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Han pasado cerca de nueve meses desde que se anunció el que ha sido el peor escándalo de la justicia colombiana: el cartel de la toga. La noticia la dieron a conocer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Fernández Carlier, José Luis Barceló y Rigoberto Echeverri, en simultánea con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Algunos de sus protagonistas ya han sido procesados, pero ocho personas más podrían ser consideradas cabos sueltos de la investigación. Así quedó en evidencia en la imputación de cargos contra Gustavo Moreno, que se realizó la semana pasada. Los siete habrían cometido delitos junto con Moreno, pero hasta el momento no se conoce ninguna actuación contra ellos.
El primero de esos cabos sueltos es Luis Ignacio Lyons, quien fue el defensor del congresista Álvaro Ashton en la indagación preliminar por parapolítica que se abrió en su contra en 2012. Según expresó la propia Fiscalía, Lyons recibió parte del pago de $1.200 millones supuestamente hecho por el político para que se dilatara el proceso, que estaba en manos del magistrado Gustavo Malo. Lyons también le contó a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusación que había participado en el pago de $2.000 millones que hizo Musa Besaile —de quien también fue abogado— para frenar una orden de captura en su contra. Pero hasta el momento no ha sido investigado.
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El segundo nombre en la lista es el del exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz. Este exfuncionario trabajó para el despacho de Gustavo Malo. En la audiencia contra Moreno, la Fiscalía señaló que Ruiz habría sido el destinatario de $200 millones pagados por Nilton Córdoba Manyoma para que se dilatara su investigación en el despacho de Malo. Aun así, la Fiscalía no le ha imputado cargos. Contra Ruiz, la Procuraduría abrió indagación preliminar en octubre del año pasado y apenas hace algunas semanas el Ministerio Público se volvió a pronunciar. Según reveló este diario, la entidad abrió investigación formal a Camilo Ruiz como uno de los presuntos integrantes de esta red de corrupción.
Otro caso que permanece quieto y que fue recordado en la audiencia de imputación de cargos de Luis Gustavo Moreno fue el del representante a la Cámara Julio Eugenio Gallardo Archbold. Según el ente acusador, el excongresista pagó $300 millones a Moreno, de los cuales $200 millones habrían sido entregados a Leonidas Bustos, quien tenía a cargo el proceso en su contra. No obstante, el pacto con el congresista se incumplió, por lo que Gallardo exigió la devolución del dinero, dijo la Fiscalía. Contra el excongresista no existe ningún proceso abierto en la Corte Suprema por estos hechos, según pudo confirmar El Espectador.
Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle que también resultó salpicado en el escándalo del cartel de la toga, es otro de los eslabones perdidos en esta historia. Entre 2013 y 2016, Abadía tuvo varios procesos en su contra. Según relató la Fiscalía, “el señor Francisco Ricaurte y el fiscal noveno Alfredo Bettín Sierra acordaron, por un lado, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, algunas de las cuales se alcanzaron a expedir, y, por el otro, evitar imputaciones en contra del investigado. A noviembre de 2017 se estableció que las seis primeras indagaciones enumeradas habían sido archivadas”.
A pesar de estas afirmaciones del ente acusador, ese mismo organismo no ha abierto ninguna investigación contra Abadía ni contra Bettín, quien renunció a la Fiscalía una vez su nombre apareció relacionado con este escándalo.
Tampoco ha sido investigado Lucas Gnecco Cerchar, exgobernador del Cesar. Gnecco, aseguró la Fiscalía, habría pagado a esta red de corrupción $150 millones para dilatar “indefinidamente” el juicio por irregularidades en contratación que se venía en su contra. Para ello, señaló el organismo investigativo, el magistrado Gustavo Malo decretó varias pruebas y autorizó aplazamientos de las diligencias judiciales en favor de Gnecco. Según la Fiscalía, este dinero se lo entregó el hijo del exgobernador a Luis Gustavo Moreno. El 50 % de tal soborno fue a parar a los bolsillos de Ricaurte y Malo, afirmó el ente investigador.
El séptimo eslabón perdido es Alberto Velásquez, exsecretario general de la Presidencia que fue condenado por el famoso escándalo de la yidispolítica. “Cuando ya había concluido la etapa probatoria y el proceso se encontraba pendiente de presentar alegatos de conclusión, el investigado Velásquez acudió a los servicios de la organización. Moreno recibió la suma de $300 millones, siguiendo instrucciones de Francisco Ricaurte, con la finalidad de suministrarle información privilegiada que este obtenía del magistrado Gustavo Malo, sobre aspectos como el sentido en que venía el proyecto de fallo”. Velásquez, por su parte, ha negado el pago de ese soborno.
El último en la lista es Franklin Chaparro, condenado a 38 años de prisión por el asesinato de su antecesor en la Alcaldía de Villavicencio, Ómar López. Primero, Gustavo Moreno le habría pedido $120 millones al exmandatario local para trabajar en su recurso de casación, de los cuales $20 millones iban destinados para un viaje de José Leonidas Bustos a Panamá, dijo la Fiscalía. Semanas después, y mientras el exalcalde huía de las autoridades, le pidió a Moreno ayuda para que la casación fuera aceptada. Tras la petición, Moreno contactó a la exesposa de Bustos, Cristina Pineda Céspedes, y en presencia de Bustos se acordó cobrarle a Chaparro la suma de $500 millones.
Tal pago tenía “la finalidad de que fuera aquélla (Pineda Cespedes) quien tomara contacto con el magistrado ponente y lograra la admisión de la demanda”, describe la Fiscalía, pues la esposa de Bustos era procuradora judicial. No obstante, la reunión entre la mujer y Chaparro nunca se concretó. El 24 de septiembre de 2014 la demanda de casación de Chaparro fue inadmitida. La Fiscalía documentó este episodio, que también hizo parte de la imputación de cargos a Gustavo Moreno. Pero Franklin Chaparro tampoco está siendo investigado.
¿El fin del cartel?
Hace algunos meses el representante investigador del caso ante la Comisión de Acusación, Edward Rodríguez, aseguró a este diario que el fin del cartel de la toga estaba cerca, pero son varios los interrogantes que persisten. Los principales protagonistas, como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y José Leonidas Bustos, ya están siendo procesados; otros aún no salen al ruedo. Moreno, exjefe anticorrupción de la Fiscalía, quien sigue siendo considerado el principal ventilador de este escándalo, está ad portas de ser enviado a Estados Unidos, luego de que el presidente Santos firmara el pasado 3 de mayo una resolución ejecutiva en la que dio luz verde a su extradición.
El mismo destino enfrentará Leonardo Luis Pinilla, abogado y socio del exfiscal Moreno, quien supuestamente le pidió un soborno de US$10.000 al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, en suelo estadounidense. El exmagistrado Francisco Ricaurte, señalado de ser uno de los jefes de la organización dedicada al cobro de millonarias sumas de dinero a cambio de dilatar procesos judiciales en la Corte Suprema, se encuentra en prisión desde septiembre del año pasado. Fue llamado a juicio por concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, y se espera que las audiencias empiecen dentro de poco tiempo.
Sobre José Leonidas Bustos, la Comisión de Acusación finalizó la etapa indagatoria de su investigación el pasado 4 abril, tras varias inasistencias del exmagistrado a las citaciones, quien a su vez recusó a los representantes investigadores. Al magistrado Gustavo Malo, la Cámara de Representantes lo acusó formalmente por sus presuntos nexos con el cartel de la toga, aunque Malo se ha declarado inocente una y otra vez. Contra Álvaro Ashton, Musa Besaile, Julio Manzur, Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez también avanzan las indagaciones en la Corte Suprema, que ha sido la principal interesada en que este escándalo llegue por fin a su último episodio.