Solo una persona se declaró culpable

Las pruebas contra la red que buscaba quedarse con recursos del posconflicto

Ante el Juzgado 52 de Garantías de Bogotá, la Fiscalía narró cómo un grupo de personas, entre las que se encuentra Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, se convinieron para entregar contratos del posconflicto a empresarios a cambio de jugosas coimas. 

Marlon Marín. Facebook de Marlon Marín

Por cerca de dos horas, en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, el Juzgado 52 de Garantías de Bogotá escuchó atentamente los argumentos presentados por la Fiscalía para imputar el delito de concierto para delinquir agravado a cuatro personas que, al parecer, habrían participado en una organización ilegal encargada de entregar irregularmente proyectos –agrícolas y de construcción de las vías terciarias– definidos en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc. 

A la cita comparecieron María Elvira Valencia Gómez, Bibiana Marleny Arias Garzón, José Domingo Ardila Neira y Yésica Carolina Gómez Builes. Esta última aceptó su responsabilidad, por lo que recibirá una rebaja en su pena. Marlon Marín –sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez– y Jesús Aldemar Puello Rojas no asistieron a la audiencia. El primero porque actualmente está en Estados Unidos como parte de su colaboración con las autoridades y el segundo por una calamidad médica que, según su abogado, le impidió asistir a la audiencia. 

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De acuerdo con el ente investigador, estas personas se habrían reunido entre enero de 2017 y marzo de este año para ejecutar proyectos en varios departamentos del país. La Fiscalía resaltó que Marlon Marín, habría aprovechado su vínculo familiar con Iván Márquez, para “generar relaciones de negocios” y asistir a conversaciones que se desarrollaron en La Habana, Cuba, como parte del Proceso de Paz. “Marlon estuvo presente en las conversaciones (…) siendo delegado de Iván Márquez para el acompañamiento en la estructuración de los proyectos productivos a desarrollarse”, explicó la Fiscalía. 

Marín, según la Fiscalía, asistió a las zonas veredales para acompañar a la delegación del Gobierno y observar las necesidades básicas de estas personas para estructurar las propuestas. Luego de estas visitas, socializaba la información que obtenía con “sus jefes que son los antiguos comandantes de las Farc y con los reincorporados”. Sin embargo, el fiscal del caso indicó que, de manera paralela, Marín se habría dedicado a gestionar proyectos de manera irregular ante entidades del Estado, en compañía de las otras cinco personas vinculadas a la investigación.

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La Fiscalía manifestó que Marlon Marín se habría reunido con Yésica Carolina Gómez Builes para entregar coimas a funcionarios del Ministerio de Agricultura con el fin de conseguir la viabilidad financiera de varios proyectos que fueron radicados tiempo atrás. Asimismo, el fiscal dijo que los demás investigados habrían participado en otras actividades ilegales en cabeza del exdiputado José Domingo Ardila Neira, quien supuestamente intermedió en otros proyectos ante entidades del Estado. “Dichas intermediaciones irregulares se presentaron respecto de proyectos a desarrollarse en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y en el Instituto Nacional de Vías (Invías)”, precisó la Fiscalía. 

Irregularidades en proyectos de vías terciarias 

La Fiscalía entregó los pormenores de las irregularidades que se habrían presentado en los proyectos de vías terciarias. Al respecto, precisó que Marlon Marín tendría en su poder varios listados donde podrían desarrollarse obras en 15 departamentos del país y que superarían los $45 mil millones. Con la ayuda del exdiputado José Domingo Ardila Neira, de Yésica Carolina Gómez Builes y de Bibiana Marleny Arias Garzón, Marín habría buscado contratistas para que pudieran, en teoría, ejecutar este tipo de obras. “Ardila Neira presenta con Marlon Marín a María Elvira Valencia Gómez, quien, por su ejercicio profesional, tiene enlaces con el sector de la construcción. Ella pone a su disposición el grupo empresarial que constaba de 15 empresas a quienes ella representa”, dijo el fiscal del caso.

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Valencia Gómez, comentó la Fiscalía, habría hecho un estudio en cada uno de los departamentos para establecer qué empresas de las que ella representa podía realizar las supuestas obras. En la audiencia, el ente investigador presentó una conversación donde habla con Marlon Marín sobre los términos de los acuerdos, al parecer, irregulares. Igualmente, las investigaciones evidenciarían que Yésica Carolina Gómez Builes y Bibiana Marleny Arias Garzón presentaron otros interesados en la adjudicación de las vías, entre ellos a Jesús Aldemar Puello Rojas y a Elkin Vásquez, quien supuestamente desarrollaría las obras en Antioquia. 

“En efecto, la intermediación realizada con María Elvira Valencia Gómez apuntaba a tener una ganancia representada en un 11 % del valor del contrato adjudicado en cada uno de los municipios para repartir entre los intermediarios, cuta forma de pago era el 50 % con cargo al anticipo y la otra mitad una vez entregada la primera acta de obra”, afirmó el fiscal del caso. En cuanto al negocio realizado con Aldemar Puello Rojas, la Fiscalía sostuvo que se trató del 5% del contrato, de los cuales 2.5% se pagarían por medio de un anticipo y el otro 2.5% en otro pago. Asimismo, el fiscal del caso reveló que por cada departamento se cobraba $20 millones para ser repartidos entre los intermediarios por su labor.

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Otros proyectos productivos que también habrían sido irregulares

La Fiscalía le aseguró al juez que también se presentaron irregularidades con otros proyectos vinculados con el Ministerio de Agricultura, en donde se habrían pagado coimas para asegurar un contrato de deforestación en el municipio de Caucasia (Antioquia), a través de Yésica Carolina Gómez Builes. “Claramente la gestora le recuerda que el valor de la coima, para quienes tramitan ante el Ministerio de Agricultura el desembolso de los recursos del futuro contrato, es del 20% ($2.287 millones) del valor del proyecto que es de $11.435 millones”, dijo el fiscal quien expreso que de ese dinero había que descontar $35 millones de ese dinero “que ya habían adelantado como parte de la coima”.

“Existieron acuerdos ilegales para sobornar funcionarios adscritos al Ministerio de Agricultura tendientes a obtener certificados de disponibilidad presupuestal y desembolsos en el menor tiempo posible, que se iniciaron actos tendientes a conseguir el valor del soborno, que existió un pacto exacto en los términos del acuerdo y que Yesica fue parte activa, pues fue ella quien entregó la coima al funcionario”, comentó la Fiscalía.

En la audiencia, el ente investigador también detalló los proyectos irregulares en los que habría participado el exdiputado José Domingo Ardila Neira, en compañía de Marlon Marín y María Elvira Valencia Gómez. En este caso, las intermediaciones se habrían presentado en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). En las investigaciones se detalló que el exdiputado, al parecer, pidió dinero para una mujer que se desempeña como coordinadora de proyectos y quien es la encargada de obtener la viabilidad de proyectos productivos.

José Domingo Ardila Neira, según la Fiscalía, relaciona al exsenador Jorge Géchem, quien sería “una de las personas encargadas de gestionar los proyectos ante la ADR”. “En los diálogos Ardila Neira menciona que ha comprado al senador Géchem lo de una asistencia técnica rural que saldría por la ADR y que le ha entregado $110 millones por la asignación de unos cupos”, precisó el ente investigador. Igualmente, para el desarrollo de los proyectos, el exdiputado habría buscado contratistas para prometerles “un porcentaje de ganancia”. En la audiencia, la Fiscalía expuso otros contratos en los que también se habrían presentado inconsistencias, pero que tres de las personas investigadas por estos hechos se niegan a aceptar.

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Redacción Judicial

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