La torre negra de un contrato en Fonade

Las llamadas de un contrato corrupto en Fonade por $16.612 millones

Durante cinco meses, investigadores de policía judicial detallaron, paso a paso, cómo un grupo de contratistas, empresarios, funcionarios públicos y congresistas, presuntamente, maniobraron para quedarse con un contrato de interventoría en el programa estatal de vivienda gratuita.

Richard Náder Ordosgoitia y Ronald Rafael Ruiz de León. Fotos: Cristian Garavito

Por una cadena de sospechas sobre un contrato de interventoría por $16.612 millones, promovido por Fonade en el marco del programa de vivienda gratuita, la última semana de febrero de 2017, en una fiscalía seccional para la seguridad ciudadana se expidió una orden para interceptar dos teléfonos celulares. Las líneas eran utilizadas por Ronald Rafael Ruiz de León y Richard Kamal Náder Ordosgoitia, dos acaudalados hombres de negocios que se movían con amplitud entre Barranquilla, Montería, Sahagún y Bogotá.

Un mes después, los investigadores consignaron los primeros comentarios dudosos. Ronald Ruiz se comunicó con Amaury García; este le comentó que había que subsanar cosas, y Ruiz replicó insistiéndole: “La idea es que la otra no presente nada”. Y luego agregó: “Ya eso está más que arreglado”. Desde ese día, Ruiz comenzó a soltar la lengua y la justicia ató el primer cabo, porque su interlocutor era el representante legal del grupo Orión, uno de los oferentes que peleaban la convocatoria del cuestionado proceso de contratación.

El mismo día, Ruiz se comunicó con Juan Felipe Morales, quien le explicó qué documentos faltaban, ante lo cual Ruiz dejó en sus palabras las claves de la estrategia ilícita para ganar el negocio. “Se supone que tú no conoces la propuesta de ellos”. Y recalcó: “Pásale el correo de que no pueden subsanar, hazlo con el abogado, y recuerda que no sabes lo que ellos presentaron”. Morales resultó ser representante legal de Isoam S.A.S., también interesada en el contrato para el diseño y construcción del programa de vivienda gratuita.

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En ese momento, la Fiscalía entendió que existía un arreglo entre las firmas finalistas, presentando una propuesta inviable para darle viso de transparencia al negocio, o el pacto se había dañado y la competidora de la empresa conformada por Amaury García y Juan Felipe Morales quería subsanar sus errores en la contratación. Los dos oferentes que se peleaban el contrato eran el Consorcio Interviviendas, donde Amaury García y Juan Felipe Morales eran socios, y Técnicas Territoriales Urbanas SL Sucursal Colombia TTU.

A pesar de que todo parecía arreglado, Interviviendas tenía además serios problemas para ganar el contrato. Por eso, mientras los investigadores descifraban el supuesto juego de los oferentes para ganar con cara y sello, se percataron también cómo Amaury García y Juan Felipe Morales se saltaban la ley, eludiendo los trámites contractuales. Incluso, en diálogo con Ronald Ruiz, oyeron decir a Morales que solo había dos soluciones: manifestar que una abogada que no cumplía requisitos les había hecho trampa o falsificar los documentos que nadie iba a verificar.

A finales de marzo de 2017, tras un mes de interceptaciones, los expertos en policía judicial tenían indicios de la treta en que estaban envueltos Amaury García y Juan Felipe Morales para ganarse el contrato y de cómo Ronald Ruiz era el cerebro del negocio. Pero, en la primera semana de abril, asumieron que por encima de Ruiz había otro más poderoso, el segundo interceptado: Richard Náder. Quedó en evidencia cuando escucharon que Náder viajaba a Bogotá a apersonarse directamente de lo que estaba pasando con el contrato.

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En la coordinación de ese viaje, Ronald Ruiz le recalcó a Amaury García dos asuntos: que para resolver problemas a Náder lo acompañaría un personaje clave, al que llamaron “el gordito”; y que debía explicar a su socio Morales que en el negocio había dos personas más a quienes se debían entregar cosas: “Uno es el señor que hay que darle el 2,5 y el otro el jefe, que hay que darle el 10”. Amaury García indagó a Ruiz por “el gordito”, y este contestó que cuando él daba órdenes era “por encima de lo que fuera” y si no le salía alguna cosa sacaba a todos de la gobernación.

Después Ruiz y García comentaron que “el doctor”, como calificaron a Náder, estuvo con “el gordito” en la sede del Fonade, referida como “la torre negra”. Según García, el jefe de la torre le dijo al “gordito”, “que todo bien, todo espectacular, todo en orden, los papelitos en orden”. El 5 de abril, un día después de la reunión, Fonade entregó su informe de evaluación y, por falta de la experiencia básica requerida de los dos oferentes, reportó que el comité evaluador había optado por dejar el proceso desierto. Entonces empezó el revuelo.

En las siguientes conversaciones quedó advertido el malestar de los partícipes del negocio por la decisión y se detectó que Richard Náder tenía un contacto especial en el Fonade, a quien reclamó por no tener suficiente control sobre el comité evaluador. Sin embargo, su interlocutor le aclaró que esa evaluación no era definitiva. En medio de las inquietudes, el funcionario llamó a Náder y aunque le pidió que cambiara de teléfono celular, pronto los investigadores supieron a qué lo llamaba y qué papel cumplía en la vuelta.

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En breve, Richard Náder se comunicó con Amaury García para confirmar que la evaluación en Fonade era preliminar y debía viajar a Bogotá. Por las siguientes conversaciones quedó advertido que el funcionario del Fonade que ayudaba a Interviviendas en el contrato de interventoría era Jorge Iván Henao, ingeniero civil especializado en gerencia que prestaba servicios de asesoría en contratación a la entidad estatal. Henao instruyó a Ronald Ruiz y Richard Náder que podían adjuntar los documentos faltantes por correo.

En adelante los audios consignados por la Fiscalía esclarecieron cómo los socios de Interviviendas subsanaron los vacíos de experiencia profesional y de qué manera se planeó que Henao metiera la información faltante, con la inquietud generalizada de que el negocio no se podía dañar, pues ya habían recibido dinero basado en esa adjudicación y había poderes mayores en el control de Fonade. En una conversación entre Ruiz y García, el primero le confió al segundo que “el gordito” había formado problema allá (Fonade) porque era mucha plata y no la iba a perder.

En la intensa actividad telefónica entre Ruiz y García terminó aclarándose el misterio del “gordito”, el más interesado de todos. Surgió cuando Ruiz le dijo a García que habló con Náder y este le expresó que estuviera tranquilo, que Musa “era como un hermano para él”. La Fiscalía presume que se trata del excongresista Musa Besaile, y por eso compulsó copias a la Corte Suprema para que sea investigado. En sus comentarios Ruiz observó, citando a Náder, que donde no le llegaran a cumplir no quedaba nadie en la Gobernación.

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“Yo trabajé ocho años con ellos en Bogotá y nunca perdí una licitación”, expresó Ruiz interpretando los comentarios de Náder, un médico que dejó de ejercer para constituir una empresa de construcción y contratar con el Estado. En ese momento, la Gobernación de Córdoba estaba ocupada por Edwin Besaile, hermano de Musa. Eso explica por qué Ruiz, el mismo 7 de abril, le comentó a García que Náder esperaba que la vaina saliera muy rápido, porque él lo que quería era la Secretaría de Salud, “donde estaba el billete”.

No obstante, el comité evaluador del contrato volvió a declarar fallido el proceso. Entonces apareció otro protagonista para desenredar el asunto. El 18 de abril, Richard Náder habló con Eduardo José Tous, entonces representante a la Cámara por el partido de la U y socio político de los senadores Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías. El congresista Tous garantizó que solucionaba el problema y confirmó que le reclamó a Jorge Iván Henao, funcionario del Fonade, pero este le dio seguridad de que el lío se iba a resolver.

Después quedó claro que los socios Amaury García y Juan Felipe Morales viajaron a Bogotá y se reunieron con Jorge Iván Henao, del Fonade, con intervención de Jorge Eliécer Córdoba, abogado de la oficina jurídica de la misma entidad. Cuando terminó la reunión el 19 de abril, Ronald Ruiz llamó a Morales y este le contó que todo se iba a resolver, que Henao le insistió en que tenía el control y que en el comité evaluador había gente suya. Los audios demostraron además que Jorge Eliécer Córdoba, a quien llamaban “Cordobita”, les ayudaba desde adentro.

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Durante los últimos días de abril, el intermediario Richard Náder se reunió con el senador Musa Besaile para buscar salidas y comenzaron a hablar de la necesidad de contactar al abogado Felipe Rodríguez, miembro del comité evaluador del Fonade. Hasta que Jorge Iván Henao le entregó a Náder las coordenadas para ubicarlo. Después quedó claro que Juan Felipe Morales se reunió con el citado Rodríguez para establecer la forma de corregir cuanto antes la información de la propuesta del Consorcio Interviviendas.

A las 10:43 de la noche del jueves 20 de abril de 2017, Morales envió a Fonade un correo electrónico con los ajustes. Quince minutos después se comunicó con Ruiz para confirmar el envío, le comentó que TTU sería descalificada y que el vínculo entre Interviviendas y Felipe Rodríguez debía ser Jorge Iván Henao. El empresario Morales ratificó que habló con él y le dijo que durmiera tranquilo, que si había novedad le avisaba por intermedio de Henao. Concluyó diciendo que iba a llamar a Amaury García para darle la buena noticia, porque aquel estaba que se reventaba.

El documento que había enviado Juan Felipe Morales llegó, 24 horas después, a los integrantes del Comité Evaluador de Fonade. Por las conversaciones de los siguientes días, quedaron en evidencia nuevos encuentros de Richard Náder y los congresistas Musa Besaile y Eduardo José Tous. El día 24, Ronald Ruiz se comunicó con Amaury García para avisarle que el jurídico Felipe (Rodríguez) le había anunciado que solo faltaba una firma. Al día siguiente, Fonade recomendó aceptar la oferta del Consorcio Interviviendas.

Amaury García llamó emocionado a Ronald Ruiz y le dijo: “Ya ganamos, imagínese, nosotros 100 puntos, propuesta perfecta, y la otra 30”. Después arreglaron viajar a Montería y luego a Barranquilla, dejando entrever que habría más dádivas para los funcionarios del Fonade. Ruiz recibió la llamada de un tercero para hablar de otra licitación, y con un comentario resumió cómo operaba la organización a la que pertenecía: “El señor con el que te vas a reunir es con el que trabajo yo, y el jefe mayor, que es senador, es el de nosotros”.

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Las interceptaciones terminaron en julio de 2017, después del rastreo de los pagos de las coimas y el registro de la trazabilidad de los giros a las cuentas personales de los promotores del negocio. No obstante, para corroborar la información de los investigadores de policía judicial, con más de 1.000 horas de escucha telefónica, vigilancias y seguimientos, una fiscalía delegada para la seguridad ciudadana se tomó 11 meses antes de ordenar la vinculación judicial de los responsables del ilícito.

Enmarcada en la llamada operación “Mermelada Tóxica”, el pasado 19 de julio la Fiscalía reveló los pormenores del escándalo. El 25 % del contrato (es decir, $4.153 millones) fue para los congresistas. Los intermediarios de los políticos, Richard Náder y Ronald Ruiz, recibieron $60 y $36 millones. Los funcionarios del Fonade $15 millones y la promesa de un pago de $200 millones más. Salvo Felipe Rodríguez, exmiembro del Comité Evaluador de Fonade, quien no aceptó cargos, los demás ya reconocieron su responsabilidad.

Por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, cohecho, corrupción privada, concierto para delinquir, falsedad en documentos o concusión, según cada caso, hoy responden ante la justicia los contratistas Amaury García y Juan Felipe Morales, los empresarios Richard Náder y Ronald Ruiz, y los exfuncionarios Felipe Rodríguez, Jorge Iván Henao, Jorge Eliécer Córdoba y Antonio Sánchez. A la Corte le corresponde indagar la conducta de Musa Besaile y Eduardo José Tous.