Lo difícil que es ser LGBT en las calles de Bogotá: informe de Temblores

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"Qué maricada con nuestros derechos" es el nombre que recibió este reporte, elaborado por la ONG. "En cierta medida todxs vivimos con miedo", se lee en este documento, que denuncia especialmente la violencia policial.

“Este informe habla de lo que nos pasa a los cuerpos maricones en las calles, los espacios estatales y las esferas públicas en Bogotá: en cierta medida todxs vivimos con miedo”, se lee en la introducción del recién lanzado informe de la ONG Temblores “Qué maricada con nuestros derechos”. “Aquí mostramos cómo las personas con cuerpos disidentes del orden sexual y de gé­nero somos violentadas sistemáticamente en las calles de Bogotá y cómo las respues­tas Estatales y activistas no son efectivas, precisamente porque no dialogan con los diversos lugares de enunciación que existen en la ciudad”.

El primer gran reproche contenido en el informe viene a continuación: “Aunque exista una Política Pública LGBT que pretende velar por nuestra seguridad y calidad de vida, Medicina Legal reporta que las personas mariconas somos altamente violentadas en el espacio público y esta cifra no ha disminuido en los diez años que lleva en funcionamiento la Política. Esto indica que es necesario tomar medidas además de las legislativas para asegurar el funcionamiento cotidiano de las últimas.”, se lee en el reporte, elaborado conjuntamente con el colectivo La Casa de lxs Locxs.

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En el informe, con base en datos de Medicina Legal, se señala que se han presentado 1.944 hechos violentos en contra de integrantes de la comunidad LGBT durante los últimos diez años, aunque, se advierte, el subregistro “considerable” puede que maquille esta realidad. Los casos de violencia contra población LGBT “vienen en aumento”, aseguran los investigadores, pero no necesariamente porque haya más agresiones, sino porque “con algunos avances en la lucha por nuestros derechos, se han logrado crear más canales de denuncia e incentivar la misma”, entre otras razones.

“Somos tan visibles que, según datos de Medicina Legal, los desconocidos son el segundo mayor agresor, con 243 hechos violentos” registrados en esta última década. “Queda claro que la calle no es un lugar seguro para personas con experiencias de vida marica. Las personas desconocidas nos atacan en la calle porque nuestros cuerpos y nuestras dinámicas en el espacio público incomodan (…) nos quieren corregir y enderezar; somos objeto de violencia a diario, de injurias por parte de desconocidos que nos abordan en la calle por ir de la mano con nuestra pareja”.

Los ejemplos abundan. En febrero de 2014, una pareja de hombres se besó en Avenida Chile y un guardia de seguridad se acercó a recriminarles: “Ustedes no pueden estar haciendo este espectáculo y poniendo en vergüenza al centro comercial”. Cuatro meses después, la pareja recibió disculpas en un acto público. En julio de 2018, el dueño de una licorería de Barranquilla les hizo señas a dos mujeres cogidas de la mano para que se soltaran y les dijo: “En mi licorera no acepto este tipo de conductas”. Un año luego, la Corte Constitucional  ordenó al propietario del local disculparse en privado y por escrito.

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De acuerdo con los datos que facilitó Medicina Legal, en los casos en los que se ha reconocido al agresor, los “conocidos sin ningún trato” ocupan el primer lugar y los amigos, el tercero. De cuartos en la lista aparecen los vecinos y, de quintos, organismos de seguridad del Estado: la Policía, las fuerzas militares o los servicios de inteligencia. Los grupos ilegales, según esa información, casi nunca son los agresores. Y es en el espacio público donde tienen lugar por lo menos el 45 % de las agresiones, sea violencia interpersonal, violencia sexual o violencia homicida.

Los trabajadores sexuales han sido también blanco evidente de estas violencias, sostiene el informe, y “la falta de regulación de esta actividad laboral permite cadenas de injusticia que suceden en escenarios distintos a la vía pública”. Para ilustrar esta situación, se pone el ejemplo de lo que significa para una persona de orientación sexual diversa ejercer la prostitución: un cliente llama a la Policía y dice que fue robado. La persona que prestó el servicio no consigue ni el beneficio de la duda. Los agentes que atienden el caso la requisan de manera abusiva y la trasladan desnuda: violencia sexual.

Los escenarios en son violentados los miembros de la comunidad LGBT varían. Desplazarse de un lugar a otro puede ser desastroso, pues allí se cometieron más de la mitad de las agresiones interpersonales. “Como parte de su rutina, en el ejercicio cartográfico se hizo evidente que los recorridos para llegar al portal de Transmilenio generan te­mor entre las mujeres trans del 20 de Julio que compartieron con nosotrxs. Esta no es una pecu­liaridad”. Tampoco parece ser buena idea para ellos estar en eventos culturales, de entretenimiento o deportivos.

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Violencia policial

El informe de la ONG Temblores hace hincapié en la violencia contra los LGBT por parte de la Policía en los últimos diez años y lo primero que señala es que las entidades del Estado discriminan pobremente sus estadísticas con respecto a los agresores. Pero, en un trabajo de 2018 de la Defensoría del Pueblo, se reconoce que la fuerza pública “contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra mujeres lesbianas, hombres gais, hombres y mujeres bisexuales y personas transgénero”. Los trabajadores sexuales LGBT que ejercen o habitan en la calle son más vulnerables.

“En nuestras conversaciones en La casa de lxs locxs mencionamos que es común al momento en que una marica se acerca a denunciar o pedir ayuda a un policía, que su respuesta esté cargada de prejuicio (…) La respuesta clásica del policía es ‘quién sabe usted en qué andaba’”, se lee en el reporte. “en contraposición con los datos brin­dados por Medicina Legal, la Policía estaba pre­sente en la mayoría, sino todas, las narrativas de las personas que estuvimos en las conversacio­nes que hemos tenido en el marco de la alianza entre Temblores ONG y La casa de lxs locxs”.

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Según el documento, “el perfilamiento policial resulta en persecución, hostigamiento y desplazamiento forzado”, lo que para trabajadores sexuales LGBT, sobre todo, puede significar uso excesivo de la fuerza, restricciones sobre el espacio público, requisas sistemáticas con un fin intimidatorio. “De esta manera, las víctimas de violencia poli­cial, como lo expresaron en La casa, terminan pensando “¿Uno cómo va a denunciar la violen­cia policial con los mismos policías?”, pues ellas saben que la mayoría de esas denuncias no van a tener resultados”.

A raíz de los abusos documentados, la ONG hace varias recomendaciones al Estado colombiano. A la Fiscalía le pide, por ejemplo, “revisar y tomar medidas sobre lo que está fallando en el proceso de acceso a la justicia para las personas violentadas, desde el registro del hecho victimizante (Medicina Legal), la protección de las víctimas, has­ta el adelanto y debida resolución de investigaciones judiciales”, mientras a Medicina Legal el solicita que revise las categorías de ocupación que usa a la hora de clasificar las víctimas, pues “travesti”, señala, “no es una ocupación sino una forma de identidad”.

A la Secretaría Distrital de Planeación le deja otras sugerencias, como que dé más visibilidad a la plataforma de denuncia “Módulo Virtual de Denuncias LGBTI” o “exigir a Fiscalía, Policía y Medicina Legal que unifiquen sus datos sobre violencia contra personas LGBT”. Y a la Policía, “Tener como principio de las políticas y acciones de la institución la ética del cuidado” y, por eso mismo, “revisar y reformar los sistemas de puntuación e incentivos hacia DDHH y cuida­do de poblaciones marginadas”.

Lea aquí el informe completo "Qué maricada con nuestros derechos".

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