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El centro comercial Guacarí de Sincelejo fue anunciado con bombos y platillos desde 2012. Pero, a pesar de tratarse de “una obra de gran importancia para el desarrollo de la ciudad”, según la Alcaldía, y de tener como fin darle “gran impulso a la zona que se proyecta como el nuevo polo de desarrollo de la ciudad”, según Planeación Municipal, este megaproyecto nada que arranca. ¿La razón? Una enmarañada disputa alrededor de Plaza de Ferias y Puesto de Monta, los terrenos sobre los cuales, se supone, será construido.
Promotora Los Cauchos S.A.S. obtuvo la licencia de construcción en marzo de 2012. Sin embargo, es tal el problema por cuenta de un viejo enredo con los predios sobre los cuales se pretende erigir el edificio que, hasta la fecha, la anunciada primera etapa sigue en veremos. “Lo que se tiene parado no es el desarrollo del proyecto, sino el desarrollo de la ciudad entera”, le dijo a este diario uno de los promotores del centro comercial, quien prefirió omitir su nombre porque aseguró que no era el vocero autorizado.
El motivo por el cual el arranque del centro comercial está encallado es la demanda que el año pasado presentó ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo un hombre llamado Emiro Hernández Ruiz. Según el demandante, los predios no podían ser vendidos porque éstos originalmente le pertenecían al Estado y terminaron en manos del Fondo Ganadero de Sucre (ente privado que le vendió los terrenos a la Promotora Los Cauchos) de manera irregular. Dicho traspaso ocurrió en 1972.
No es la primera vez que la pertenencia de estos predios es cuestionada. El certificado de libertad y tradición del inmueble deja ver que en 2009 otras dos personas habían presentado demandas similares. Una, Arnulfo Buelvas Peñarredonda, y otra, Juan María Cabarcas Oviedo. En 2011, los juzgados notificaron que los procesos habían prescrito. “Emiro Hernández no tiene ninguna pretensión altruista con su demanda. Él lo que quiere es que le demos plata para que la retire, cosa que no vamos a hacer”, le dijo a este diario una persona vinculada a la Promotora Los Cauchos.
El eje de este enredo es que en 1972, los lotes que adquirió la Promotora Los Cauchos le pertenecían a la Federación de Ganaderos de Sucre —entidad pública—. Un año atrás, su presidente había sido autorizado para vender la mitad de los bienes rurales al Fondo Ganadero de Sucre —entidad privada—. No obstante, Leopoldo Támara, presidente de la Federación en esa época, resultó vendiendo el 80% de los bienes, incluidos los lotes en Sincelejo sobre los cuales hoy Promotora Los Cauchos busca levantar el centro comercial Guacarí.
Dado que Támara sólo estaba autorizado para negociar el 50% de las propiedades de la Federación, esta aparente irregularidad fue examinada por la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental de Sucre, que en 2003 los sancionó a él, al gerente del Fondo Ganadero de ese entonces, Jesús Remolina, y a tres personas más. Es decir, el órgano de control determinó que ellos habían afectado los recursos del Estado. A los sancionados se les impuso una multa de $799 millones.
En 2004, sin embargo, una segunda instancia revocó el fallo argumentando que “el daño investigado había sido resarcido totalmente”. En 2009 Emiro Hernández, el mismo que hoy tiene en jaque la construcción del centro comercial Guacarí, le pidió de nuevo a la Gerencia del Departamento de Sucre de la Contraloría que revisara el asunto. El informe que presentó un auditor de la Contraloría de Sucre advirtió posibles irregularidades que afectarían el patrimonio de la Nación, pero el asunto no fue más allá. Según la Contraloría General de la República, en el sistema de la Gerencia Departamental en Sucre no aparecen más denuncias al respecto.
El liquidador del Fondo Ganadero de Córdoba, Jesús Aníbal Remolina Fontalvo, explica otra versión: “Es muy probable, así no haya quedado consignado en actas, que la junta de la Federación le hubiera dicho al presidente que negociara como mejor estimara. Si él actuó en contra de la voluntad de la junta, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? ¿Por qué no lo investigó alguna autoridad? Esto se trata de poner un manto de duda sobre una negociación transparente entre dos entidades que eran amigas”.
De acuerdo con Remolina, Emiro Hernández presentó la demanda apenas conoció del negocio pactado entre el Fondo y Los Cauchos con el propósito de sacar provecho. En su demanda, Hernández asegura que su interés es evitar que se perpetúe un detrimento patrimonial a la Nación. Jesús Remolina contraataca, señalando que Hernández tiene “doble moral” porque, como socio minoritario que era del Fondo Ganadero de Sucre, recibió dineros en el proceso de liquidación —que arrancó en 2006— que provenían de la venta de los lotes donde se quiere construir el centro comercial Guacarí.
De cualquier manera, no es claro el panorama de la demanda. Fuentes de la Superintendencia de Notariado y Registro le explicaron a este diario que generalmente el plazo para impugnar una transacción ilícita de propiedades es de 10 años, “aunque cada caso debe estudiarse individualmente”, aclararon. Según funcionarios de Supernotariado, el rumbo que cogerá la demanda de Emiro Hernández está completamente en manos del juzgado donde fue presentada, que es el Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, el cual impuso medidas cautelares sobre los predios mientras el asunto se resuelve.
Carlos Ignacio Arboleda, representante legal de la Promotora Los Cauchos, le dijo a El Espectador que el Fondo Ganadero de Sucre entregó los lotes sobre los cuales se construyeron la Gobernación y la Alcaldía de Sincelejo, que creía en “la seriedad de esa institución” y que, en el momento de adquirir el inmueble, éste se encontraba libre de cualquier proceso, agregando que la demanda de Emiro Hernández se presentó cuatro meses después de que la transacción con el Fondo se hubiera completado. “La Promotora Los Cauchos S.A.S. es un adquiriente de buena fe”, indicó Arboleda.
El pasado 18 de abril, en segunda instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo ordenó el rechazo de la demanda de Hernández por falta de jurisdicción. Es decir, señaló que a los jueces civiles no les competía resolver este asunto. Hernández apeló ante el Tribunal Superior de Sincelejo, el cual, el pasado 24 de junio, admitió el recurso de apelación, aunque no ha manifestado su decisión final. “La sociedad Promotora Los Cauchos S.A.S., por la solidez de sus argumentos, está segura de que las decisiones judiciales proferidas en derecho serán favorables a la sociedad”.
Además del pleito jurídico que envuelve a los lotes, esta pelea tiene otra rama: el tema ambiental. La licencia otorgada a la Promotora Los Cauchos, según Planeación Municipal, contaba con el debido certificado de impacto ambiental expedido por Carsucre. Sin embargo, en febrero pasado, el periódico El Meridiano de Sucre registró que el concejo de esa ciudad había quedado con un “sinsabor” al pedir explicaciones a Carsucre sobre las connotaciones ambientales del proyecto Guacarí: de las cinco hectáreas involucradas, una es zona de reserva. Según concejales como Juan Torres Rico, Carsucre no quiere hacer respetar la normatividad.
Así las cosas, al proyecto que según la Alcaldía de Sincelejo y otros sectores está destinado a impulsar el desarrollo de la región, no le han puesto siquiera la primera piedra. La venta de locales está suspendida y del centro comercial no se avizoran aún ni las bases. En la otra orilla, un ciudadano que se declara preocupado por un posible detrimento a la Nación echa mano de todos los recursos legales para detener el proyecto Guacarí, aunque a él lo acusan de tener más intereses personales que otra cosa. Y mientras tanto, el componente ambiental de esta intrincada discusión parece estar en el aire.
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@dicaduran