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La jueza tercera de control de garantías legalizó la captura del alcalde de Girardot, César Fabián Villalba Acevedo, investigado por presuntamente entregar kits de aseos y merados para garantizar su elección en los comicios celebrados en octubre del 2015.
En la misma determinación la funcionaria judicial ordenó la libertad inmediata del secretario de salud de Cundinamarca, Diego Escobar Guinea. Se determinó que se presentó una irregularidad por parte de la policía judicial en la detención otrora exalcalde municipal.
La jueza señaló que el funcionario fue detenido en la oficina del fiscal del caso cuando se acercó a conocer más detalles de la investigación que existía en su contra. Igualmente existió un problema de forma puesto que la orden de detención tenía fecha del 27 de septiembre pero la misma fue firmada el 28.
La Fiscalía General los investiga por haber conformado un plan para presionar a los electores y así ganar las elecciones. En su administración Villalba habría firmado dos contratos para disfrazar la entrega de los 305 kits de aseos y 605 mercados que fueron utilizados para ganar electores.
Los convenios firmados con tenían un valor superior a los 1.400 millones de pesos. De esta forma se buscó que Villalba, quien fungía como su secretario de desarrollo, fuera elegido. Los kits fueron entregados por concejales y familiares del candidato como dádivas a personas que se comprometían a votar por él.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez explicó que en los documentos oficiales se presentó la entrega de estas ayudas. Sin embargo, se comprobó que en muchos casos los mismos llegaron a personas que aparecían muertas, no estaban inscritas en el Sisbén o cuyas cédulas no correspondían.
Igualmente, habrían presionado a servidores de la Alcaldía para que votarán a favor de Villalba si querían mantener su empleo. Los contratistas también recibieron amenazas para apoyar la candidatura, de lo contrario se le cancelarían o no tendrían renovación de los convenios.
La Fiscalía investiga la entrega de 501 auxilios de mejoramiento de vivienda por $576 millones de pesos y 14 reubicaciones en las que se habría invertido 140 millones de pesos. Por estos hechos se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante y peculado por apropiación.