"Ley de Amnistía juega rol fundamental para la terminación del conflicto": minjusticia

La intervención del ministro Gil Botero duro, aproximadamente, 35 minutos ante el alto tribunal. / Archivo El Espectador.

Para este miercoles la Sala Plena de la Corte Constitucional citó una audiencia pública para debatir la ley de amnistía que se elaboró en el marco del actual proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. El primero en exponer sus argumento ante aquel alto tribunal fue el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. El alto funcionario aseguró que la ley en cuestión cumple satisfactoriamente con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

(Ver: La ley de amnistía quedó mal hecha: Todd Howland)

El jefe de esa cartera ministerial, también aseguró que esta figura ya ha sido aplicada en Colombia a principios de los años noventa para facilitar la reincorporación de miembros de las guerrillas del EPL y del Quintin Lame. “Estos antecedentes permiten reconocer la importancia de la ley de amnistía para el cumplimiento integral del acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc”, apuntó el alto funcionario. 

Según Gil Botero,  se han  beneficiado de esta ley 6.637 guerrilleros. Además fue enfático en decir que esta ley excluye a quienes cometieron delitos en el contexto de más de medio siglo de guerra que no sean de carácter político o conexos. "Ningún perpetrador de crímenes graves cometidos en el contexto del conflicto colombiano será objeto de amnistía o indulto", puntualizó el ministro. 

(Ver: El ABC de la ley de amnistía para las Farc)

"La ley juega un rol clave para la terminación del conflicto y la promoción de la convivencia en la sociedad. Su efectiva ejecución impactará positivamente en el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz, por eso solicito que la Corte, en su estudio de constitucionalidad, tenga en consideración la importancia que juega esta ley para este proceso”, dijo Gil Botero.

A el acto público fueron citados los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero; el de Defensa, Luis Carlos Villegas; el fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el procurador, Fernando Carrillo Flórez; el alto comisionado de la Naciones Unidas, Todd Howland; el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, así como varios académicos.