Para evadir el pago de una condena laboral

Las maniobras engañosas de José Roberto Prieto

Tribunal de Bogotá determinó que, a pesar de las evidencias contra el exgerente de la campaña Santos, no podía ser condenado porque su caso había prescrito. Esta es la historia.

Juan Manuel Ortiz e Ivonne Hernández, exvendedores de la empresa Radiodifusores Unidos de José Roberto Prieto. / Mauricio Alvarado - El Espectador

Absuelto por prescripción. Así podría titularse esta historia sobre José Roberto Prieto Uribe, el controvertido exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Hoy su nombre está asociado al escándalo Odebrecht y al tsunami político que desataron sus confesiones en Blu Radio tras reconocer la entrada irregular de US$400.000 a la campaña Santos 2010 por parte de la multinacional del soborno. No obstante, los enredos judiciales de este empresario de medios son de vieja data. No sólo pesa sobre una empresa suya —ya liquidada— una millonaria condena laboral, sino que él mismo estuvo a las puertas de una condena penal. Según la justicia, con el fin de burlar ese fallo laboral, Prieto Uribe insolventó esa sociedad. Hoy la deuda sigue sin ser saldada.

Muy a pesar de las evidencias en su contra, sin embargo, nunca pudo ser condenado por el delito de alzamiento de bienes (desaparición de su fortuna para evadir sus obligaciones), pues el expediente había prescrito. Es decir, Prieto Uribe no fue sentenciado a tiempo. Y absuelto quedó, no por falta de pruebas sino por la lentitud de la justicia colombiana. A esa conclusión llegó el Tribunal Superior de Bogotá el 24 de junio de 2015. En un fallo de 25 páginas conocido por El Espectador, los magistrados Max Alejandro Flórez, Juan Carlos Garrido y Dagoberto Hernández Peña concluyeron lo siguiente: “No es posible proferir sentencia por estarse en presencia de circunstancia que impide la continuación de la acción penal”. Pero ¿cuál fue el origen de este enredo? Aquí va.

La historia

Todo comenzó en 1994. En esa época, con mucho éxito, José Roberto Prieto era el dueño de la empresa Radiodifusores Unidos, dedicada a la comercialización de pauta radial. Ese año Prieto despidió a Juan Manuel Ortiz e Ivonne Patricia Hernández, dos curtidos vendedores de su firma. De inmediato, ellos emprendieron una batalla legal para ser indemnizados por su retiro sin justa causa y para que Radiodifusores Unidos les cancelara sus prestaciones sociales y las comisiones que dejaron de percibir. Ocho años después, el 21 de marzo de 2002, un juzgado laboral les dio la razón. Y el 21 de febrero de 2003 la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá confirmó la condena contra Radiodifusores Unidos y ordenó el pago de cerca de $1.400 millones a Ortiz y Hernández.

Según Prieto, en esa época el negocio de la firma ya no era tan próspero, las deudas se acumulaban y la quiebra de la empresa era inminente. Mucho más con un pasivo de $1.400 millones. Entonces, en la trasescena, el empresario empezó a mover sus cartas para vender los últimos activos de la compañía y entrar a liquidarla antes de que el millonario fallo laboral quedara en firme, lo cual ocurrió el 20 de mayo de 2004. Entretanto se movieron los hilos del poder. El 2 de abril de 2003, apenas 40 días después de que el Tribunal de Bogotá condenara a Radiodifusores Unidos, esta compañía le vendió sus instalaciones —dos lotes y las construcciones— a la firma Marketmedios.

“Un negocio de yo con yo. Marketmedios es la firma de Mauricio, Alberto y Ana Cristina Prieto Uribe, hermanos de José Roberto. Hoy sabemos, además, que José Roberto también es socio. Fue una maniobra que hicieron en 2003 para evitar que nos pagaran. José Roberto sabía que ese fallo laboral iba a quedar en firme y para eludir esa responsabilidad lo que hizo fue insolventar la sociedad. Entonces crearon otra, Marketmedios, que funciona en la misma sede, que tiene el mismo objeto social y que cuenta con los mismos clientes. La crisis económica que alegó Prieto es mentira”, le dijo Juan Manuel Ortiz a El Espectador. Por eso, cuando el fallo laboral quedó en firme, en mayo de 2004, y Juan Manuel Ortiz e Ivonne Hernández fueron a reclamar su dinero, no encontraron ni el aviso.

De acuerdo con el expediente, Marketmedios le compró esas instalaciones a Radiodifusores Unidos por $300 millones. Una cronología de hechos que resulta ilustrativa para la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Los magistrados dejaron constancia de que fue absolutamente evidente que esta estratagema se siguió para evitar el pago a Ortiz y Hernández, pues cuando iba a ser exigible el cobro del dinero la empresa ya no existía. Por estas maniobras engañosas, Ortiz y Hernández denunciaron penalmente a Prieto. La Fiscalía llegó a acusarlo en junio de 2010 por estos hechos. No obstante, pasó demasiado tiempo y cuando el expediente llegó al Tribunal de Bogotá para su revisión, éste decretó la prescripción.

En su momento, en su defensa ante la justicia, el propio José Roberto Prieto declaró que “a pesar de ser una realidad la sentencia laboral en la cual se condena a RAU Comunicaciones a pagar a Juan Manuel Ortiz e Ivonne Patricia (Hernández) una suma de 1.000 millones de pesos, debo reconocer que la sociedad no está en capacidad de responder por esta obligación toda vez que no cuenta con recursos para ello. Es más, la sentencia (en favor de Ortiz y Hernández) precipita la liquidación de la sociedad. Tanto mis actuaciones como las de los socios de Marketmedios se llevaron a cabo antes de que se impartiera una sentencia en firme (contra Radiodifusores Unidos)”. Es decir, Prieto reconoció lo que hizo y lo justificó asegurando que el caso laboral no había sido resuelto definitivamente.

Cuando la justicia le preguntó por qué no saldó la deuda con Ortiz y Hernández al momento de liquidar Radiodifusores Unidos, Prieto expresó que no alcanzó la plata. Por eso la sentencia de la Sala Penal del Tribunal es contundente: “Es claro que los inmuebles en que funcionaba RAU Comunicaciones fueron vendidos a Marketmedios debido a que se conoció que la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá confirmó la condena en contra de la primera, luego era probable que fueran embargados dichos bienes ante el eventual proceso ejecutivo que adelantarían los extrabajadores para perseguir el pago de su acreencia. Recuérdese que después del 20 de mayo de 2004 se afectó con dicha medida cautelar la razón social de la compañía”. Pero entonces RAU ya no era más que un fantasma.

Lo más grave es que en las actas de la compañía RAU se advierte que ellos sabían que iban a perder el pleito laboral. “Ante el riesgo de ser embargados los activos fijos o predios que quedaban a RAU Comunicaciones se ideó su venta a Marketmedios, constituida por los hermanos de José Roberto Prieto Uribe, representante legal de la primera”, insiste el fallo en poder de El Espectador. Y añade, en relación con esta transacción entre hermanos: “Dicho negocio fue celebrado para eludir la satisfacción de las obligaciones laborales en mención y crear un estado de insolvencia de la sociedad”. El fallo sostuvo que se buscó perjudicar a los extrabajadores y que estas actuaciones configuran el delito de alzamiento de bienes (que tiene una pena de uno a tres años). No obstante, la sentencia hizo énfasis en que Prieto no podía ser condenado porque la pena había prescrito. O caducado.

“La justicia es inoperante en Colombia y José Roberto Prieto ejerció sus influencias a nivel de Gobierno para que el proceso prescribiera. Hoy es un hombre absuelto por prescripción, pero no porque sea inocente”, resaltó Juan Manuel Ortiz. Su colega de batalla, Ivonne Patricia Hernández, agregó: “Nunca se pudo cobrar ese dinero que nos adeudan porque Prieto no tiene nada a su nombre. Ahora nos venimos a enterar por las noticias que sí tiene propiedades en Estados Unidos y vamos a luchar jurídicamente aquí y allá para que se nos cancele la plata. Ese señor no puede eludir así no más a la justicia”. Ambos ajustan 23 años en esta cruzada judicial y no están tan agotados como uno pensaría. Lo que no ocultan es la indignación que les produce la impunidad de Prieto.

¿Ocurrirá lo mismo con el caso Odebrecht, en donde Prieto es investigado por la Fiscalía? “Yo espero que la justicia esta vez sí haga justicia. En el caso Odebrecht sé que él está mintiendo de la misma forma en que mintió en nuestro caso. Pone la misma cara de ‘yo no fui’ que le he visto por años. Lo conozco desde hace mucho. Fui yo la que le enseñó todo del negocio de la radio. En Radiodifusores Unidos trabajé seis años”, indicó Hernández. En contraste, Juan Manuel Ortiz es más pesimista: “Yo sí no creo que Prieto termine enredado por el caso Odebrecht. Él es un hombre muy bien conectado y con altos amigos en el Gobierno”. Y, de vuelta a su tragedia, insistió: “La justicia laboral funcionó, pero la penal no. Con intereses, Prieto nos debe unos $3.000 millones aproximadamente”.

Para ellos, José Roberto Prieto jamás se quebró. “Y si no, vea Marketmedios”, dicen. El Espectador conoció que un grupo élite de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía está revisando con lupa toda la contratación de Marketmedios con el Estado. Hace dos meses, en diálogo con Blu Radio, José Roberto Prieto aseguró: “Nos están graduando como los grandes contratistas del Estado, pero les puedo asegurar que no estamos entre los primeros 200. A nosotros nos atribuyen una gran contratación. ¿A cuánto asciende? Hoy por hoy puede sumar $8.000 millones”. La Procuraduría tiene otras cifras. Mientras la Fiscalía define si llama o no a imputación de cargos al exgerente de la campaña Santos por sus cuentas con Odebrecht, Juan Manuel Ortiz e Ivonne Hernández continúan su lucha.

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