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Veintiún años después de que un comando paramilitar cometiera la masacre de Mapiripán, que ocurrió en julio de 1997, la justicia tomó decisiones sobre un alto oficial del Ejército, a quien, en estas dos décadas, organizaciones de víctimas y no gubernamentales han pedido con insistencia que sea juzgado por estos hechos: el general (r) Rito Alejo del Río. Un documento de 41 páginas elaborado el pasado 12 de marzo de julio por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, el cual conoció El Espectador, confirma la medida de aseguramiento en contra Del Río, por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo.
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"Aprovechó, lo que sería objeto de investigación, su investidura como Comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional, para concertar y prestar apoyo y respaldo a los paramilitares, AUC, en la perpetración de múltiples delitos de homicidios, torturas, desapariciones forzadas y otros: siendo evidente, que tales conductas son ajenas al fin de la función pública y de los fines del Estado. Resulta, evidente, entonces, que ello excluye toda consideración sobre la aplicación del fuero constitucional para la investigación penal, al general hoy en retiro, Rito Alejo del Río Rojas",señala la decisión.
Así las cosas, el fiscal del caso ordenó la medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo, "existen las pruebas para desvelar la colaboración que el alto militar prestó a la ilícita organización para el despliegue de sus actividades delincuenciales y entre estas los sucesos de Mapiripán". Como Del Río se acogió a la Jurisdicción Especial de Paz, seguirá en libertad.
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“La medida no me la han notificado. Sin embargo, vamos apelar pues tenemos las pruebas que demuestran que el general (r) Rito Alejo del Río no se encontraba en el país cuando se presentó la masacre de Mapiripán. Es claro que en el caso de que hubiese responsabilidad es la JEP la que debe evaluar el caso”, señaló a este diario el abogado Germán Guillermo Navarrete.
Las pruebas
El ente investigador cuenta con la declaración de Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, quien se refirió a la presunta colaboración en la masacre de Mapiripán de integrantes de la fuerza pública, “no, directamente no fuimos acompañados por los militares, en San José de Guaviare la colaboración de los militares fue en comunicación, no tengo conocimiento de que altos mandos militares participaron porque yo no tenía acceso a esa información pero repito que todo estaba coordinado con el Ejército”.
Ante el papel particular del general (r) Rito Alejo del Río, declaró que “Rito Alejo coordinaba con un comandante de nosotros que le decían Yunda esa coordinación era para que la tropa de nosotros nos pudiéramos mover, por ejemplo, cuando estábamos haciendo lo del desplazamiento para irnos al Meta, a lo de San José de Guaviare para hacer lo de Mapiripán”.
En el voluminoso expediente se destaca la declaración de Hebert Veloza, alias HH, quien revela la relación entre Rito Alejo del Río y el exjefe paramilitar Carlos Castaño “colaboró activamente con las Autodefensas en Urabá, se coordinaba la permanencia en ciertas zonas sin ser atacados por la Fuerza Pública, así como patrullajes y operativos conjuntos”. También se revelan las amenazas de las que fue víctima HH, "por conducto del abogado Sergio González, se me envió razones para que no implicara en mis versiones Rito Alejo Del Río y del exembajador de la República Dominicana Juan José Chaux, por lo que me ofrecían igualar las condiciones de reclusión a los del resto de los postulados de Justicia y Paz y evitar mi extradición”. Sin embargo, alias HH sostiene que pese a estas presiones y solicitudes, “no seretractaría en nada de lo dicho".
También se hace referencia a las indagatorias de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, sobre “el acuerdo de voluntades con las AUC”, consistía en “permitir que desde la zona de dominio de la casa Castaño Gil, en jurisdicción militar de la XVII Brigada del Ejército Nacional, salieran sin inconveniente alguno las aeronaves en los respectivos aeropuertos de Necoclí (Antioquia) y Los Cedros con hombres, armamento y material de intendencia hacia la región de los Llanos Orientales para finiquitar el operativo conocido en autos”.
De la declaración jurada de Pedro Bonito se extrae que en efecto “los grupos paramilitares que operaban en Urabá, para el éxito de sus operaciones y los diferentes crímenes que perpetraban, coordinaban con diferentes autoridades: Ejército, Policía”.
En la decisión el fiscal del caso señala que las indagaciones llevan a “corroborar la responsabilidad del Estado en esta masacre, perpetrada en contra de la población civil, y que como ya es de público conocimiento, conllevó a la Sentencia del 15 de septiembre de 2005, proferida por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. En dicha sentencia, se declarará la responsabilidad internacional del Estado colombiano”. Por lo que avanza en el proceso contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, respecto de quien ya se profirió acusación, como también del general (r) Rito Alejo del Río, a quien ahora se le ordena medida de asegurmaiento pero será la Justicia Especial de Paz la que defina su caso.
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