Las lecciones de Mapiripán

Catorce años después de ocurrida la masacre, una de las supuestas víctimas reconoció que a sus familiares no los mataron en los horrendos ataques paramilitares perpetrados en complicidad con agentes estatales y puso con ello en entredicho la condena del organismo interamericano al Estado colombiano. El exjuez cree que si hubo menos víctimas de las que dice la condena, la responsabilidad no es de la Corte Interamericana.

Colombia aún no se repone de la tragedia de la masacre perpetrada entre el 15 y el 20 de junio de 1997 por comandos paramilitares desplazados por vía aérea y terrestre hacia Mapiripán, Meta, y que cobró la vida de unas 50 personas, según estableció ocho años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una historia dolorosa que durante muchos años se ha utilizado como ejemplo de la barbarie paramilitar y sobre la cual abre ahora un nuevo manto de duda tras la aparición del testimonio de una lugareña que argumenta que uno de sus familiares, supuestamente muerto en la incursión paramilitar, habría caído en realidad en hechos aislados y como consecuencia de balas guerrilleras. De hecho, otro de sus familiares que también se creía muerto en Mapiripán, habría resultado vivo años después.

El tema levantó controversia porque la masacre no solo fue investigada en Colombia sino que fue causal de condena internacional contra Colombia, y hasta se tuvo que pagar indemnización a los parientes de las personas asesinadas, algunas de las cuales resultaron ser falsas víctimas de la masacre.

Carlos Vicente de Roux, expresidente de dicho tribunal y hoy candidato a la reelección como concejal de Bogotá, asegura que si hubo fallos en la investigación estuvieron en la justicia colombiana, porque la CIDH, emite sus fallos de acuerdo con la información que recaban entre las autoridades locales. Incluso dice que el Estado colombiano debió ser más activo en el proceso para evitar un escándalo de este tamaño.

¿Es posible que hayan engañado a la Corte?

El Estado no puede decir que la Corte se equivocó porque la Corte actúa con las evidencias proveídas por el propio Estado. Ahora, no es que el Estado salga y diga que engañaron a la Corte, no señor. La Corte no tiene un cuerpo de investigadores, la Corte convoca al Estado y le dice: vamos a estudiar su caso pero que usted tiene que ayudarme a esclarecer los hechos. Con base en todo eso es que se produce el fallo

¿Hubo falencias del Estado en el caso Mapiripán?

Es evidente que el Estado incumplió con sus deberes. Si la Corte no recibió todos esos elementos es culpa del Estado, el problema es que el material probatorio del Estado estuvo incompleto. Y hay que recordar que el fallo no es apelable, no hay precedentes de que la Corte modifique sus fallos.

¿Por qué es importante resaltar que la Corte no determina responsabilidades penales?

Porque la Corte no sanciona a individuos sino al Estado. En las responsabilidades penales se necesita que haya plena prueba para condenar. En cambio, la Corte declara si el Estado ha sido internacionalmente responsable, si el Estado garantizó ciertos derechos o si los violó.

Esto, en el contexto de Mapiripán, ¿qué significa?

En un caso como el de Mapiripán el Estado no es como cualquier particular. El Estado no es un ente al cual hay que probarle que cometió un delito. Los estados están en la obligación de contribuir con medios probatorios para que los examine la Corte, ya sean probatorios de defensa como aquellos para demostrar que ocurrieron las violaciones.

¿No existe la presunción de inocencia?

No en este tipo de procesos. Hay una responsabilidad estatal de proteger los derechos y de ayudar a que se esclarezca la verdad.

¿Cómo es el trámite normal de este tipo de procesos en el sistema interamericano?

Esas denuncias se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión hace un trámite y posteriormente da unas recomendaciones. Si estas no son cumplidas, se remite el caso a la Corte Interamericana. En la Corte el Estado ya es un demandado y la Corte termina su actuación con una sentencia por violación a la Convenciónon Americana de Derechos Humanos.

¿Con qué evidencias emite la Corte sus fallos?

Las actuaciones de la Corte se apoyan en los procesos que se han adelantado en los propios países, porque el tribunal no tiene cuerpos técnicos de investigación judicial. Es decir, se basa en elementos de la Fiscalía, de las cortes nacionales. El Estado no es una parte débil, los estados tienen toda la responsabilidad de aportar los elementos para esclarecer todos los hechos.

¿Qué tiene en cuenta la Corte en procesos de esta naturaleza?

La Corte tiene en cuenta, básicamente, los perjuicios materiales y morales, en eso es muy parecida a la justicia interna: reparación simbólica, reparación con perdón, monumentos; digamos que hay unas formas de reparación que son del ámbito interamericano, además de un pago que compensa las pérdidas materiales, la congoja. Se siguen criterios muy universales. Lo novedoso son los actos simbólicos de pedir perdón y otras formas de reparación e investigación para que ningún crimen queda impune.

¿Es necesario determinar el número de víctimas?

Claro. Es que la masacre fue hace muchos años, se puede decir que en algún sentido falló el Estado colombiano en no esclarecer los hechos, que de acuerdo con la Convención es uin aspecto tan importante. ¿Cómo es que después de 14 años nos dicen ‘fueron tantas víctimas y no tantas’?

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