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hace 36 mins

Líos por concurso del Inpec

Cuestionan que se dejaron de ofrecer vacantes y se modificaron los requisitos necesarios para acceder a otras tantas. Señalan que hay por lo menos 30 mil afectados.

El Inpec se prepara para llenar 2.100 plazas vacantes. / Archivo
El Inpec se prepara para llenar 2.100 plazas vacantes. / Archivo

En medio de señalamientos y controversias avanza la convocatoria pública con la que se pretende llenar 2.100 vacantes en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). En el proceso ha habido quejas y hasta denuncias porque, al parecer, a algunos de los candidatos a ocupar estas plazas les habrían “tumbado” su plata.

El 11 de diciembre de 2012, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) convocó a un concurso público para llenar 2.137 plazas que se encontraban en provisionalidad desde hacía varios años. Los interesados debían cancelar entre $29.000 y $19.000 para obtener un pin con que participar.

Se entregaron 79.873 pines para la postulación a cargos profesionales en el Inpec y 96.453 para cargos técnicos y asistenciales. En total, entre enero y febrero de este año fueron vendidos 176.326 pines para acceder a los 2.137 cargos. Después de que compraran los pines, se les informó a los aspirantes que, debido a una reunión de la CNSC con el Inpec, se iban a hacer unos cambios en la convocatoria, avalados por la ley.

No obstante, al parecer los cambios fueron exagerados. El 13 de marzo de 2013 se dieron a conocer las modificaciones; una de ellas, que los aspirantes debían ser colombianos. En la anterior convocatoria esto no había sido explicitado, y al parecer una ciudadana ecuatoriana compró el pin, con la mala fortuna de que ya no le servía.

Además se dejaron de ofertar varias plazas, entre ellas la de capellán, y se empezaron a ofertar otras que en la anterior convocatoria no se habían tenido en cuenta. De 2.137 cargos quedaron en oferta 2.100 cargos. Sumado a ello, se le hicieron cambios radicales al Manual de Funciones y Requisitos para las vacantes ofertadas. De acuerdo con empleados del Inpec consultados por El Espectador, estos cambios se hicieron de forma ilegal y perjudicaron por lo menos a 30.000 personas que habían comprado su pin, pero que dejaron de ser idóneas para los cargos ofrecidos o que vieron que las plazas a las que aspiraban dejaron de existir, como les ocurrió a quienes aspiraban al cargo de secretario ejecutivo grado 20. Es decir, la platica se perdió. Sumados los recursos pagados por los aspirantes que no se han inscrito resulta que, por lo menos, $750 millones quedaron en el aire.

La CNSC, en un comunicado del 5 de abril, informó que el trámite de inscripción para esta convocatoria se encontraba suspendido por una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual protegió mediante una tutela a una aspirante a la que al parecer se le violaron sus derechos. En eldocumento se establece que para esa fecha se habían inscrito 141.810 de las 176.326 personas que habían comprado el pin. Los empleados del Inpec señalan que esos 35.000 que no se habían inscrito no lo habían hecho porque, precisamente, los cargos a los que aspiraban ya no estaban ofertados o porque no cumplían con los nuevos requerimientos del Inpec.

La CNSC y el Inpec, en documentos conocidos por El Espectador, han dicho que los cambios hechos a la convocatoria están amparados por la ley. No obstante, una circular de la Procuraduría, la 074 de 2009, establece que “las entidades no podrán suprimir empleos reportados y que ya han sido ofertados a los aspirantes, ni podrán modificar los manuales de funciones y requisitos de los mismos antes de su provisión”.

Esto motivó a que unos empleados del Inpec le escribieran al comisionado nacional del Servicio Civil, Jorge Alberto García, para que “anule la convocatoria y se realice un nuevo proceso (...) toda vez que cuando se adquirió el pin se tuvieron como base los cargos ofertados y las funciones y requisitos señalados en el manual vigente para el momento”. En un oficio del pasado 2 de abril, el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, le escribía a García que se han advertido “presuntas inconsistencias en la convocatoria referida” y, por ello, le pide que “se sirva estudiar la viabilidad de, parcialmente, dejar sin efecto la convocatoria con el fin de corregir los yerros detectados”.

La convocatoria sigue en firme. Consultado al respecto, el comisionado García indicó que es normal que la realización de estos concursos generen algunas molestias porque “en ocasiones se malinterpreta que la idea es afectar a los provisionales”. Pero, dice, la convocatoria se ha hecho ajustada a la ley y conforme con lo que el Inpec ha pedido para llenar sus 2.100 plazas.

Agrega que los denunciantes malinterpretan la nota de la Procuraduría ya que, dice, esta se refiere a la imposibilidad de modificar los manuales de funciones después de realizado el concurso y no antes y asegura que los concursantes deben tener en cuenta que las convocatorias pueden tener cambios y que, en ese caso, lo recomendado es presentarse para aquellas vacantes que uno puede llenar y no, únicamente, para aquellas que quiere llenar.

El Inpec le dijo a este diario que los cambios al manual de funciones se hicieron con el aval de la ley y no por capricho sino porque eran necesarios ya que el Inpec había sido reformado. “Hubiera sido peor si se hubiera hecho la convocatoria con el manual de funciones que había quedado desactualizado tras la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios que le quitó funciones al Inpec”.

Con el hacinamiento por los cielos, con una crisis que ha hecho que el Legislativo llegue, incluso, a pedir las cabezas de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y del director del Inpec, y con un nuevo estatuto penitenciario en el horizonte, “el palo no está para cucharas” o para que una convocatoria, posiblemente, mal hecha, genere más contratiempos.

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