Las razones por las que el Estado no pagará $37 mil millones por pleito de energía en Chocó

Más de 15 empresas demandaron a la Nación pues consideraron que la liquidación de la Electrificadora del Chocó afectó sus negocios y no recibieron los pagos correctos. Aunque en primera instancia ganaron la pelea, el Consejo de Estado reversó la decisión.

La Electrificadora del Chocó fue constituida mediante escritura pública el 28 de mayo de 1958 y su proceso de liquidación arrancó a finales de 1998.Pixabay

El negocio de la electricidad en el departamento del Chocó ha sido uno de grandes dificultades, de altos precios, de problemas para contrarrestar los servicios ilegales y de enormes retos para seguir funcionando, pese a la dificultades. El Departamento de Planeación Nacional lleva más de 50 años tratando de hacer que este servicio público funcione sin tantos problemas y ha invertido miles de millones de pesos para lograrlo. Aunque la gran apuesta fue la de constituir, hacia finales de los años 50, una electrificadora para mejorar el panorama, el negocio fracasó y, por orden judicial, el Estado iba a tener que pagar $37 mil millones por unos presuntos incumplimientos a los socios del proyecto.

Sin embargo, el Consejo de Estado entró a esta pelea jurídica. En una sentencia de 72 páginas cuyo ponente fue el magistrado Alberto Montaña Plata, el alto tribunal frenó la millonaria condena en contra de la Nación y aclaró que las 19 empresas que demandaron no tienen la razón. El pleito entre el Estado y los empresarios comenzó a finales de los años 90 cuando, sin más remedios y ante el fracaso del negocio de la Electrificadora del Chocó, las autoridades tuvieron que intervenir y liquidar el proyecto. La organización de Electrochocó, desde su nacimiento, dispuso que, ante la eventual liquidación del negocio, el accionista mayoritario del momento debía encargarse de todos los procesos de intervención.

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En este caso, la responsabilidad recayó en el Estado mismo y uno de sus principales objetivos fue el de “garantizar el pago de las obligaciones a cargo de la electrificadora, para asegurar la prestación del servicio público domiciliario de energía”, explicó el Consejo de Estado. En otras palabras, la tarea que tenía el equipo liquidador era que, a pesar de que el negocio había fracasado, el servicio de energía no podía suspenderse. El trabajo estuvo en manos de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, quienes, a  su vez, delegaron en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios todos los quehaceres del proceso. Y así comenzaron los problemas con las empresas. 

Además de asumir los los pagos de los pasivos del proyecto, las autoridades trazaron un plan para liquidar los bienes y tratar de que, con el dinero que estaba a su disposición, saldar las deudas que tenía la Electrificadora del Chocó con todos sus socios. Entre ellos estaban las empresas que demandaron: Merieléctrica S.A. & Cía; Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena & Cía; Termocandelaria; Empresa de Energía de Bogotá; Termotasajero S.A.; Central Hidroeléctrica de Betania; Chivor S.A; Termocartagena; Termoflores; Empresas Públicas de Medellín; Empresa de Energía del Pacífico; Empresa Antioqueña de Energía; Central Hidroeléctrica de Caldas; Interconexión Eléctrica S.A.; Transelca S.A.; Isagen; Urra S.A.; Corelca S.A.; y BP Exploration Company Limited (Colombia).

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Para los demandantes, los liquidadores del proyecto y la demora en hacerlo, pues tardó más de cuatro años, ocasionaron una serie de daños y perjuicios por los que debían responder. Según la demanda que presentaron en 2008, ante el Tribunal Administrativo de Chocó, las entidades del Estado fueron “responsable de los daños y perjuicios causados a las al no haber sido suficientes los bienes de Electrochocó para cubrir la totalidad de los créditos reconocidos en la liquidación”. En su opinión, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cometió una serie de irregularidades en la liquidación de la empresa y, en consecuencia, no consiguieron el dinero suficiente para responder por los cobros y pagarés, que en total sumaban más de $30 mil millones. La movida jurídica de las empresas para obligar al Estado a pagarles el resto del dinero fue presentar una acción de nulidad.

El Tribunal Administrativo de Chocó, el 21 de mayo de 2008, les dio la razón y le ordenó a la Nación a pagar una millonaria condena. Sin embargo, las entidades estatales apelaron la decisión, convencidas de que el proceso de liquidación se había ajustado a las normas. El caso llegó hasta la sección tercera del Consejo de Estado en la que los magistrados Martín Bermúdez Muñoz y Ramiro Pazos Guerrero, estudiaron la ponencia del magistrado Montaña y encontraron que el fallo de primera instancia había cometido graves errores a la hora de condenar a la Nación a pagar la millonaria suma de dinero. 

A la defensa de las entidades, la Superintendencia y el Ministerio de Minas y Energía, se sumó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que acompañó las solicitudes para la revisión del fallo del tribunal del Chocó. Todas ellas estuvieron de acuerdo en que, en la liquidación, no se cometió ni una sola irregularidad y que, por el contrario, se logró adelantar un proceso sin la suspensión del servicio de energía en el departamento, una tarea que dificultó el trabajo de las entidades, pero que no lo hizo imposible. Además, explicaron las autoridades, la liquidación se hizo con la plata que había en las cuentas de la Electrificadora pues no había otra opción de conseguir el dinero restante en otra parte.

Los argumentos de las entidades fueron escuchados con atención en el Consejo de Estado que, el pasado 30 de mayo, les dio toda la credibilidad. Para el alto tribunal, que revisó con atención las pruebas de todas las partes del caso, la liquidación de Electrochocó fue oportuna y pertinente, teniendo en cuenta la situación financiera que presentaba la empresa. Según el fallo, “resulta evidente que la Superintendencia actuó de manera diligente y oportuna ante la difícil situación que atravesaba la Electrificadora del Chocó” y, con respecto a las peticiones de los demandantes, aclaró que hubo una “inactividad probatoria” de su parte.

“Resulta evidente para la Sala que el daño causado a las empresas demandantes no es imputable a las entidades demandadas en ninguna de sus facetas, motivo por el cual no es jurídicamente posible declarar la responsabilidad de las entidades”, concluyó el Consejo de Estado en el fallo que declaró que el Estado no tiene que responder por los $37 mil millones que pedían los empresario. Según la Agencia, este fallo, además de ser vital para evitar este pago millonario, se convierte en un “precedente importante como garantía de la seguridad jurídica en casos similares”.

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Redacción Judicial

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Las razones por las que el Estado no pagará $37 mil millones por pleito de energía en Chocó

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