Las pruebas que se ordenaron en la investigación contra Uribe por la masacre de El Aro

Uribe renunció al Senado y su defensa dice que este proceso debería pasar a la Fiscalía. / EFE

Foto: EFE - Cristian Lazzari

Cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema llamó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su supuesta responsabilidad en las masacres de El Aro, La Granja y el magnicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle; también ordenó decenas de pruebas. El exsenador Uribe, quien está en casa por cárcel de manera preventiva por otra investigación que lleva en su contra el alto tribunal, fue citado para comparecer otra vez ante la justicia el próximo 16 de septiembre y estas son las pruebas que decretó la Corte “con el propósito de establecer si los hechos denunciados en contra del senador han tenido ocurrencia”.

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Las masacres de El Aro y La Granja, corregimientos de Ituango en Antioquia, así como la de San Roque, y el posterior asesinato de Valle fueron perpetradas por paramilitares mientras Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. En 2018 fueron declarados crímenes de lesa humanidad, por lo que no pueden prescribir. Desde el año 2000, la Fiscalía abrió una indagación preliminar contra Uribe y, aunque ese mismo año se archivó el proceso, un fiscal delegado ante la Corte resolvió reabrir el proceso en 2013, luego de que el senador Iván Cepeda allegara nuevas pruebas.

Son precisamente esas y otras evidencias que han recopilado por años la Fiscalía y el sistema de Justicia y Paz, en las que ahora quiere ahondar el magistrado César Reyes, quien encabeza este proceso contra Uribe, así como el más reciente por presunta manipulación de testigos —del que surgió su detención domiciliaria—. Por ejemplo, se llamó como testigos a Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy; Carlos Enrique Vélez, alias Victor; Ever Veloza, alias H.H.; Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino; y Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra. Además de los testimonios de Juan Guillermo Monsalve; Santiago Gallón Henao y Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán; entre otros personajes claves.

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Varios de estos exparamilitares ya fueron escuchados por la Corte en el proceso por manipulación de testigos. A su vez, fueron llamados a declaración los militares en retiro Juan Carlos Meneses, quien ha vinculado al expresidente y a su hermano, Santiago Vélez con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y el general (r) Rito Alejo del Río. No obstante, previo a escucharlos, el alto tribunal ordenó una “caracterización” de todos los testigos y de otro centenar de personajes, que incluya su “plena identidad, núcleo familiar, situación laboral, situación jurídica, pertenencia a una organización criminal, ubicación actual y datos de contacto”.

Como varios de los testigos citados ya han rendido testimonios, la Corte pidió a las Salas de Justicia y Paz —sistema creado tras la desmovilización de las Autodefensas— “copia de las declaraciones que hayan rendido las personas que se relacionan a continuación y en donde se haya hecho referencia al senador Álvaro Uribe Vélez”. El listado incluye a exparamilitares como Alberto Guerrero (Pablo Hernán Sierra), Doble Cero (asesinado en mayo de 2004), Don Berna, entre otras decenas. Sin embargo, al alto tribunal le interesa en particular lo dicho por 18 exparamilitares con lo que pidió copia de unas declaraciones con fecha y lugar, en las que, al parecer, han mencionado al expresidente Uribe Vélez.

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La Corte también requerirá la colaboración de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues varios de estos exparamilitares y otras personas que podrían conocer sobre lo sucedido en Ituango a finales de los noventa han pedido entrar allí. Por ende, pidió “copia de la solicitud de sometimiento, copia del acta de compromiso suscrita por el compareciente, una breve sinopsis de la situación jurídica del compareciente ante la JEP, copia de las decisiones proferidas por la jurisdicción especial”, de los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao; Juan Guillermo Villegas Uribe y Carlos Fernando Jaramillo, entre otras personas cercanas al expresidente Uribe Vélez.

Asimismo, el alto tribunal le preguntó a la JEP si alguna de las tres masacres por las que es investigado Uribe Vélez o el caso de Jesús María Valle han sido priorizados en esa jurisdicción o si se ha seleccionado algún caso que tenga relación directa con las pesquisas de la Sala de Instrucción. Pero la JEP no es la única jurisdicción a la que la Corte Suprema pidió información: acudió al Tribunal Administrativo de Antioquia para conocer la información que reposa en las condenas a la Nación por estas masacres y pidió copias de las sentencias que ha proferido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia por las masacres de Ituango y por el homicidio de Valle.

A su vez, el alto tribunal le pidió al Ministerio de Defensa y a la Dirección Nacional de Inteligencia información sobre el extinto Bloque Metro de las Autodefensas, con el que también se ha vinculado a Uribe —nexo que él niega rotundamente—, y del Frente Bernardo López Arroyave de la guerrilla del Eln. El magistrado Reyes pidió, en concreto, un “análisis de todos los factores de orden de batalla sobre las fuerzas enemigas”; que a su vez deben incluir: composición, disposición, efectivos, tácticas, adiestramiento, logística, eficacia de combate, historia de la facción o unidad y zona de influencia, de estos dos grupos. (Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)

Y, a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín también llegó una orden de la Corte: “Que informen con destino a este proceso sobre las posiciones y desplazamientos que tenían las tropas, operativos y labores realizadas para los años de 1996 a 1998 en el municipio de Ituango; así como copia de las actas que den cuenta de las reuniones realizadas en las que hizo presencia el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez o un delegado del mismo con la finalidad de analizar hechos relativos a la presencia de grupos armados ilegales en dicha zona y para ese periodo”. El alto tribunal también pidió copia de todas las alertas que en su momento les envió Jesús María Valle de la arremetida paramilitar y que, al parecer, llevaron a su posterior asesinato.

En el mismo documento, el magistrado Reyes pidió documentar todos los hechos que, según versiones de exparamilitares, llevaron a la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas: el hurto de 600 cabezas de ganado de la finca Guacharacas (propiedad de los Uribe Vélez hasta 1996); la muerte del mayordomo Tobías Mira Sánchez; así como la posterior masacre de Mesa Verde, que al parecer perpetraron las autodefensas en 2001 para, supuestamente, recuperar la finca que lleva ese nombre y unas cabezas de ganado y bienes que serían de propiedad del expresidente Uribe.

Por último y entre otras cosas, la Sala de Instrucción pidió: información a la W Radio y a Caracol Radio sobre entrevistas e investigaciones periodísticas que han hecho a lo largo de estos años sobre el caso; un plano georreferencial de la finca El Ubérrimo (justamente donde hoy se encuentra detenido el expresidente Uribe Vélez); así como una serie de inspecciones a los despachos judiciales en los que, por estas más de dos décadas se ha investigado a los responsables de las tres masacres y de la muerte de Jesús María Valle.

Defensa de Uribe protesta

“Esta actuación, en nuestro criterio, carece de soporte jurídico pues la Sala Especial de Instrucción perdió competencia, para continuar con dicha investigación, desde el 18 de agosto de 2020, fecha en que el Senado aceptó su renuncia”. Con esas palabras Jaime Granados, uno de los abogados principales del expresidente Álvaro Uribe, rechazó a través de un comunicado la decisión de la Corte de citar a versión libre al exsenador y avanzar en este proceso. La decisión se profirió el 14 de agosto, cuatro días antes de la dimisión de Uribe al Congreso, pero, aun así, para Granados el proceso ya no debería estar en manos de la Corte.

Según Granados, desde 2012, Uribe le ha pedido a la Fiscalía que lo escuche y, aunque se ordenó recibirlo en versión libre en agosto de 2013, la diligencia nunca se practicó. En 2018 el caso llegó al despacho del magistrado César Reyes, el mismo que actuó como ponente en la investigación por soborno en actuación penal y fraude procesal, y fue él quien ordenó esta serie de pruebas hace unos días. “Nunca fuimos informados de que se fijara fecha para la versión libre, ni de ninguna otra prueba a practicar”. (Seis principios y derechos que se le violaron al expresidente Uribe, según su defensa)

“A pesar de que el auto que ordena pruebas aparece con fecha del viernes 14 de agosto de 2020, nos llama poderosamente la atención que el mismo sólo haya sido comunicado hasta la noche del 19 de agosto, a pesar de que el 18 de agosto se preguntó por dicho proceso en la Secretaría sin que se reportara ninguna novedad”, reclamó Jaime Granados. “Resulta inexplicable que el 19 de agosto de 2020, fecha en que ya la Sala Especial de Instrucción sabía de su pérdida objetiva de competencia, nos comunique dichas diligencias, como si se hubiesen fijado previo a la renuncia al Senado, cuando el Presidente Uribe lleva desde el año 2012 esperando ser escuchado en versión libre para aclarar todas estas infamias”.