Las preocupaciones de la CPI sobre la situación de Colombia

Ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, delitos sexuales y por motivos de género, grupos paramilitares y cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz son algunos de los temas que la entidad incluyó en su informe anual.

Fatou Bensouda está a cargo de la Fiscalía de la CPI desde 2012.AFP

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó su informe anual sobre la situación del país, que está bajo examen preliminar desde junio de 2004. En el documento de doce páginas, el organismo internacional presentó sus preocupaciones sobre casos de falsos positivos, desplazamientos forzados, delitos sexuales y por motivos de género, promoción y expansión de grupos paramilitares, y cambios en el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con base en la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe “fundamento razonable” para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad y de guerra, y que desde noviembre de 2017 “las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia para los casos potenciales identificados por la Fiscalía”. Durante este año, según la CPI, Colombia ha entregado información sobre procedimientos a través de audiencias y documentos oficiales. Entre ellas se destaca 206 sentencias contra miembros de grupos paramilitares y Fuerzas Armadas.

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Ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos

La Fiscalía de la CPI ha identificado cinco casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos, presuntamente, por miembros de las brigadas que actuaban bajo la Primera División (Brigada 10), la Segunda División (Brigadas 30 y brigada móvil 15), la Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28), la Quinta División (Brigada 9) y la Séptima División (Brigadas 4, 11 y 14) de las Fuerzas Armadas.

“La información puesta a disposición de la Fiscalía durante el año 2018 indica que las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos con arreglo al sistema de justicia ordinario, relevantes para el examen en materia de admisibilidad de los casos potenciales”, dijo la Fiscalía de la CPI.

En lo que tiene que ver con los procedimientos de estos casos en la JEP, el organismo internacional dice que en julio de este año la Sala de Reconocimiento y Verdad emitió un auto de priorización cometidas entre 1895 y 2016, en 29 de los 32 departamentos. En esta orden, explicó la CPI, “parecería que aproximadamente el 60% de los presuntos crímenes fueron cometidos por miembros de las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército Nacional”.

Y agregó: “En este contexto, miembros de las fuerzas armadas, incluyendo al menos cinco comandantes de las unidades militares implicadas en homicidios conocidos como “falsos positivos” identificados como parte de los casos potenciales de la Fiscalía, han solicitado voluntariamente presentarse ante la JEP”.

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Desplazamientos forzados

La Fiscalía de la CPI sostuvo que los Tribunales de Justicia y Paz han condenado a 29 miembros de grupos paramilitares por crímenes cometidos en contexto del conflicto armado, incluyendo por desplazamiento forzado. En mayo y junio de 2018, respectivamente, los líderes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, excomandante del bloque Elmer Cárdenas, y Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, excomandante del bloque Mineros, fueron condenados por varios cargos de desplazamiento forzoso.

Además, que la Fiscalía General inició una imputación contra 341 exintegrantes de grupos paramilitares, incluyendo altos comandantes, por 5.449 actos de desplazamiento forzoso contra 12.771 víctimas, y que ordenó detener a cinco líderes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuatro de los cuales son objeto solicitados a través de la Interpol. También se dictaron órdenes de captura contra cinco comandantes del frente Guerra Suroccidental, seis comandantes del frente Guerra Occidental, un comandante del frente Guerra Nororiental, tres comandantes del frente Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro y nueve comandantes del frente Guerra Oriental.

En el procedimiento ante la JEP, en julio de 2018 la Sala de Reconocimiento de Verdad emitió una orden de priorización con múltiples crimines, entre ellos el desplazamiento forzado cometidos por las Farc y miembros de las Fuerzas Armadas en Nariño, entre 1990 y 2016. Y que además priorizó dos casos ocurridos entre 1986 y 2016.

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Delitos sexuales y por motivos de género

La CPI asegura que, en este caso, los Tribunales de Justicia y Paz dictaron sentencias condenatorias contra los líderes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, y Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, por diferentes cargos de delitos sexuales y por motivos de género vinculados con el conflicto armado. Asimismo, sostuvo que la Fiscalía inició una imputación contra 31 miembros de grupos paramilitares.

También manifestó que la Fiscalía tiene abiertas nutridas investigaciones por estos hechos contra miembros del ELN, la Armada, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía. Y que el ente investigador presentó dos informes de la JEP por 1.080 casos de delitos sexuales y por motivos de género cometidos, al parecer, por miembros de las Fuerzas Armadas y exmiembros de las Farc. Otros tres casos que son abordados en este sistema de justicia transicional.

La Corte Constitucional, por su parte, dijo a través de sus decisiones que las mujeres internamente desplazadas están sujetas al riesgo de violencia sexual en el contexto del conflicto armado y ordenaron a las autoridades del Estado adoptar medidas para proteger los derechos de aquellas personas afectadas.

Promoción y expansión de los grupos paramilitares

Durante este año, según la CPI, la Fiscalía investiga a empresarios presuntamente involucrados en financiamientos de grupos paramilitares que operaban en diferentes regiones de Colombia desde 2002. Entre ellos se destaca la resolución de acusación contra 13 directivos y empleados de la compañía Chiquita Brands por, supuestamente, financiar el noveno frente que operaba en las regiones de Urabá y Santa Marta, entre 1996 y 2004.

La CPI explicó que en agosto de este año la Fiscalía abrió una investigación contra empresarios ganaderos de Córdoba, quienes, presuntamente, actuaron como enlace entre algunos empresarios y los comandantes de las AUC, Carlos y Vicente Castaño.

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Jurisdicción Especial para la Paz

En este punto, la Fiscalía de la CPI expresó sus preocupaciones por los cambios que tuvo la JEP y que fueron aprobados por la Corte Constitucional, entre ellos la responsabilidad de mando y la inclusión de un sistema especial de juzgamiento para los militares.

Sobre la responsabilidad de mando, la Fiscal de la CPI “ha expresado sus preocupaciones en cuanto a que el lenguaje contenido (…) podría interpretarse de modo de restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional consuetudinario y al Estatuto”.

Respecto al sistema especial de juzgamiento para los militares, la CPI señaló que “este asunto y toda otra iniciativa legislativa que pudiera resultar en retrasos en traer a los perpetradores a rendir cuentas, limitaciones a los alcances y la exhaustividad de las investigaciones sobre delitos complejos”.

También dijo que la Corte Constitucional, al rechazar la noción de que los crímenes de guerra deberán cometerse en forma sistemática para ser considerados graves, recordó el deber del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario al margen de que se cometan en forma sistemática o no.

La Fiscalía de la CPI informó que seguirá en comunicación con las autoridades colombianas “a efectos de recibir información acerca de todas las actuaciones investigativas concretas y progresivas, así como de las actividades de enjuiciamiento realizadas con respecto a los casos potenciales que ha identificado”.