Llamado del Consejo de Estado frente a las detenciones ilegales

En un fallo ese alto tribunal recordó a la Fuerza Pública que las capturas deben “sujetarse a los lineamientos de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad en el uso de la fuerza”.

/ El Tiempo

“La captura, al ser una medida privativa de la libertad, debe someterse al cumplimiento estricto de los requisitos de necesidad, proporcionalidad y convicción sobre la probabilidad del hecho punible, además de estar sujeta a la satisfacción de los fines constitucionales, pues de no ser así, puede incurrirse en una captura ilegal y/o arbitraria. Este tipo de aprehensiones están proscritas por el derecho interno y por el derecho internacional de los derechos humanos (…) No cabe duda de que la captura es una manifestación del poder de policía y, por lo tanto, debe sujetarse a los lineamientos ya esbozados de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad en el uso de la fuerza”. Este recordatorio hace parte de un fallo en el que el Consejo de Estado condena al Estado colombiano a indemnizar a un hombre –Alveiro Vásquez Velásquez– detenido injustamente por las autoridades.

En el fallo de 40 páginas –conocido por El Espectador– el alto tribunal ordena, además, informarle a la Policía de esta sentencia y del llamado de atención que se le hace en ella “con el objeto de que la entidad adopte las medidas necesarias para garantizar que hechos como el aquí registrado no se repitan en el futuro”. Esto debido a que, durante el proceso, el Consejo de Estado obtuvo pruebas que demostraron que Vásquez fue golpeado a la hora de ser detenido por miembros del Gaula. Vásquez se encontraba con un hombre que, al parecer, en ese momento realizaba una llamada extorsiva y por ello fue detenido.

“La Sala considera importante señalar que no solamente fue injusta la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante, sino que el procedimiento de captura en supuesta flagrancia fue ilegal y arbitrario (…) En el caso bajo análisis, la captura del señor Vásquez, llevada a cabo por agentes del Gaula el 30 de marzo de 2000, fue ilegal y arbitraria dado que los funcionarios encargados del operativo apelaron a la violencia y golpearon con un objeto contundente al capturado, como se puede apreciar en el informe de Medicina Legal, que registró lesiones en el hemotórax y hombro derecho, que le causaron incapacidad de seis días”.

De hecho el juez que conoció del proceso contra Vásquez ordenó remitir copias del mismo al juez de instrucción penal militar “con el fin de que valorara si los agentes incurrieron en un delito contra la vida y la integridad”. Sin embargo la investigación, al parecer, no quedó en nada. No obstante, lo sucedido con Vásquez dio pie para que el Consejo de Estado le recordara a la Fuerza Pública que “la privación de la libertad es arbitraria cuando la persona es sometida a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.

Un recordatorio que adquiere vigencia tras la controversia generada por la compra por parte de la Policía de pistolas eléctricas, mejor conocidas como Taser. Algunos sectores han cuestionado que el uso de estas redunde en abusos por parte de la Fuerza Pública. El Taser, un arma que dispara agujas que administran descargas eléctricas a través de un cable, es en apariencia no letal; sin embargo, el año pasado se presentaron varios casos que ponen en tela de juicio el uso de estas armas por parte de las autoridades.

Casos como el del grafitero colombiano, Israel Hernández, muerto tras un cuestionado operativo realizado por la Policía de Miami, en el que se utilizaron este tipo de armas. O el de un hombre de 95 años que, dos semanas antes del incidente de Hernández, fue ‘controlado’ por la Policía de Chicago (Estados Unidos) a punta de descargas de Taser y golpes. El hombre murió a las pocas horas. Algo similar ocurrió en Manchester (Inglaterra) el pasado 11 de julio, cuando a un joven de esa ciudad, Jordan Begley, le fueron propinadas varias descargas de Taser lo que, según una investigación, fue uno de los factores de su muerte. A eso se suman los casos de Alberta (Canadá), en donde dos personas han muerto este mes en hechos que involucran el uso de las Taser.

Al respecto, el comandante de la Policía, el general Rodolfo Palomino, ha asegurado que habrá un uso responsable de estos artefactos que sólo serán usados en casos excepcionales en los que peligre la vida del uniformado. “Ha generado crítica, pero se les olvida un tema, esas pistolas nacieron para que cuando haya una acción en que ponga en riesgo la vida un miembro de la Policía, él no tenga que reaccionar dando de baja a la persona que le está atacando, sino que para salvarle la vida del agresor se usa este tipo de arma”, agregó al respecto el hoy ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

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