Desde el sábado pasado, ante juzgados de Florencia y Cartagena del Chairá (Caquetá) se vienen desarrollando las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento de 20 personas capturadas en los parques nacionales naturales Tinigua y Los Picachos, al su del país. En ellas, la Fiscalía ha argumentado por qué estas personas merecerían ser investigadas por delitos ambientales por sus presuntos vínculos con la deforestación que sufren estas áreas protegidas, e incluso, según informó el ente investigador este martes se lograron medidas adicionales para frenar este fenómeno.
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Puntualmente, los jueces impartieron cuatro órdenes a diferentes entidades para frenar la pérdida de cobertura vegetal en estas reservas, ubicadas en los límites de los departamentos de Meta y Caquetá. En primer lugar, le ordenaron a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) suspender los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización del mismo y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado en territorios de parques Serranía Los Picachos y Tinigua.
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Asimismo, se busca detener el crecimiento de la población en los parques a través de una orden directa a los alcaldes de los municipios aledaños (San Vicente del Caguán, La Macarena y La Uribe), quienes no podrán volver a emitir certificaciones de colonos ni autorizar la permanencia temporal de personas en los parques naturales. Por otro lado, se le ordenó al Banco Agrario detener el otorgamiento de créditos a quienes quieran desarrollar proyectos agropecuarios en parques de la Amazonía; y, por último, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía deberá identificar las cabezas de ganado presentes en estos parques para proceder a imponer medidas como el embargo o secuestro contra las mismas.
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Desde que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció las aprehensiones de 12 hombres y 8 mujeres, algunas organizaciones sociales aseguraron que se trata de campesinos asentados en el sector de manera ancestral. Según la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo, muchas de las personas viven en ese territorio antes, incluso, de que fuera declarado parque nacional. Sin embargo, las investigaciones que llevaron fiscales de la unidad de Derechos Humanos del ente investigador concluyen algo diferente.
Al parecer, algunas de estas personas invadieron la zona de reserva y, en cinco años, acabaron con 1.800 hectáreas de selva para desarrollar ganadería. Por esto, hasta el parque llegaron las autoridades con órdenes de captura en contra de Egidio Guillén Tabares, Esteban Medina, Israel Patiño Buitrago y Yadira Ordóñez, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de recursos naturales e incendio. Los cuatro, seguirán siendo investigados con medidas de casa por cárcel.
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A los otros 16 capturados en flagrancia en el desarrollo de las operaciones que la Fuerza Pública desplegó para recuperar estos parques naturales, la Fiscalía los investigará formalmente por invasión de áreas de especial importancia ecológica. Ninguno de ellos podrá salir del país mientras continúa el proceso y se esclarece qué grado de relación pudieron tener con la deforestación de estas reservas