Lista la demanda en contra de las Zidres

Congresistas del Polo y Alianza Verde presentan este viernes su demanda en contra de la ley, que permite la creación de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres).

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“Es la medida más ambiciosa para el desarrollo y producción del campo colombiano”: así presentó el presidente Juan Manuel Santos la ley que permite la creación de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres). Lo hizo en Orocué, Casanare, el pasado 29 de enero, después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley en diciembre de 2015.

Las críticas no se hicieron esperar. Pocas horas después de que el presidente sancionará la Ley 1776 de 2016, congresistas como Alberto Castilla, Jorge Enrique Robledo, Inti Asprilla e Iván Cepeda anunciaron que demandarían lo que consideraban como una de las medidas más atrevidas en contra de los campesinos del país.

Aunque el abogado Carlos Alberto Maya se les adelantó a los congresistas -presentó la demanda el pasado 10 de febrero-, este viernes 4 de marzo llegará a la Corte Constitucional la demanda con las firmas de Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla, Inti Raúl Asprilla y Ángela María Robledo, integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en contra de la Ley 1776 de 2016.

Según lo planteado por la nueva norma, las Zidres deberán desarrollarse en áreas apartadas de centros urbanos, en donde la tierra requiera grandes inversiones para empezar a producir. Esta figura le permite a quien dirija un proyecto pedir en concesión o arrendamiento los baldíos de la Nación y conseguir la cantidad de tierras que necesite su plan.

Para los demandantes, el hecho de que quienes desarrollen un proyecto puedan acceder a baldíos de la Nación representa un retroceso en cuanto al derecho de los campesinos a tener territorio y una violación al patrimonio público, que podría también generar un detrimento de éste. Asimismo, la demanda dice que con esta entrega de tierras para las Zidres se estaría violando el derecho a la propiedad privada, pues los propietarios de un terreno que deba ser utilizado en un proyecto deberán asociarse o entregar su bien.

Según lo planteado por el Gobierno, los proyectos en cuestión permitirán habilitar más de $7 millones de hectáreas para la producción de alimentos y recursos forestales respetando el medio ambiente y la generación de empleos dignos en el campo. Sin embargo, la demanda que hoy llega a la Corte establece que los más afectados con estos proyectos serán los campesinos. El problema, aseguran los demandantes, es que los beneficios no son iguales para quienes desarrollan las Zidres y quienes están en las tierras.

“Los empresarios obtienen mayores beneficios y asumen menos riesgos, mientras que los campesinos pierden autonomía frente al manejo de la tierra, del proyecto productivo, de los incentivos públicos y además pierden su autonomía como sujeto campesino”, dice la demanda.

Además, los congresistas aseguran que la ley de las Zidres olvidó por completo que los campesinos, gracias a repetidas intervenciones que ha hecho la Corte Constitucional, gozan de una protección especial frente a temas como sus tierras y tradiciones. “Tal y como está planteada, resulta inconstitucional por violar varios derechos del campesinado, entre los que se cuentan el derecho a la libre asociación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libre escogencia de profesión u oficio, el derecho al territorio campesino y la dignidad humana”, explican los demandantes.

Otro de los puntos demandados es el hecho de que las Zidres serán planeadas únicamente por entidades del Ejecutivo: la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra), adscrita al Ministerio de Agricultura, identificará las regiones del país donde cabría un proyecto; el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), máxima instancia de planeación gubernamental, será la que delimite cada una de las Zidres; y por último, el Consejo de Ministros aprobará los planes.

“¿Y qué pasa entonces con las funciones de los concejos municipales? Cada vez más queda en evidencia que la descentralización y la participación ciudadana no le interesa al gobierno de turno”, dicen los demandantes, quienes aseguran que esto es una violación a los derechos de participación ciudadana. La demanda, además, asegura que la ley 1776 de 2016 no tuvo en cuenta el derecho a la consulta previa con indígenas y comunidades afrocolombianas y las víctimas del conflicto que están en procesos de restitución de tierras.

 

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