Llaman a juicio a diez militares por ejecución de dos campesinos

Los implicados son un oficial, tres suboficiales y seis soldados.

Un fiscal de derechos humanos llamó a juicio a diez militares por el homicidio en 2006 de dos campesinos que presentaron como guerrilleros muertos en combate, informaron hoy fuentes judiciales en Bogotá.

Los implicados son un oficial, tres suboficiales y seis soldados de un batallón del Ejército Nacional que por la época de los hechos realizaban operaciones en zonas rurales del departamento del Meta.

La Fiscalía General precisó en un comunicado que los diez fueron acusados de manera formal por secuestro simple agravado y homicidio en persona protegida (por el derecho internacional humanitaria).

Los cargos tuvieron origen en la desaparición y muerte de Arcadio Torres Peña y Rosendo Holguín Bohórquez, campesinos de Alto Cafre, paraje en la zona rural de la localidad de Puerto Concordia, en el Meta.

Según indicó la fuente, ambos fueron secuestrados el 22 de marzo de 2006 por presuntos paramilitares y un día después los uniformados los reportaron como rebeldes sin identificar muertos en combate.

En su informe de entonces, los militares aseguraron que los dos atacaron a tropas que "iban hacia el campamento" de guerrileros del frente 44 de las Farc.

La madre de uno de ellos se enteró de las muertes cuando denunciaba ante un representante local del Ministerio Público la desaparición de su hijo y del otro campesino, indicó la fiscalía.

La entidad judicial resaltó que unas pruebas documentales y testimoniales llevaron al fiscal de derechos humanos del caso a acusaron de manera formal a los implicados, todos ellos detenidos en cuarteles de su fuerza.

Un capitán, un sargento segundo, dos cabos y seis soldados conforman el grupo de militares que fueron llamados a juicio por este caso, que hace parte de un práctica conocida en el país como "falso positivo".

Se trata de muerte de civiles a manos de uniformados que los reportan como rebeldes caídos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.

Más de 2.000 casos de esta práctica han sido documentos y son investigados por la fiscalía, que ha vinculado con ellos a unos 1.487 militares, al menos cien de los cuales han sido condenados.

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