En el departamento de Córdoba, los pobladores, las autoridades estatales, instituciones y empresarios, no han terminado de arreglar el desorden que dejó la desmovilización de las AUC, cuando se vislumbra la llegada de más hijos de la guerra, en esta ocasión de las Farc, un proceso que se concretará en menos de seis meses.
La situación es desalentadora en Córdoba, segundo departamento que después de Antioquia acogió el mayor número de ex paramilitares en 2005. De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), se desmovilizaron 3.302 integrantes de las AUC, de los cuales 2.926 ingresaron a la ruta de reintegración creada por el Gobierno, pero ni siquiera la cuarta parte ha encontrado una oportunidad laboral formal.
Son varias las dificultades que ha atravesado el proceso de reintegración: el cambio continuo de legislación, y la descoordinación entre las ramas del poder público en la expedición y aplicación de leyes para la desmovilización, desarme y reintegración; el fracaso de los proyectos productivos; la reincidencia de desmovilizados que se rearmaron y participan en bandas criminales y, sobre todo, la falta de oportunidades laborales.
La incertidumbre laboral de los ex combatientes de las AUC es el principal problema de este proceso. Es claro que sin opciones de empleo no hay reintegración completa. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA) expresó en su último informe en diciembre de 2014 su preocupación por la salida del programa de algunos desmovilizados, que a pesar de que se han educado y graduado, no han encontrado oportunidades de empleo porque predomina la fuerte estigmatización.
Para Liliana Cogollo Ferraro, coordinadora de la ACR en Córdoba, falta conciencia para entender que las personas en proceso de reintegración merecen una segunda oportunidad. Y muestra las cifras que evidencian el problema: de 2.926 excombatientes que han ingresado a la ruta de reintegración, sólo 296 han encontrado una oportunidad laboral formal, y 1.209 han encontrado en la informalidad su tabla de salvación para no retomar a las armas, sostener a sus familias y enfrentar la estigmatización.
Y llama la atención sobre una cifra preocupante: el 47% de las personas que se desmovilizaron eran analfabetas. Pero explica que 2.068 personas han adelantado cursos de formación para el trabajo, mientras que 858 más aparecen sin dato porque ya no están en el proceso o no han recibido formació
Cuando las personas ya están preparadas, explica la funcionaria, se buscan alianzas con el sector privado, la academia y los entes territoriales para que puedan trabajar. “A nivel nacional el esfuerzo ha sido muy grande así como los resultados. Sin embargo en Córdoba la situación es preocupante porque no hemos obtenido los resultados que quisiéramos”, indicó Liliana Cogollo.
Y reconoció, además, que la entidad debe asumir el reto de seguir formando a las personas para que tengan el perfil que exigen las empresas en Córdoba. “Sabemos que no todos están preparados para trabajar porque no todos están en el mismo momento de su proceso de reintegración, procuramos que la gente que vaya a las empresas sea la que está preparada para hacerlo”, explicó.
No hay corresponsabilidad
El sector privado ha puesto su cuota en este problema. Liliana Cogollo cuenta que el año pasado la ACR visitó cien empresas para presentarles la estrategia de mediación laboral con acompañamiento de la OIM con el objeto de crear oportunidades a la población en reintegración, pero sólo el 15% abrió nuevas fuentes de empleo y en proyectos de reconciliación y servicio social.
Los empresarios, por su parte, no admiten que se trate de estigmatización; argumentan que el personal no reúne el perfil que exige el sector productivo en Córdoba. Mauricio Vergara, gerente de Licosinú, propone que se hagan nuevas alianzas con las agremiaciones y con el SENA. “La capital está creciendo en el área de la construcción y a veces debemos contratar personal de afuera porque acá no hay quien haga determinados trabajos. Yo propondría que la ACR adelante un estudio y haga un inventario de necesidades laborales, para ampliar la oferta de estudios”, sostuvo el empresario.
La Coordinadora de la ACR coincide en que no todos los empresarios contratan para servicios generales, también piden personas para trabajos calificados. “Nosotros las tenemos. Hay más de 250 personas que trabajan en el sector formal, que cotizan en el régimen contributivo, pero a los que están en proceso de reintegración les da temor decir que son desmovilizados”, dijo Cogollo Ferraro.
A departamentos como Santander, Antioquia y Cundinamarca les ha ido muy bien en empleabilidad, pues la estigmatización no es tan fuerte y hay más ejercicios de corresponsabilidad, pero Córdoba no lo ha superado, quizás porque fue epicentro de las AUC y, en la región, estas personas son reconocidas como desmovilizadas. La mayoría de los que están en la ruta de reintegración pertenecieron a los bloques Catatumbo, Córdoba y Minero.
En este punto hay que resaltar que la inversión del Estado en los programas de reintegración es muy grande. De hecho, Colombia es el único país en el mundo que aporta cerca del 95% de sus recursos propios. También se nutre con dineros de cooperación internacional de Usaid a través de la OIM y de las embajadas de Suiza y Canadá.
Además, se destacan otros programas como el del primer empleo, que ofrece beneficios tributarios a los empresarios por cada persona desmovilizada que contraten.
Otro compromiso, que no se cumple a cabalidad, es el decreto que dispone que el 10% de las personas que el INVIAS contrate sean desmovilizadas. “Nosotros hablamos con los contratistas que ganan los proyectos y nos solicitan personas preparadas para los perfiles requeridos, hacemos el contacto, pero no los contratan”, dijo Cogollo Ferraro.
Lecciones sin aprender
Desde diferentes instancias se ha llamado la atención por el fracaso de los llamados proyectos productivos para que esta población adquiera independencia económica. El sociólogo Víctor Negrete ha sido incisivo al señalar que esta es una de esas lecciones del pasado que no se aprendió. Y recuerda las primeras entregas de las guerrillas liberales del Alto Sinú, en 1953, y la del San Jorge, en 1959.
“En ambos casos el gobierno incumplió con lo prometido. Luego se vivió la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Puerto Libertador. Los proyectos productivos fracasaron porque estos muchachos no sabían leer ni escribir, no tenían experiencia en el manejo de empresas y no contaron con la asesoría del gobierno”. Y la historia se repitió, recalca el académico, con las Autodefensas. “Primero se les dio a todos los desmovilizados unos apoyos económicos; luego se les dio solo a los que adelantaban estudios. La mayoría fracasó. Es costoso y difícil, pero si no se involucra a la familia y la gente del medio donde vive el desmovilizado, el conflicto seguirá”, recordó Negrete.
Pero además del fracaso económico, los proyectos productivos terminaron envueltos en un escándalo que saltó a los medios en 2013 por revelaciones de la Unidad de Persecución de Bienes de la Unidad de Justicia y Paz. En ese momento se cuestionó la falta de reglas claras y de control del Estado, situación que, a juicio de la entidad, le ocasionó al gobierno pérdidas por más de mil millones de pesos que se habían invertido en la siembra de caucho, acacia, palma africana, teca y cacao. Estos cultivos se hicieron en predios de Tierralta, de propiedad de Salvatore Mancuso, quien posteriormente los entregó para reparar a las víctimas de esa región. Luego de allanamientos, la Fiscalía constató que pertenecían a testaferros del ahora extraditado exjefe paramilitar.
Duro aprendizaje
Aun así se han ido mejorando algunos aspectos, rescata la Coordinadora de la ACR. Y cita como ejemplo el cambio de política en los proyectos productivos: “En 2011 se expidió una resolución en la que se especifica qué debe cumplir una persona para acceder al beneficio de reinserción económica”.
Cuando la ACR arrancó con su tarea en Córdoba, no contaba con profesionales suficientes. Hoy cuenta con un esquema donde cada profesional atiende alrededor de 50 personas. “La academia fue fundamental en este proceso porque ha venido estudiando qué aspectos deberían mejorarse y la misma experiencia nos lo ha dicho”, admite la funcionaria.
El proceso arrancó con unas debilidades en temas de reconciliación que, para Cogollo Ferraro, hoy son el fuerte de la entidad. En Córdoba se han desarrollado más de 200 acciones desde el 2012 hasta hoy. Una de ellas fue la experiencia de las escuelas de perdón y reconciliación en Cantaclaro, con el apoyo de empresa privada, la parroquia Divino Niño y la UPB.
Un aspecto positivo, que debería implementarse con las Farc, es el modelo de reintegración comunitaria que ha mejorado la calidad de vida de las comunidades por medio de activos como las casas para las Juntas de Acción Comunal, las bibliotecas mejoradas y la transformación de espacios que antes servían para el conflicto, en sitios de paz y de reencuentro de las personas en proceso de reintegración con las comunidades.
Falta compromiso de los alcaldes
Las deudas con la población desmovilizada no provienen únicamente del gobierno nacional y de los empresarios, la mayoría de los entes territoriales le han dado la espalda al proceso. La Ley 1450 obliga a alcaldes y gobernadores a incluir en sus Planes de Desarrollo una política pública para apoyar el proceso de reintegración. Pero de los 30 municipios que tiene Córdoba, apenas seis los han incluido. Solo uno, Tierralta, ha hecho ejecución presupuestal.
La coordinadora de la ACR señala que algunos municipios no han podido materializar los planes porque se declararon en quiebra. Los municipios que recibieron mayor población desmovilizada fueron en su orden Montería, Tierralta, Valencia, Montelíbano, Planeta Rica y Cereté. (ver infografía) Y el balance no es favorable: “Tierralta ha aportado, pero no lo que se esperaba para la gran cantidad de desmovilizados que recibió; Valencia no ha incluido la reintegración en su Plan de Desarrollo; Cereté apoyó pero en la administración anterior. De Montelíbano tampoco hemos recibido respaldo”, anotó Cogollo Ferraro.
El caso de la capital cordobesa requiere un análisis especial, dice la ACR, teniendo en cuenta que es un municipio en crecimiento. “Con Montería ha sido muy difícil en el tema de la apropiación presupuestal y del Plan de Desarrollo”, explicó Cogollo.
El alcalde Carlos Eduardo Correa, en su defensa, dijo que su administración ha vinculado laboralmente en diferentes proyectos a cerca de cien personas pertenecientes a la población desmovilizada. “En materia de vivienda se han beneficiado setenta familias de acuerdo a la información que tenemos hasta el año 2013”, explicó.
Para el mandatario, ninguna ciudad del país está preparada para una nueva desmovilización y por eso considera que desde el gobierno nacional debe darse un apoyo a los entes territoriales para atender a estas personas.
Es interesante analizar el caso de Tierralta, el segundo con mayor número de desmovilizados y de personas en el proceso de reinserción y el único que ha materializado la inversión presupuestal contemplada en el Plan de Desarrollo. No obstante, su alcalde Carlos Arturo Cogollo Lara, admite que se ha equivocado por falta de asesoría. “Al momento de elaborar el Plan de Desarrollo no sabíamos en qué renglones podíamos trabajar. Cuando me explicaron cómo era, nos dimos cuenta de que estábamos equivocados”, reconoció.
Vea la segunda parte de la investigación aquí: Las deudas de la desmovilización en Córdoba
* Esta historia es resultado del proyecto "La cobertura periodística del conflicto y la paz", en su fase editorial liderada por Consejo de Redacción (CdR) con el apoyo de International Media Support