La captura de Carlos Fabián Ruiz Pulido, secretario de Gobierno del municipio de Ramiriquí, en el departamento de Boyacá, hace parte de un operativo de la Fiscalía contra una organización que, presuntamente, matriculaba vehículos que origen ilícito. El funcionario habría aprovechado los conocimientos y contactos adquiridos mientras se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Tránsito del municipio para cometer irregularidades. (Le podría interesar: La cultura en Boyacá le rinde homenaje al agua)
Esta organización ilegal, según las investigaciones, se dedicaba a realizar el proceso de matrícula de vehículos de origen ilícito ante las secretarías de tránsito de los municipios de Duitama, Miraflores, Ramiriquí y Tunja. Cada uno de los procedimientos ilegales era sustentado, al parecer, con falsas declaraciones de importación a nombre de la casa matriz “para el caso de carros hurtados que querían hacer pasar por importados”.
“Para concretar el ilícito, los capturados supuestamente regrababan y cambiaban los números de identificación del motor y el chasis de los vehículos para ocultar el origen ilícito de los automotores; muchos de los cuales habían sido hurtados en Ecuador y Colombia, y en otros casos eran destinados a chatarrización”, precisó, este jueves, el ente investigador. (Lea también: El centro comercial más grande de Boyacá abre sus puertas)
Además de la detención de Ruiz Pulido, también fueron capturados los particulares Luis Fernando Assaf Lobo, Carlos Julio Cipamocha González, Luis Alberto Mora Olarte, Luis Antonio Ortega Ávila, Wiffer Yesidt Caicedo Márquez, Óscar Augusto Gutiérrez Gutiérrez, Luis Eduardo Mojica Cáceres y William Eduardo Navarro Núñez. Estas personas fueron capturadas en Ramiriquí y Tunja, en Boyacá; Aguachica, en Valledupar; Chaparral, en Tolima, y Bogotá (Cundinamarca).
La Fiscalía también asegura que esta organización realizaba un proceso similar con vehículos listos para el proceso de chatarrización y los hacían pasar por rematados para lo cual, explicó el ente investigador, se recurría a actas de remate. Al menos entre el 2015 y el 2017, 34 casos de vehículos habrían sido comercializados por esta organización. El valor que se cobraba por cada uno de los automotores se acercaba, según la Fiscalía, a los $30 millones. (Lea: Capturan en Boyacá a presunto abusador sexual que contactaba a sus víctimas por redes sociales)