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Hace un año, el 29 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia le pidió al presidente Iván Duque conformar una terna para designar un fiscal ad hoc en la investigación del escándalo de Odebrecht. Lo hizo porque el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez solo se había declarado impedido en dos capítulos. Al final, Leonardo Espinosa fue elegido por la Corte, y cuando empezaba a tomar fuerza su mandato se quedó en el aire en mayo de 2019, tras la súbita renuncia de Martínez Neira. Hoy, el caso Odebrecht sigue tan enredado como antes, mientras el exfiscal publica un libro para hablar únicamente de la paz. Ni una palabra sobre la multinacional.
Sin embargo, desde el mismo día en que la Corte pidió un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, en el interior del alto tribunal quedaron dudas sobre el presunto encubrimiento de delitos por parte del fiscal Martínez, que posiblemente había mentido a los magistrados sobre su conocimiento de los delitos de Odebrecht, incluso antes de llegar al búnker en agosto de 2016. De hecho, la discusión de ese día (29 de noviembre de 2018) en la Sala Plena de la Corte tuvo momentos candentes. Quien puso la vara más alta de la crítica fue el entonces presidente de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández Barbosa.
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Aunque la razón para que el tema llegara a la Corte era discutir si la vicefiscal María Paulina Riveros debía separarse totalmente del caso Odebrecht, por su condición de subordinada de Martínez Neira, el debate se concentró en el fiscal y su pasado como abogado. La antesala fue la singular lectura del primer párrafo de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez por parte de un magistrado, quien luego agregó que todo el enredo del fiscal ad hoc se le parecía a Macondo. Cuando la Sala parecía enfocarse en la recusación a la vicefiscal y los líos del expediente Odebrecht, el magistrado Hernández Barbosa subió el tono.
El jurista recalcó que aquí no se trataba de mantener las apariencias relevando a una funcionaria de sus encargos como fiscal, sino que hasta un estudiante de derecho de 15 años, sin el contexto de todo lo informado por los medios de comunicación, podía darse cuenta al rompe de los intereses que se movían tras bambalinas. Justamente por esos mismos días Noticias Uno y El Espectador revelaban unas grabaciones que conmocionaron al país. En ellas, el controller de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano le informaba al abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, sobre sus hallazgos de Odebrecht.
Dichos audios fueron grabados en agosto de 2015, es decir, un año antes de que Martínez Neira tomara posesión como fiscal general de la Nación. Por eso el magistrado Hernández Barbosa estaba tan incómodo con las revelaciones periodísticas. En su sentir, Néstor Humberto Martínez les había mentido a él y a sus colegas cuando manifestó sus primeros impedimentos en marzo de 2017, pues las grabaciones daban a entender que él siempre supo más de lo que le expuso a la Corte. Incluso fue más allá: el magistrado Hernández se atrevió a decir que el fiscal Martínez podría haber intervenido en el encubrimiento de delitos.
A esa conclusión llegó tras revisar las explicaciones que el propio Martínez Neira le había dado a la Corte para separarse de dos casos del proceso Odebrecht. Como se recordará, el escándalo estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la multinacional brasileña entregó US$788 millones en sobornos a 12 países, incluido Colombia. En enero de 2017 ya habían sido capturados el exviceministro Gabriel García Morales y el excongresista Otto Bula, y cuando apenas empezaban las indagaciones de la Fiscalía trascendió el primer impedimento del fiscal. Fue en abril de 2017.
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Pero en ese momento Martínez Neira solo le dijo a la Corte que, entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, fechas para las cuales, según él, “nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”, como abogado de confianza del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo tan solo tramitó un acuerdo entre el Grupo Aval y Odebrecht por cuenta de unos gastos sin sustento o justificación de la multinacional brasileña en la construcción de la Ruta del Sol II. Que dicho acuerdo derivó en un contrato de transacción por el cual Odebrecht le pagó o reembolsó $33.000 millones a su socio en esta obra y que no supo de otras anomalías.
Otra cosa planteó el magistrado Hernández en esa Sala Plena de noviembre de 2018. Para él, Martínez Neira les debía explicaciones al país y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes —juez del fiscal— sobre el contexto de ese contrato de transacción entre el Grupo Aval y Odebrecht que pudo haber sido el instrumento para ocultar conductas delictivas graves. Una tesis que en su momento expuso la columnista de Semana María Jimena Duzán al calificar todo lo sucedido como “un pacto de silencio”. Es decir, que los hallazgos del controller Jorge Enrique Pizano no fueran investigados por la justicia.
Después de su dura intervención, el entonces presidente de la Sala Penal de la Corte remató diciendo que si el fiscal Martínez podía haber ocultado delitos, claramente la vicefiscal María Paulina Riveros, como subordinada suya, debía apartarse del caso Odebrecht para garantizar la independencia e imparcialidad necesarias. Ya era la una de la tarde del 29 de noviembre de 2018 y la gravedad de lo dicho por Hernández hizo que el presidente de la Corte, magistrado José Luis Barceló, planteara la sesión permanente para continuar el debate. Propuesta que fue respaldada por todos los magistrados.
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Al final, a pesar de la constancia del magistrado Hernández, la discusión se despachó pronto y, salvo un par de intervenciones, la Corte resolvió aprobar la figura del fiscal ad hoc y apartar a la vicefiscal Riveros del proceso Odebrecht. En ese momento el magistrado Barceló se salió de la Sala y se comunicó con el presidente Iván Duque para informarle lo que habían decidido. Y ante la premura por escoger un reemplazo, Duque le hizo saber que antes de una semana presentaría la terna para el fiscal ad hoc. Cuando todos pensaban que el tema estaba resuelto, Barceló agregó que había recibido un escrito del senador Jorge Robledo en el que le decía que lo legal era que el fiscal renunciara.
Así terminó la sala y ese mismo día la Corte le anunció al país su determinación. No obstante, ese fallo, que solo se conoció tiempo después, dejó en evidencia las dudas de la Corte respecto a la conducta del fiscal Martínez. “Una cosa es que el fiscal haya prestado una simple asesoría como abogado antes de asumir la jefatura del ente acusador, y ello le impidiera luego actuar como funcionario en el mismo caso, y otra muy distinta es que, con ocasión de la participación que tuvo como asesor del Grupo Aval, en la actualidad hayan surgido informaciones y señalamientos en su contra”, detalló la sentencia del alto tribunal.
En esa decisión, además, la Corte añadió que la situación de Néstor Humberto Martínez era muy compleja, y soltó esta pulla: “Ya no solo tiene un impedimento por haber asesorado profesionalmente a una de las empresas del Grupo Aval involucradas, sino que hoy enfrenta una denuncia penal, lo cual obviamente le genera un interés personal en el trámite que se le den a esas investigaciones, y en las resultas de las mismas, porque de ellas dependerá en gran medida su propia suerte”. Algunos magistrados de manera particular dejaron algunas constancias. Por ejemplo, Gerardo Botero, a quien le correspondió el estudio del impedimento de la vicefiscal.
Botero dijo que el caso Odebrecht era enorme, que estaban siendo investigados seis contratos públicos que comprometían más de US$32 millones en posibles sobornos o aportes irregulares a tres campañas presidenciales entre 2010 y 2014 y que este expediente de trascendencia nacional e internacional afectaba intereses políticos, sociales y económicos de la nación e involucraba a altos funcionarios y entidades del Estado. Por su parte, el magistrado Luis Armando Tolosa agregó en su salvamento de voto que el episodio Odebrecht es el caso de corrupción más importante de América Latina.
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Asimismo explicó que se trata de un proceso que “ha develado diferentes maniobras fraudulentas, operaciones ilegales y estrategias criminales de los grupos económicos para enriquecerse a costa de los dineros públicos”. Por eso, el magistrado Tolosa pidió un cambio en el enfoque de la investigación para integrar todos los capítulos del caso Odebrecht en un solo macroproceso, porque, de no hacerlo así, sería persistir en un análisis “incompleto, desarticulado, parcializado y sesgado” del escándalo de corrupción más importante de los últimos tiempos. Aunque quedó su petición, las pesquisas del caso siguen siendo una colcha de retazos.
Al margen de estas consideraciones jurídicas, una semana después del debate del 29 de noviembre de 2018, el presidente Iván Duque presentó su terna y poco después fue elegido el abogado Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc del caso Odebrecht. Sin embargo, tan solo estuvo en ese cargo cinco meses, pues el fiscal Néstor Humberto Martínez renunció en mayo de 2019. Pero no por Odebrecht, sino por sus diferencias en el caso de Jesús Santrich y la garantía de no extradición que le dio la Jurisdicción Especial para la Paz al exguerrillero. Se fue echando dardos a diestra y siniestra, pero la sombra de Odebrecht lo sigue incomodando.
El último capítulo se dio por cuenta de una petición de la Procuraduría, hecha el pasado 20 de agosto, para que se desarchive la investigación por la muerte de Alejandro Pizano Ponce de León, hijo del controller Jorge Enrique Pizano. El joven falleció en extrañas circunstancias el 11 de noviembre del año pasado, apenas tres días después de la muerte de su papá. Según la Fiscalía, Alejandro murió por accidente al ingerir una botella con agua saborizada que tenía cianuro y que presuntamente iba a consumir su papá antes de que le diera un infarto. Para el Ministerio Público no es claro que este deceso (el de Alejandro) haya sido accidental.
Es más, sostiene que no está demostrado que el controller Jorge Enrique Pizano haya preparado la botella de agua con cianuro, tampoco que haya dejado la botella en el escritorio de su cuarto y mucho menos que tuviese la intención de suicidarse. En consecuencia, para la Procuraduría “no se puede atribuir la muerte de Alejandro Pizano a la intención de suicidio de su padre”, pues además no se investigó la posible participación de terceros en estos hechos ni se llamó a declarar a varias personas que estuvieron en la finca de los Pizano en Subachoque (Cundinamarca). En últimas, se archivó el caso en apenas dos meses.
En respuesta a esa posición de la Procuraduría, Martínez Neira reiteró hace casi un mes, en diálogo con W Radio, que durante su administración esos hechos se investigaron a cabalidad y que la conclusión fue que la muerte de Jorge Enrique Pizano fue natural y la de su hijo Alejandro, accidental. De todas maneras, el caso Pizano y las sombras del expediente Odebrecht todavía persiguen la gestión del exfiscal. Ahora también lo hace la constancia que dejó hace un año el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa en el sentido de que Martínez Neira le mintió a la Corte. Al margen de esta controversia, el exfiscal está concentrado en la promoción de su libro Las dos caras de la paz.