Líos y más líos: así se resume el caso Hyundai

Este martes el juez del caso le entregará un informe de sus actuaciones a la Judicatura. Hay acusaciones hasta de espionaje industrial.

 Se calcula que Hyundai Colombia vendió en los últimos 24 años unos 280.000 vehículos.  /Archivo
Se calcula que Hyundai Colombia vendió en los últimos 24 años unos 280.000 vehículos. /Archivo

Demandas civiles. Conciliaciones fallidas. Denuncias en la Fiscalía. Inspecciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Señalamientos de sobornos. Vigilancias especiales de la Judicatura y la Procuraduría. El fin del matrimonio de 24 años entre Hyundai Colombia Automotriz S. A., la empresa de Carlos Mattos, y Hyundai Motor Company, la casa matriz coreana, llegó el 15 de septiembre de 2015, cuando los coreanos dijeron “no más”. Desde entonces la pelea sólo sube de tono. Y el aparato de la justicia colombiana está de por medio.

El asunto ha escalado a tal punto que hoy, en Colombia, hay 9.143 carros nuevos represados en zonas francas, sin poder ser vendidos en ninguna parte del territorio nacional. Esa restricción fue ordenada como medida cautelar por el Juzgado Sexto Civil del Circuito, que le indicó a la multinacional coreana que mientras se resolvía el pleito con Hyundai Colombia sólo con ella podía comercializar sus vehículos. Es decir: obligó a los coreanos y los colombianos a entenderse hasta que se tramite el divorcio.

Muchas cosas han pasado en las últimas semanas alrededor de este caso. Apenas hace dos días el juez que ordenó la medida cautelar, Reinaldo Huertas, terminó de redactar un informe que este martes le enviará al Consejo Seccional de la Judicatura, el cual, ejerciendo vigilancia judicial, pidió una explicación del paso a paso de todas las decisiones que ha tomado en este controvertido proceso. Ante ese juzgado fue que los abogados de Carlos Mattos demandaron a Hyundai Corea por haber terminado abruptamente su contrato.

“Al posicionamiento de la marca se le invirtieron US$550 millones. ¡Imagínate, US$550 millones! No estamos pidiendo nada extraordinario, sólo lo que la ley ordena: una indemnización”. Quien lo dice es Abelardo de la Espriella, penalista, uno de los nuevos abogados de Hyundai Colombia y de Carlos Mattos junto con Iván Cancino. Entre los hechos recientes resalta, de lejos, el cambio de defensores, especialmente por las circunstancias en que se dio: todos los litigantes que representaban a Mattos renunciaron de un tajo hace 15 días.

El 30 de septiembre pasado se supo que Carlos Ignacio Jaramillo, Gabriel Ibarra, Jaime Granados y Juan Ignacio Gamboa habían rechazado seguir trabajando para Mattos. Lo mismo que Néstor Camilo Martínez Beltrán, hijo del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien hasta hace unos meses fue también abogado de Mattos en este asunto. Martínez Neira, le confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía a este diario, no se ha declarado impedido porque el proceso no está en su despacho.

No obstante, el pasado 29 de septiembre —un día antes de las renuncias—, y ante la duda general de cómo procedería en un asunto que relacionaba a un antiguo cliente suyo, Martínez Neira envió su primer mensaje en una rueda de prensa: “La Fiscalía tiene evidencia documental de que fue manipulado el reparto de asignación de denuncias y de demandas y que en tres casos, según la evidencia documental que poseemos, fueron enrutadas esas demandas hacia el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá”.

El lío con el juzgado

El dedo acusador sobre el juez Reinaldo Huertas no cayó en la rueda de prensa que dio el fiscal general sino cuatro días antes, cuando el periodista Daniel Coronell publicó en su columna de la revista Semana que este funcionario judicial había impuesto la medida cautelar —que Hyundai Corea sólo podía vender a través de la empresa de Carlos Mattos— y a los pocos días había pagado de contado por un carro nuevo de $73 millones. “Una compra de un carro como indicio de soborno es absurdo”, sostiene Abelardo de la Espriella. Daniel Coronell argumentó todo lo contrario.

“La Judicatura determinará si realmente mis decisiones hacia Hyundai Colombia Automotriz han sido céleres y con demoras hacia Hyundai Motor Company, como andan diciendo en los medios de comunicación -le dijo el juez Huertas a este diario-. La Judicatura puede solicitar al despacho que se tomen correctivos o pedir que me investiguen disciplinaria o penalmente”. “Hemos solicitado a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá que, de manera inmediata y con la mayor premura, resuelva este asunto de fondo”, aseguró el abogado De la Espriella.

La tardanza para resolver los recursos presentados por Hyundai Corea, sin embargo, no han sido sólo denuncia mediática. La Procuraduría General, que acompaña el proceso, ha señalado lo mismo. Este diario conoció dos documentos de la Procuraduría: en el primero, enviado al juez Huertas, el organismo indica que ha habido una “falta de equilibrio en la resolución de peticiones”. En el segundo, remitido al Tribunal Superior de Bogotá, arguye que el juez no debía conceder la medida cautelar en cuestión, pues, “al afectar a terceros ajenos al litigio, se tornó excesiva”.

Por ahora, todos los ojos están puestos en ese juzgado. La Superintendencia de Industria y Comercio pidió copia autenticada del expediente Hyundai; lo mismo hizo la Fiscalía el pasado 2 de agosto. El Tribunal Superior de Bogotá pidió el proceso original para estudiar una tutela. La Judicatura evalúa los tiempos en los que se ha tomado cada decisión. El juez Huertas ratifica que su medida cautelar, más que beneficiar a un particular, pretendía cuidar el statu quo de una larga relación comercial mientras se resuelve la demanda. Los afectados no opinan lo mismo.

El lío con los nuevos socios

Esta historia quiere tomar visos de espionaje industrial. El principal damnificado con la medida cautelar fue Neocorp, empresa colombiana que se asoció con el grupo ecuatoriano Eljuri. Cuando Hyundai Corea puso fin a su matrimonio con la compañía de Carlos Mattos, Neocorp y Eljuri pasaron a ocupar ese lugar. Según el abogado De la Espriella, sin embargo, el tema va mucho más allá: asegura que Gustavo Lenis entregó información confidencial al grupo Eljuri hasta conseguir que Hyundai Corea terminara el contrato con la empresa de Carlos Mattos.

Gustavo Lenis es desde mayo de este año presidente de Neocorp. Llegó de la Aerocivil, entidad que dirigió entre abril de 2014 y abril de 2016. Justo antes trabajó como vicepresidente ejecutivo de Hyundai Colombia Automotriz S. A., cuyo accionista mayoritario es Carlos Mattos. Es decir, Lenis y Mattos trabajaron alguna vez en la misma orilla; hoy son antagonistas en esta pelea. “Lenis le filtró información al grupo Eljuri cuando era empleado de Hyundai Colombia (empresa de Mattos). Vamos con toda contra él”, manifestó De la Espriella.

“¡¿Eso dijo el abogado De la Espriella?! Espero que tenga con qué probar esa afirmación tan grave y tan irresponsable. Es lo más absurdo que he oído en mi vida; una cortina de humo para tapar todo lo que está pasando. Mi trayectoria en el sector empresarial es larga y seria”, le dijo a este diario Gustavo Lenis, quien fue también presidente de Avianca y de la agencia de publicidad Young & Rubicam. Lenis afirmó que la estrategia de Carlos Mattos y sus abogados es montar “un circo mediático para distraer a la gente de lo importante”.

“¿Por qué manipularon el reparto en los juzgados? ¿Quién lo hizo? ¿Quién se benefició? ¿Por qué le renunciaron todos los abogados a Mattos? Esta es una marca secuestrada a través de un ilícito; cuando se manipula un reparto hay un ilícito. No lo dije yo, lo dijo la Fiscalía. Todos los empresarios de Colombia deberían estar muy preocupados con este caso. Quiero que le aclaren al país qué fue lo que se hizo ahí, son unas medidas cautelares absurdas, es un exabrupto que un señor use a la justicia para pasar por encima del mercado y de los usuarios”, agregó Lenis.

El lío con la medida y algo más

El Juzgado Sexto Civil del Circuito ordenó en abril pasado que, mientras la demanda de Hyundai Colombia (Carlos Mattos) contra Hyundai Corea llega a su fin -que en primera instancia podría tardar hasta más de un año-, esas dos compañías se sigan entendiendo comercialmente. El lío es que, desde septiembre de 2015, Hyundai Corea ha dejado claro que no le interesa hacer negocios con la empresa de Mattos. Éste, a su vez, dice que merece indemnización por esa “terminada” repentina y ahí comenzó a enredarse todo este asunto. Ahora hay 9.143 automóviles de marca Hyundai que no se pueden vender, y que la casa matriz está pensando en llevarse para Venezuela o Brasil. Hay también unas reservas de repuestos que, a menos de que la medida cautelar se levante, se van a agotar. Esta semana Neocorp, le confirmaron sus abogados defensores a El Espectador, le solicitará al Juzgado Sexto Civil del Circuito que le permita hacerse parte en el pleito que se originó desde hace un año entre Hyundai Colombia y Hyundai Corea.

Ese es el camino que, indicaron el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, debe recorrer Neocorp para pedir que cese la restricción sobre Hyundai Corea, su socio. Los abogados de Hyundai Colombia afirman que la medida cautelar ha sido revisada en seis oportunidades y en todas les han dado la razón. La verdad es que, en esas seis ocasiones, el tema ha sido analizado desde sus formas (si se podía o no recurrir a la tutela), no desde el fondo (la legalidad misma de la medida cautelar).

Cuando la relación entre Hyundai Colombia y Hyundai Corea se vino a pique, los abogados de la empresa de Carlos Mattos señalaron su interés en conciliar por US$120 millones. Corea dijo no a esa suma. El número fue bajando y llegó hasta US$30 millones, pero cuando el Juzgado Sexto Civil del Circuito decretó la medida cautelar, se disparó. Ahora, aseguran los abogados de Mattos, la conciliación vale US$200 millones. El consenso pinta casi imposible. Hace 15 días, después de publicada la columna de Coronell, Hyundai Colombia invitó a su contraparte, sin éxito, a negociar en Los Ángeles, Estados Unidos.

En medio de todo este enredo está, igualmente, la denuncia que radicó en la Fiscalía el pasado 22 de septiembre, antes de la columna de Coronell y de que se conocieran las supuestas anomalías que se habrían presentado en el reparto del juzgado. La denuncia, de Jaime Lombana (uno de los abogados de Neocorp), indicaba que la directora administrativa y legal de Neocorp, Adriana Rueda, había sido amenazada junto con sus dos niños pequeños. “Ya le hemos dicho de muchas maneras que renuncie a ese trabajo y usted no ha hecho caso. Siga así y verá que le vamos a levantar a uno de sus pelados”, decía uno de los mensajes intimidantes.

 

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