Legalizan captura de juez procesado por irregularidades en un proceso

El juez 23 civil municipal de Bogotá es investigado por su presunta participación en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Un juez de garantías legalizó la captura del juez 23 municipal de Bogotá, quien fue detenido en la tarde de este miércoles por agentes de la Sijín de la Policía en los juzgados civiles en el centro de Bogotá en el marco de una investigación que se le adelanta por las presuntas irregularidades que rodearon un proceso empresarial.  

En su intervención, el fiscal del caso indicó que el funcionario judicial es investigado por su presunta participación en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación por las irregularidades que habrían rodeado el proceso ejecutivo que se adelantó contra la empresa de cementos Cemex, quien se declaró como víctima en esta actuación penal. 

Sin embargo, en la diligencia judicial el fiscal del caso no dio mayores detalles sobre los hechos materia de investigación, hecho que fue cuestionada por el abogado defensor del procesado quien presentó recurso de apelación argumentando que la captura del juez es ilegal.

En su intervención el jurista indicó que al momento de la detención los agentes de la Policía no le entregaron los detalles de la captura, los requerimentos de las autoridades, los hechos materia de investigación.

“En ese momento se le informan que era requerido por dos delitos, sin embargo poco después se le presentaron otros delitos”, señaló el abogado al considerar que se le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa ya que esta es la hora que no se sabe por qué fue capturado.

El profesional del derecho manifestó que no se presentaron motivos razonables ni elementos materiales que justificaran la detención del funcionario judicial ni las razones por las cuales es presentado ante un juez de garantías.

La defensa de José Aristóbulo Vargas Martínez, capturado por estos hechos, cuestionó seriamente el papel de la Fiscalía al indicar que se le vulneró el debido proceso de su cliente.

Vargas Martínez tendrá que responder por los delitos de abuso de confianza, fraude procesal y falsedad en documento privado. Sin embargo su abogado manifestó que desconoce los hechos por los cuales su cliente fue procesado y es presentado en la diligencia judicial que se adelanta en el complejo judicial de Paloquemao.

Estos argumentos fueron rechazados por el fiscal del caso, quien pidió que en el fallo de segunda instancia se confirme la legalidad de esta detención.  

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