Las víctimas de masacres y desaparición forzada por las que peregrinan en el Alto Ariari

Desde hace cuatro años, organizaciones sociales caminan por esta subregión por la región del Meta para recordar a las víctimas de los grupos paramilitares y agentes del Estado. Aseguran que estos crímenes hicieron parte de un plan criminal dirigido para exterminar a la Unión Patriótica. Estos son algunos de los crímenes emblemáticos de la zona.

María Mercedes Méndez, Tulia Rosa Peña y William Obando fueron tres de las cinco víctimas de la masacre de Caño Sibao de 1992.Archivo paticular.

Del próximo 1° al 7 de febrero de 2020, organizaciones sociales como la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, el Comité Memoria y Veeduría a los Procesos de Reparación Integral El Castillo y la Parroquia San Antonio María Claret harán una peregrinación desde el municipio de Granada hasta El Castillo (Meta). El recorrido, el cual se realiza desde hace cuatro años, reúne a diferentes sectores sociales y organizaciones para acompañar a los familiares de desaparición forzada, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos que ocurrieron en esta zona del departamento.

Vea: “Se trazó con sangre una frontera invisible entre El Dorado y El Castillo": Tatiana Duplat

Desde donde parte esta caminata, en El Castillo, la región es conocida como Alto Ariari, la cual también comprende los municipios de Guamal, Cubarral, El Dorado y Lejanía, en el piedemonte llanero. Se encuentra ubicado a 90 kilómetros de Villavicencio y a 35 kilómetros de Granada. El municipio de El Castillo ha sido escenario de guerra y que se recrudeció a partir de la ruptura de los Diálogos de Paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las Farc en enero del 2002. Tras esas infructuosas conversaciones, el gobierno ordenó el inicio de la Operación Conquista, desarrollada por el Ejército y la Fuerza Aérea como parte de su estrategia antisubversiva.

Entre los meses de enero y abril de 2002, las operaciones militares generaron algunos enfrentamientos con el frente 26 de las Farc en el Ariari. En ese escenario, la guerrilla emboscó el 28 de enero de ese año a unidades militares, activando una "casa bomba" que generó la muerte de por lo menos medio centenar de uniformados. Este hecho provocó por parte del Ejército, según la Corporación Claretiana, la persecución a pobladores de la región, señalandolos de ser parte de las estructuras de la guerrilla. "Se presentaron las primeras detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, la primera de ellas, la del menor de 17 años de edad, Eider Quiguanas, en la vereda La Floresta, el 29 de enero de 2002", dice el informe Noche y Niebla del Cinep Ariari: Memoria y Resistencia.

Desde mayo de ese año, denunció la comunidad de El Castillo, los grupos paramilitares llegaron al municipio y anunciaron a los pobladores su llegada, advirtiendo sobre las acciones que realizarían contra lo que ellos catalogaban “auxiliadores o miembros de la guerrilla”. Ese día fue asesinado, con un tiro de gracia, el campesino José Delfín Espinel y su cuerpo fue encontrado, denunciaron las comunidades, a pocos kilómetros de donde se encontraba la Fuerza Pública. En ese momento los paramilitares se identificaban como las Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC) y desde 2003 empezaron a identificarse como el Bloque Centauros.

A partir del mes de agosto de 2002, se desarrolló una segunda fase para el posicionamiento de lo paramilitar generando desplazamientos y la ejecución extrajudicial de Eder Carvajal por, supuestamente, miembros de la Fuerza Pública. A partir de este momento el desplazamiento forzoso de las familias de la región se dio hacia la ciudad de Villavicencio, Bogotá y otras regiones del país. Muchas familias realizaron su desplazamiento forzado dentro del mismo municipio, de las veredas hacia el corregimiento de Medellín del Ariari (El Castillo); otras salieron hacia municipios vecinos como La Uribe y se asentaron en el corregimiento de La Julia; otras hacia los municipios de Vistahermosa y La Macarena, en particular a la población de Puerto Toledo, entre otros lugares.

En agosto de 2003, en este mismo municipio, también fue asesinado Reinaldo Perdomo, un líder de la Comunidad Civil de Vida y Paz, Civipaz, un grupo de 700 familias campesinas del Meta que desde la década de los ochenta venía exigiendo al exige titulación de tierras.Pese al asesinato de Perdomo y de por lo menos otros 260 campesinos de la región, la comunidad aún perdura a los actores armados que aún hacen presencia en la zona o que han mutado en otras organizaciones al margen de la ley.

El 6 de febrero de 2004 la lideresa campesina María Lucero Henao, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Esperanza del Castillo, y sindicalista de Sintragrim, fue asesinada junto con su hijo menor de edad. Ellos, junto con otras familias de la región, se resistieron al desplazamiento forzado en espera de que se generaran garantías para el regreso de los desplazados que estaban en Villavicencio. Su asesinato provocó el desplazamiento forzado de los habitantes que aún quedaban en Puerto Esperanza. 

"Entre enero del 2003 y abril del 2006, en la cronología de los crímenes se registra la perpetración de cerca de 200 casos de violaciones a los derechos fundamentales. Crímenes en medio de un clima de terror, por las torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, bloqueo económico, amenazas de muerte en el Alto Ariari y más de un millar de familias desplazadas hasta finales de 200213, con cerca de 120 familias más 14 que se sumaron hasta 2005. A partir de 2005 se incrementaron las violaciones en la región del Bajo Ariari, en el marco del Plan Patriota, con la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares", reseña el Cinep en su informe.

Este escenario de guerra estuvo precedido por una estrategia de persecución y exterminio contra los integrantes de la Unión Patriótica – UP, que se vivió entre 1985 y 1996, dejando como resultado centenares de asesinados en la región. el 3 de junio de 1992, hombres al mando del jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, asesinaron a cinco funcionarios de la alcaldía de El Castillo (Meta). El grupo agredido estaba integrado por Maria Mercedes Méndez, alcaldesa saliente; William Ocampo Castaño, quien llevaba tres días como alcalde; Rosa Peña Rodríguez, tesorera municipal; Ernesto Sarralde, coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica; y Armando Sandoval, conductor.

En Caño Sibao, zona ubicada en la vía que de Granada conduce a El Castillo se perpetró la masacre.  Cuando los hombres armados vieron venir la camioneta en la que se trasportaba la comitiva oficial les lanzaron granadas y después les hicieron varias ráfagas de disparos. Horas antes, las cinco víctimas habían tenido una reunión en la Brigada VII del Ejército en Villavicencio, en la que reclamaron condiciones de protección para su ejercicio político. El gobernador del Meta, Armando Baquero, cuando se enteró de los hechos pidió a la Fuerza Pública asentada en El Castillo que se dirigiera a Caño Sibao. Sin embargo, según Baquero, no hicieron presencia con el argumento de que podrían ser emboscados por la guerrilla.

El 3 de julio de 1988, en el mismo lugar, 17 campesinos fueron asesinados mientras se movilizaban en un campero de servicio público. El comandante de la VII Brigada, Harold Bedoya Pizarro, enseguida atribuyó la matanza al frente 26 de las Farc. Sin embargo, en abril de 1989, los paramilitares que participaron en esa masacre, William Góngora Sierra y Camilo Zamora Guzmán alias Travolta, confesaron ser parte de la estructura paramilitar financiada por el esmeraldero Víctor Carranza y de paso admitieron su participación en esa masacre, lo mismo que en decenas de asesinatos y desapariciones forzadas de simpatizantes, militantes y dirigentes de la UP.

Desde mediados de los años cincuenta la región del alto Ariari se convirtió en refugio para desplazados de la época de la violencia liberal conservadora. Eso permitió que en los años 60 y 70 se conformaran varias organizaciones campesinas de izquierda, habitualmente acosadas por la Fuerza Pública bajo la sindicación de ser base social de los grupos insurgentes. Cuando surgió la UP a partir de 1985, las mismas organizaciones encontraron espacio político, además en apoyo a los diálogos de paz de la era Betancur. Por eso, la UP ganó varias elecciones locales en El Castillo, lo que provocó que el paramilitarismo convirtiera a los elegidos y sus apoyos en objetivo militar. En el corregimiento de El Castillo, Medellín del Ariari, se presentaron otras dos masacres de las que poco se recuerda.

La primera masacre ocurrió en la madrugada del 22 de noviembre de 1986, cuando seis militantes de la UP fueron asesinados. Dos de ellos acribillados en la finca donde ocurrieron los hechos y los otros cuatro asesinados a pocos metros del lugar. Dos años después, el 29 de febrero de 1988, cayeron otros tres simpatizantes de la UP que habían sido sacados de sus casas ocho días antes. Habitantes de la zona aseguraron que casi 30 años después de estos hechos, la situación de orden público sigue siendo crítica. “Desde que la guerrilla se movilizó, la presencia de otros grupos armados ilegales viene en aumento. Los líderes de los sindicatos sufren amenazas, y en Caño Bonito o Medellín del Ariari la zozobra ha vuelto. 

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Redacción Judicial

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