Las molestias internas entre los magistrados y el "fiscal" de la JEP

La falta de personal y una supuesta usurpación de funciones en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP han generado malestar en este tribunal. Sin embargo, su director asegura que no hay diferencias, pero que no tienen suficiente personal para investigar más de 50 años de conflicto.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación. / Cristian Garavito

Desde hace varios meses, en la Jurisdicción Especial para la Paz, existen roces entre la Unidad de Investigación y Acusación y los magistrados del tribunal por supuesta “usurpación de funciones”. Aunque el director de esta unidad, Giovanni Álvarez Santoyo, aseguró a este diario que no existe pelea alguna con los magistrados, fuentes cercanas a la JEP confirmaron a este diario que sí existe la disputa interna y que el motivo fundamental es la creación de una supuesta “Fiscalía paralela” que pretende actuar de manera independiente.

El problema empezó con la creación del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), en febrero, con el propósito de “recolectar, sistematizar y contrastar información de diversas fuentes y proveer a las diferentes salas y secciones de la JEP documentos e insumos analíticos”. Esta iniciativa no fue bien vista en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, porque supuestamente el GRAI fue creado por los magistrados con el único fin de investigar el caos de manera propia. “Ellos no quieren que la Unidad de Investigación los reciba”, aseguró una fuente.

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El grupo se conformó con 122 funcionarios, número amplio en comparación con las personas que trabajaban en la Unidad de Investigación, también conocida como la “Fiscalía de la JEP”, que para inicios del año no superaba 17 personas. A esto se unió la queja del fiscal Néstor Humberto Martínez en mayo: “A la Unidad de Investigación hay que darle una mano. En medio de esa copiosa nómina de la JEP, no tiene sino 67 investigadores y 16 fiscales. Cómo va a conocer del 30 % de los delitos atribuibles a agentes del Estado y las Farc”, criticó Martínez.

Ante la falta de funcionarios en la Unidad de Investigación, fuentes cercanas a la JEP confirmaron a este diario que fue necesario que el mismo director de la Policía, general Jorge Nieto, prestara miembros de policía judicial para que apoyaran labores. Aun así, seguía un vacío grande, que también fue alertado por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez: la falta de laboratorios de criminalística para hacer investigaciones con rigor científico. Según el jefe del ente acusador, se necesitaba registrar lo que estaba pasando con la unidad.

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En diálogo con El Espectador, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, negó cualquier roce con los magistrados del tribunal y afirmó que esta unidad también creó el Grupo de Análisis, Contexto y Estadística (Grance), cuyo objetivo es el análisis de los casos que este órgano va a revisar. “Ellos reciben muchos datos y necesitan un equipo que analice la información y la estructure conforme a criterios que ellos establecerán. Hay cosas que tenemos que manejar juntos, pero cada uno tiene sus funciones”.

Respecto a la falta de personal en la Fiscalía de la JEP, Álvarez aseguró que en julio la unidad ya contaba con más de 90 funcionarios entre fiscales de tribunal y de apoyo grados I y II, y que para noviembre serían 214. Sin embargo, también lanzó una alerta por los pocos funcionarios en su organismo para investigar los casos enmarcados en el conflicto armado: “Agradezco al fiscal, pero no solo la Unidad de Investigación y Acusación sino toda la JEP es pequeña frente a la obligación de investigar más de 50 años de conflicto en Colombia”, agregó.

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Hasta hoy, la Fiscalía ha entregado a la JEP siete informes: un inventario de casos relacionados con el conflicto e informes sobre “retenciones” ilegales por parte de las Farc, victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP), vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las Farc, muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, violencia basada en género cometida por el exgrupo guerrillero y por agentes del Estado. Todos serán revisados por la Jurisdicción de Paz.

“Creo que somos 856 funcionarios en la JEP: 214 somos de la Unidad de Investigación y Acusación. Todos los componentes son pequeños para la labor que tenemos. Por eso, el fiscal tiene la razón”, aseguró el director de la Unidad de Investigación y Acusación. Frente a la colaboración que ha tenido que brindar la Policía Nacional a este órgano, Giovanni Álvarez aseguró que este tipo de ayuda por parte de las distintas entidades que cuentan con policía judicial quedó establecida en el Acuerdo de Paz.

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“Hemos hablado con la Policía y nos va a apoyar con funcionarios de policía judicial para fortalecer el equipo de investigación que tiene la Unidad de Investigación y Acusación. También pediremos apoyo a la Fiscalía”, agregó. Según el director, se espera que sean asignados cerca de 120 funcionarios de policía judicial. Además, afirmó que hasta el momento ya se han integrado más de 12 personas que harán estas labores. “La idea es que ellos se dediquen exclusivamente a las actividades de investigación que le corresponden a la JEP”, puntualizó Álvarez.

A pesar de que todo parece normal o producto de trámites oficiales, fuentes cercanas a la JEP aseguraron a este diario que los magistrados tuvieron que aclarar con el doctor Álvarez que la Unidad de Investigación y Acusación está bajo el mando de los magistrados y no es una Fiscalía independiente dentro de la JEP. Por ahora, se espera que estos roces en el tribunal de paz se superen y que con el avance de esta jurisdicción y más personal, se encare de una vez por todas la investigación de más de 50 años de conflicto armado en Colombia.

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Catalina Vargas Vergara / [email protected]

Judicial

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