“Confío en la justicia”, dijo el ahora exsenador

Las opciones de Antanas Mockus para volver al Congreso

El Consejo de Estado anuló su elección como senador por la Alianza Verde. Ahora, el excongresista solo tiene como salvavidas un recurso extraordinario de revisión ante ese mismo tribunal o que la Corte Constitucional seleccione su caso.

Antanas Mockus se reunió con su equipo jurídico tras conocer la decisión que deberá acatar apenas sea notificado. / Óscar Pérez-El Espectador
Antanas Mockus se reunió con su equipo jurídico tras conocer la decisión que deberá acatar apenas sea notificado. Óscar Pérez-El Espectador

No hay marcha atrás. El Consejo de Estado ratificó que la elección de Antanas Mockus como senador es nula, que se le deberá cancelar su credencial y que no podrá regresar al Congreso el próximo 16 de marzo, cuando se reanuden las sesiones del Legislativo. Así lo había dicho el 11 de abril de 2019 la Sección Quinta de ese alto tribunal al considerar que el exalcalde de Bogotá estaba inhabilitado para ser elegido en dicho cargo. Pero, entre ires y venires, esa decisión había quedado sin efectos por cuenta de una tutela que presentó Humberto de la Calle, su defensor, que salió a su favor en noviembre pasado, dejándolo en el cargo. Tres meses después el escenario político de Mockus cambió de forma radical.

La Sala Plena estudió esa tutela en segunda instancia y decidió, con 13 votos contra 9, que esa vía jurídica a la que recurrió Mockus no era la adecuada para controvertir el fallo que le anuló su elección y que, cabe decir, es de única instancia. Por eso, el único recurso posible es el recurso extraordinario de revisión. La decisión emitida en la tarde de este martes no tiene posibilidad de ser impugnada. No obstante, todavía cabe la posibilidad de que el caso de Antanas Mockus sea seleccionado para revisión por parte de la Corte Constitucional. Si ello no ocurre, la pérdida de la curul sería definitiva.

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La génesis de la controversia se remonta a la suscripción, por parte de la fundación Corpovisionarios, de varios contratos con entidades públicas. De esta organización Mockus fue fundador y presidente hasta el 19 de marzo de 2018 (justo después de haberse hecho a una curul en el Senado) y entregó la representación legal desde 2006 a Henry Samuel Murraín, director ejecutivo de la entidad. Los contratos cuestionados fueron firmados con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) en noviembre de 2017, menos de seis meses antes de que se realizaran las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018, en las que Mockus salió elegido.

De acuerdo con la ley colombiana, ninguna persona que aspire al Congreso puede intervenir en gestión de negocios o celebración de contratos con entidades públicas en los seis meses anteriores a las votaciones. Por esta razón, al Consejo de Estado llegaron tres demandas en contra de Mockus: dos por pérdida de investidura (en donde está en juego la posibilidad de no ser elegido nunca más) y una que buscaba anular su elección. El argumento principal fue que el senador estaba inhabilitado para el cargo puesto que la fundación que presidía había firmado contratos con entidades estatales cuatro meses antes de las votaciones.

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El 19 de febrero de 2019, en primera instancia, el Consejo de Estado dejó en firme la investidura de Mockus al considerar que no estaba inhabilitado para ser elegido porque el director ejecutivo Henry Samuel Murraín actuó como representante legal y no como un “delegatario” de Mockus. El fallo decía que los estatutos de Corpovisionarios permitían una representación legal compartida, que le permitía a Mockus trasladar funciones. Esa decisión quedó en firme en octubre de 2019.

Pero la Sección Quinta consideró todo lo contrario y el 11 de abril de 2019 le anuló su elección. Los magistrados consideraron que Mockus sí estaba inhabilitado para presentarse a las elecciones de 2018, debido a los contratos que Corpovisionarios suscribió con las entidades estatales, ya que él era el representante legal de la fundación. Para tomar esta decisión, el Consejo de Estado se fundamentó en que en los documentos de la Cámara de Comercio figuraba Antanas Mockus como representante legal de Corpovisionarios y no Murraín. Por eso, la responsabilidad frente al destino de los contratos recaía en el político de la Alianza Verde. Ante la diferencia de decisiones, y no contento con el resultado, Mockus se jugó una última carta y presentó una tutela.

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Ya en julio de 2019, el mismo Consejo de Estado, pero una sección diferente, falló a su favor y consideró que la decisión que le anuló su elección le vulneró el derecho al debido proceso. ¿La razón? Porque como se trata de los mismos hechos, aunque sean acciones judiciales distintas, la Ley 1881 de 2018 dice que la que se debe tener en cuenta es la primera decisión que se produzca. En este caso, la que indicó que Mockus no estaba inhabilitado. Y, según los magistrados, la segunda decisión (la nulidad) “desconocía los principios que fundamentan la garantía de la prohibición del doble juzgamiento”.

El caso fue a Sala Plena, en donde se pretendía unificar criterios. No obstante, el alto tribunal no lo hizo sino que consideró que la tutela no era procedente y con esto dejó definitivamente en claro que la elección de Mockus es nula y que no volverá por ahora al Congreso. “Confío en la justicia, estoy a la espera de conocer el contenido de la decisión del Consejo de Estado. En su momento me pronunciaré. Agradezco a la ciudadanía por el apoyo de siempre”, declaró el exalcalde de Bogotá.

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La determinación fue recibida con tristeza por sus compañeros de bancada. “Siempre acatamos y respetamos la justicia, aun cuando los fallos son favorables o adversos, como en este caso”, escribió la senadora Angélica Lozano en su cuenta de Twitter. Por otro lado, el senador Antonio Sanguino advirtió que se vendrían acciones judiciales desde la Alianza Verde para tratar de reversar la decisión judicial: “Buscaremos las vías jurídicas para garantizar que Antanas Mockus se quede en el Congreso. Es un referente de la ética pública en un país asediado por la corrupción”.

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Redacción Judicial

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