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La fuga de la excongresista Aída Merlano, quien se encontraba purgando una condena de 15 años de prisión por ser parte de un complejo esquema de corrupción electoral, puso en jaque al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), encargado de su custodia. El país no entiende cómo Merlano logró fraguar un escape tan peliculesco sin que alguien se alertara. Incluso la jefa de la entidad, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo en su momento que el Inpec “tocó fondo” y señaló que era urgente reformar la institución. A un mes del escape, según supo este diario, le llegó la hora a la reforma.
La papa caliente del problema carcelario en Colombia es conocida desde hace años y cada tanto el Inpec protagoniza algún escándalo, sea menor o de gran envergadura: desapariciones forzadas y asesinatos, prebendas para reclusos y uso excesivo de la fuerza por parte de los dragoneantes son algunas de las denuncias. Y, a pesar de que cada vez que estalla una nueva polémica el responsable de la cartera de Justicia, una vez más, promete que reformará la institución, al parecer esta vez sí ocurrirá, por una razón: es una meta de gobierno.
Según supo este diario, esta semana el presidente Iván Duque y la ministra Cabello harán importantes anuncios en torno a este tema. En concreto, por un lado, en los próximos días se conocerá el nombre del nuevo director del Inpec, cargo que viene ocupando en provisionalidad el coronel de la Policía Manuel Quintero Medina, subdirector de seguridad de la entidad hasta que se pidió la renuncia del general William Ruiz a raíz de la huida de Merlano. Y, por otro lado, el Gobierno daría a conocer también la tan anunciada reforma al sistema de custodia de las cárceles del país, donde actualmente hay más de 120.000 personas privadas de la libertad y un hacinamiento que asciende al 54 %.
La reforma que se anunciará ha sido construida en total hermetismo en Presidencia, por lo que no se sabe si será, como había propuesto en un inicio la ministra Cabello, una liquidación total del Inpec, una reforma estructural que cambie el Código Penitenciario o un cambio en la reglamentación del funcionamiento del Inpec y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que se podría hacer por decreto. Sin embargo, según le dijeron fuentes cercanas al Ministerio a El Espectador, la reforma no tendrá efectos inmediatos, porque la propuesta deberá pasar por el Congreso.
El texto que salga de la Casa de Nariño tendrá que enfrentarse a los partidos de oposición, así como a los más de 60 sindicatos de dragoneantes del Inpec que hay en todo el país. Asimismo, una vez en el Capitolio, la propuesta de reforma del Inpec tendrá que ser sometida a los ojos de expertos de la Comisión Asesora y los del Consejo Superior de Política Criminal. Aunque los documentos y apreciaciones de estas instancias no son de estricto cumplimiento —o vinculantes— sí le dan legitimidad a cualquier política pública que toque temas penales, pues fueron organismos creados por orden de la Corte Constitucional para vigilar la coordinación de las decisiones de Estado en política criminal.
Los desafíos
El Inpec funciona con 1.913 funcionarios administrativos y 12.848 dragoneantes en todo el país. Ellos son los responsables de la custodia y vigilancia de más de 120.000 personas, quienes deben tener acceso a alimentación, programas educativos y de resocialización y a servicios de salud. El problema, según han encontrado múltiples reportes del Ministerio Público, de organizaciones sociales y del propio Ejecutivo, es que por falta de planeación, por problemas de corrupción y por otro sinnúmero de razones, estas necesidades básicas están constantemente insatisfechas. Si a eso se suman las denuncias en contra de dragoneantes por uso excesivo de la fuerza, es una bomba de tiempo.
Precisamente en junio de este año, el Gobierno publicó el sexto informe de seguimiento a la situación carcelaria que la Corte le ordenó hacer semestralmente. En respuesta a todas las razones del Ejecutivo para sacar pecho, la Defensoría del Pueblo advirtió la “falta de capacitación de la guardia del Inpec en temas de psicología penitenciaria, derechos humanos, uso legítimo de la fuerza, enfoque diferencial, pues su formación se reduce a temas de seguridad y garantía de orden público, siendo el cuerpo de custodia y vigilancia y la representación del Estado más cercana que tiene la población privada de la libertad”.
Las investigaciones en contra de los funcionarios que habrían colaborado en la fuga de Merlano las llevan directamente la Procuraduría, que tomó poder preferente en la línea disciplinaria, y la Fiscalía, que por ahora ha centrado su análisis en el rol que habría jugado el excapitán de prisiones de El Buen Pastor David Alexánder Álvarez, privado de la libertad de manera preventiva mientras avanza su proceso. El Inpec no quiso comentar de fondo el estado de las pesquisas, pero le dijo a El Espectador que desde entonces ha actuado “atendiendo de manera oportuna los requerimientos y suministrando con celeridad la información solicitada por dichos organismos”.
Asimismo, la entidad le aseguró a este diario que, desde la fuga de Merlano, “se han reiterado las órdenes e instrucciones a nivel nacional respecto al debido cumplimiento de los protocolos y procedimientos de seguridad para que este tipo de fallas no se presenten”. Y advirtió, por otro lado, que el Inpec ha estado trabajando en la “actualización de los documentos de su sistema de gestión de calidad, como reglamentos, procedimientos, manuales, guías”, entre otros, además de que busca alcanzar una certificación otorgada por la Asociación de Correccionales Americanas (ACA) para la Escuela Penitenciaria Nacional y está reformulando los procedimientos de uso de la fuerza con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja.