Casas, gerente del noticiero 24 Horas, porque Álvaro Gómez, dueño del noticiero, lo había removido de su cargo. Garavito Durán dijo que Arboleda y Gómez no se dirigían la palabra. También indicó que hubo una reunión en la casa de la hija de Álvaro Gómez, donde este y Arboleda discutieron por el mal manejo administrativo que le habría dado Arboleda al noticiero. Según el exembajador, el hijo de Álvaro Gómez también le hizo comentarios sobre una discusión acalorada entre Arboleda y Gómez Hurtado, en la que Arboleda habría hablado en tono amenazante.
Después de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, Mauricio Gómez y Álvaro Macallister le preguntaron a Arboleda Casas a qué tipo de amenazas se refería Garavito Durán, y él habría contestado con evasivas. Arboleda Casas declaró ante el ente investigador que hubo amenazas por parte del contador del noticiero, Hugo Santamaría, quien dijo que si lo trataban mal iba a acabar con el noticiero. Lo anterior se dio por unos dineros que hacían falta, pero señaló que las amenazas no eran personales, sino contra el propio medio de comunicación. Arboleda Casas fue aportante a la campaña reeleccionista de Santos, exgerente de Fonade y es hombre cercano a Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Segunda hipótesis
La Fiscalía contempló la hipótesis de que Gustavo Adolfo Jaramillo, Luis Eduardo Rodríguez Cuadro, Hermes Ortiz Durán, Fernando Jutinico y otros habrían participado en el magnicidio. El ente investigador advirtió que estas personas, al parecer, fueron los responsables del atentado contra Antonio José Cancino, abogado del expresidente Ernesto Samper durante el Proceso 8.000, el cual se cometió más de un mes antes del asesinato de Gómez Hurtado. Investigadores del CTI entrevistaron a Rodríguez Cuadro en La Picota en enero de 1996 y señaló que fue contactado para participar en el atentado a Cancino por siete personas, de las cuales solo conocía su alias y que una de ellas pertenecía al M-19.
Rodríguez Cuadro, expolicía, señaló que se reunió con estas personas en el centro de Bogotá para planear el atentado, utilizaron unos vehículos donde tenían ametralladoras, fusiles, pistolas y un revólver. También dijo que junto a Jaramillo Giraldo, Jutinico y Ortiz Durán participaron en los atentados y la muerte de Gómez Hurtado y su asistente José Huertas. Además, participaron en el atentado a Cancino y adelantaron contactos con los escoltas para conocer información, y para acallarlos asesinaron a los escoltas el día del atentado. También señaló que pertenecía a un grupo clandestino, Dignidad por Colombia, conformado por delincuentes que realizaban cualquier tipo de actividades delictivas al mejor postor. Sin embargo, Rodríguez se retractó de lo que dijo en marzo de 2000.
Tercera hipótesis
Una mujer conocida como Mary Luz Cuadros Blanco manifestó a la Fiscalía que se dio cuenta de que su esposo y su cuñado, Carlos Alberto y Franklin Gaona Ovalle, respectivamente, y una persona de nombre Segundo participaron en el homicidio de Álvaro Gómez. Según ella, la información la dio Segundo y que en el crimen participaron uniformados de la Brigada XX del Ejército, entre ellos Carlos Alberto Gaona, que era el conductor de un general y fue la persona que los recogió después del atentado. También la declarante contó que siempre veía a su esposo con personal de la Brigada y otro uniformado de la V de Bucaramanga, conocido con el alias de Juan Camilo.
Cuadros Blanco aseguró que en esas reuniones siempre mostraban armas de corto y largo alcance, y que cuando se emborrachaban empezaban a contar que habían participado en atentados, escoltar droga y asesinatos. Asimismo, dijo que para enero o febrero de 1996 vio que su esposo empezó a comprar motos de alto cilindraje y carros. Una fuente del ente investigador dijo que alias Juan Camilo se trataba de un miembro de la inteligencia militar en Santander, conocido como el sargento Berrío Loaiza, que dirigía un grupo de sicarios que utilizaba para matar a delincuentes y guerrilleros. A este uniformado, reseña la Fiscalía, también lo vieron cerca del lugar de los hechos del asesinato de Álvaro Gómez.
En esta versión es en la que aparece Héctor Paúl Flórez, la única persona que ha sido condenada por el magnicidio y que fue identificada por Cuadros Blanco como uno de los asistentes a las reuniones en la casa de los hermanos Gaona. Además, testigos que estuvieron en el lugar de los hechos lo identificaron como uno de los sicarios por un tatuaje. En estos análisis la Fiscalía lo vinculó con miembros de la inteligencia del Ejército en Bucaramanga y Bogotá, así como con paramilitares en Sucre.
Cuarta hipótesis
La versión de los militares se unía a una cuarta. Según medios periodísticos y de fuentes, información que recogió la Fiscalía, uniformados estuvieron relacionados en el hecho y se movilizaron en un vehículo de placas LIW 033. Según labores investigativas, dice el ente investigador, el carro pertenecía a la Brigada XX. En versiones rendidas por los escoltas que compraron revistas cerca de la Universidad Sergio Arboleda y que fueron vinculados a la investigación, manifestaron que acompañaron a un soldado que le habían dado la orden de comprar las revistas porque en el momento no se encontraban sin tareas asignadas. La orden la había dado el oficial escolta de un general.
La Fiscalía también le tomó testimonio al general retirado del Ejército y exdirector de la Escuela Militar en Bogotá Ricardo Emilio Cifuentes. El alto oficial mencionó la compra de la revista “Cromos” y que tenía subscripción a esta desde septiembre de 1995 debido a un artículo donde lo relacionaban con grupos paramilitares, cuando fue comandante en Córdoba. Dijo que un capitán le informó que la escolta salió sin su autorización ese día y que la orden fue para un soldado de la escolta para ir a una dirección exacta a conseguir las revistas. Según el expediente, el general (r) Cifuentes estuvo en la V Brigada donde se encontraba alias Juan Camilo y habría tenido conocimiento del grupo delictivo que utilizaba.
Quinta hipótesis
Fuentes anónimas mencionaron ante la Fiscalía a Jesús Jiménez, alias Rambo, de haber participado en el atentado a Álvaro Gómez. Esta persona fue escolta de Víctor Carranza y trabajaba con los esmeralderos, además integraba un grupo de autodefensas en el Meta, junto con alias el Pequinés, Saúl Gómez Niño, Joel Angulo Gómez alias el Negro. Todos bajo el mando del zar de las esmeraldas.
Sexta hipótesis
Otra fuente anónima mencionó a Herney de Jesús Guzmán, director de la Asociación de Víctimas y Desplazados por la Violencia Guerrillera en Colombia, incorporada a la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República. La fuente indicaba que esta persona tenía nexos con la Brigada XX, donde era informante y conseguía contactos para que dieran información. Esta persona trabajaba con alias Juancho, que al parecer trabajaba con esa brigada, Víctor Carranza y Dignidad por Colombia. También el CTI analizó un mensaje publicado por ese grupo, en el que advertían nuevos atentados contra funcionarios cercanos al entonces presidente Samper y el apoyo a algunos sectores del Ejército.
Séptima hipótesis
Esta línea aborda la versión de la conformación de un grupo conspirador conformado por militares y de la clase política, inconformes con la situación de la presidencia de Ernesto Samper. Teoría que manejaba la familia de Álvaro Gomez, después de las declaraciones de Santiago Medina a un medio de comunicación de nombre Revista Alternativa. También se pone de presente el artículo de la revista Semana, que trata el tema de un grupo de personas, entre ellos militares, que quieren conspirar en contra del gobierno de Ernesto Samper. El grupo de conspiradores escogen el nombre de Álvaro Gómez, como la figura que liderará el golpe, el cual se lo harán saber si acepta o no, pero que fue asesinado antes de tomar una decisión.
Octava hipótesis
En su declaración, un hombre llamado Carlos Alberto Lugo dijo que unos amigos de barrio, entre ellos Héctor Paúl Flórez, lo habían invitado a realizar el atentado a Álvaro Gómez. Según Carlos Albero Lugo, salieron de un pueblo de Sucre en avión hasta Bogotá, donde llegaron a una pista clandestina, cometieron el hecho y se regresaron para Sucre. Los implicados manifestaron a la Fiscalía no haber cometido el hecho porque para esos días estuvieron en las exequias de la abuela de Flórez, hecho que fue ratificado por su familia.
Novena hipótesis
En diciembre de 2017, la Fiscalía declaró que el asesinato de Gómez Hurtado era un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribirá. La Fiscalía dice que el crimen “fue ejecutado por miembros del cartel narcotraficante del norte del Valle, en asocio con agentes del Estado, destacando la participación de miembros de la Policía Nacional”. Esta hipótesis va en línea con lo que han declarado exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias Ernesto Báez, el Alemán y HH, y la versión que dio en 2010 el exmiembro del cartel del norte del Valle Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño.