Denuncias de Álvaro Uribe y Bancóldex desencadenaron investigación contra Alex Saab

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El senador Álvaro Uribe, Bancóldex y la DEA le pidieron a la Fiscalía que le siguiera la pista al empresario barranquillero, recién detenido en Cabo Verde y pedido en extradición por EE. UU. Detalles del escrito con el que el ente investigador lo llamó a juicio por lavado de activos.

El origen de la investigación que abrió la Fiscalía colombiana contra Álex Saab, quien hace unos días fue detenido en Cabo Verde (África), tiene nombre y apellido: Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con el ente investigativo, cuando Saab era tan solo un reputado empresario —hoy lo señala Estados Unidos de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro—, al correo electrónico del expresidente Uribe comenzó a llegar información sobre posibles importaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela con Saab y su empresa Fondo Global de Construcciones de por medio. Uribe la remitió a las autoridades y con ella, en 2013, arrancó todo.

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Esa es la génesis, hasta ahora inédita, de esta historia judicial con tintes políticos. La acusación, un documento de 38 páginas conocido por El Espectador, deja ver que por años las autoridades han seguido de cerca los negocios de Álex Saab, el contratista estrella del gobierno de Maduro. Tras su captura el pasado 12 de junio, la vicefiscal Martha Mancera dio a conocer que, en diciembre de 2019, el ente investigador llamó a juicio a Saab por tres delitos, incluido el de lavado de activos. Del escrito donde yacen los pormenores del caso queda claro también algo: que a la Fiscalía le tomó seis años documentar las posibles jugadas de Saab para mover dinero ilícitamente.

Según el documento, los correos que recibió el senador Uribe indicaban que Fondo Global de Construcciones, la cual proveía materiales de construcción a Venezuela, “podría ser una de las lavadoras de dinero de las Farc”. Para entonces, la Fiscalía colombiana ya estaba familiarizada con Saab, pues el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) lo había denunciado por estafa unos años atrás. El escrito de Bancóldex aseguraba que, en 2009, el empresario realizó una movida para engañar a la entidad y cobrar el dinero de una factura mintiendo “sobre la veracidad de la operación”.

Nueve años más tarde, en enero de 2017, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), remitió un informe a la Fiscalía en el que advertía que Saab estaba incurso en “investigaciones por presuntas irregularidades de comercio exterior hacia Venezuela”. En el documento se reseñaban artículos de prensa y, de paso, la UIAF les puso el ojo a las operaciones de una empresa de la que el barranquillero era representante legal, accionista y miembro de la junta directiva: Shatex. Al parecer, a través de esta y otras a su nombre, logró mover más de USD$135 millones haciéndolos pasar por importaciones y exportaciones que habrían sido ficticias.

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Las sospechas seguían creciendo y varios periodistas de investigación, como los del portal venezolano Armando.Info, comenzaron a seguirle la pista al empresario. Para 2018, las autoridades ya le respiraban en la nuca. En abril de ese año, la Drug Enforcement Agency (DEA) le envió una alerta más a la Fiscalía en la que señalaba que tenían conocimiento de “unas personas de descendencia libanesa que se dedican a la creación de empresas las cuales utilizan como fachada para invertir grandes sumas de dinero de dudosa procedencia”. Saab, según la agencia estadounidense, era el “jefe de la organización”.

Tras un análisis cercano a las finanzas de las empresas de Saab, la Fiscalía concluyó en septiembre de 2018 que sí había serios indicios de irregularidades. El ente investigador encontró 14 “alertas de una posible operación de lavado de activos por medio de importaciones ficticias”. Todas estas llevaron a que en mayo de 2019 citara a imputación de cargos a todos los accionistas de la empresa Shatex, de la que Saab poseía un 84 %, así como a su gerente, contador y revisor fiscal. Ahora, con base en las evidencias recabadas, el ente investigador los llamó a juicio por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

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Una de las primeras cosas que advierte la Fiscalía en el escrito de acusación es el “crecimiento económico inusual” que tuvo Shatex entre 2007 y 2009. Aunque en los tres años anteriores, de 2004 a 2006, sus ingresos habían mermado en más del 33 %, la compañía tuvo un repunte súbito desde 2007 y creció casi 10 veces (un 923 %). En 2010 la empresa dejó de existir materialmente, como reveló el revisor fiscal Róbinson Ruiz Guerrero en su carta de renuncia. Sin embargo, siguió operando y ese mismo año, por ejemplo, realizó exportaciones por más de $530 millones, que no declaró en renta, y en 2011 sacó de Colombia $2.040 millones a través del mercado cambiario.

Es decir, Shatex se volvió en una “empresa de papel”, dice la Fiscalía, pues su nombre fue utilizado para justificar operaciones comerciales, aunque la compañía ya no existía. Asimismo, el ente investigador encontró que la compañía de Saab llevaba una doble contabilidad: “Se puede concluir que Shatex le mostraba una realidad financiera y operacional diferente a la DIAN, donde le revelaba unos ingresos menores con el propósito de pagar menos impuestos, en cambio al sector financiero le mostraba unos ingresos superiores para demostrarle que contaba con la capacidad económica suficiente para responder con las obligaciones financieras que pretenden adquirir”.

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Uno de los puntos más contundentes es el modus operandi que detectó Estados Unidos: el esquema de importaciones y exportaciones ficticias que, al parecer, utilizaron Saab y sus socios para mover dinero a su antojo. Por ejemplo, según la Fiscalía, los documentos demuestran que entre 2004 y 2008 Shatex realizó compras en el extranjero por poco más de $9.000 millones. No obstante, en los registros de las transferencias el ente investigador encontró que la compañía de Saab terminó sacando de Colombia divisas que casi que cuatriplican ese valor: más de $35.248 millones. Una diferencia entre lo que compró y lo que pagó de más de $25.000 millones.

En palabras de la fiscal del caso, Maritza Chavarro, “la empresa Shatex sustentó una salida de dinero al exterior por un valor de $25.304’081.000, bajo el concepto de importaciones anticipadas, las cuales nunca ingresaron al territorio nacional, dando a entender que creó unas importaciones ficticias para sustentar la legalidad de la salida de dineros hacia el exterior”. Y ahí no para el asunto: la Fiscalía encontró que muchos de los supuestos proveedores de Shatex ni siquiera existen. Tal es el caso de siete empresas panameñas a las que Saab reportó haberles hecho negocios internacionales, pero, tras consultar con ese país, se pudo determinar que las compañías no son reales.

Las inconsistencias en los registros de Shatex continúan, según reza el documento de acusación. La Fiscalía encontró, igualmente, que Saab habría ingresado US$16 millones (unos $35.000 millones en su momento) desde Venezuela a Colombia por concepto de “reintegro de divisas por exportaciones”. Como si le estuvieran pagando por lo que exportó. Sin embargo, el ente investigador encontró que los compradores internacionales no concuerdan con los nombres que Shatex registró en las declaraciones de exportaciones. Y esos dineros, posteriormente, fueron sacados de Colombia a través de “pagos anticipados de importaciones”.

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Por último, Shatex hizo operaciones con otras empresas de Saab, como Saafartex, que según el informe de la DEA de 2018, se dedicaría a un esquema de fraude similar. La Fiscalía concluyó que el empresario barranquillero, junto con el gerente de la empresa, Julio César Ruiz; el contador Devis José Mendoza, y el revisor fiscal, Róbinson Ruiz, ayudaron a “invertir, transformar y administrar bienes dándoles apariencia de legalidad a estos dineros encaminada a ocultar la procedencia ilícita del dinero con el propósito de posteriormente obtener un provecho ilícito con actividades de exportaciones e importaciones ficticias utilizadas”.

Mientras tanto, Saab continúa bajo custodia de las autoridades de Cabo Verde. Su futuro judicial se volvió toda una discusión geopolítica, en la que Estados Unidos y Venezuela tienen todo que ver.

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