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Federico Gaviria
En enero de este año, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en su contra. Según la investigación, Gaviria habría sido el puente entre los empresarios de Odebrecht con funcionarios públicos, para que la multinacional se quedara, a través de coimas, con la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II. En la Corte Suprema de Justicia existen pruebas de que Gaviria está, desde octubre del año pasado, en negociaciones para firmar un principio de colaboración con el ente investigador. Se trata del segundo acuerdo de este, pues ya había logrado uno por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.
Después de pasar seis meses en la cárcel, el expresidente de Corficolombiana salió libre, pues el juez del caso consideró que no representa un riesgo para la administración de justicia y que ya no puede interferir en el desarrollo de la investigación. En agosto pasado su juicio se suspendió, pues los testigos en su contra, que están en Brasil, no cumplieron con la cita para declarar en el caso. El juez 14 penal del circuito responsabilizó a la Fiscalía por lo ocurrido y le mandó un mensaje al fiscal Néstor Humberto Martínez: “El que tanto reclama pronta y cumplida justicia” no debe solo “predicar, sino también practicar”. El juicio se reanudó en noviembre. Melo fue imputado por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos.
La audiencia de imputación de cargos en su contra se realizó en mayo y a finales del mes fue enviado a la cárcel. El 12 de septiembre pasado la Fiscalía anunció que había llegado a un preacuerdo con el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, quien debe responder por los delitos de falso testimonio en calidad de autor, falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular, enriquecimiento ilícito a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. El próximo 13 de diciembre, en los juzgadoa de Paloquemao, el ente investigador presentará el principio de oportunidad para que sea revisado y avalado por un juez de Bogotá.
En marzo de este año, la Fiscalía leyó el escrito de acusación en contra del ingeniero, quien es señalado de haber manipulado la adjudicación del contrato para la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas, con el fin de beneficiar a Odebrecht. Fajardo debe responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Aunque en febrero presentó una solicitud para salir de la cárcel y enfrentar su proceso desde casa, el juez del caso se lo negó y Orlando Fajardo sigue recluido en un centro carcelario de Bogotá.
Carlos Solarte
Después de tres aplazamientos, el 21 de mayo se realizó la audiencia de imputación en su contra por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Al constructor, cabeza de una de las firmas de construcción más importantes del país, la Fiscalía lo señala de haber concertado con la firma brasileña Odebrecht el pago de coimas para quedarse, en el 2009, con el contrato para la construcción del túnel interconector entre el río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el río Bogotá. A finales de octubre, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en su contra, sin que hasta ahora se haya leído en audiencia el documento. El caso en su contra lo enfrenta desde prisión domiciliaria, luego de que un juez, a comienzos de junio le diera este beneficio.
Paola Solarte
Al igual que su papá, la audiencia en su contra se realizó el 21 de mayo, después de tres aplazamientos. La Fiscalía la señala de haber concertado con la firma brasileña Odebrecht el pago de coimas para quedarse, en 2009, con el contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas. Sin embargo, ella sí fue enviada a la cárcel a comienzos de junio. El pasado 22 de noviembre, un juez de garantías de Bogotá modificó su medida de aseguramiento y le dio el beneficio de casa por cárcel por ser madre cabeza de hogar con dos hijos menores de edad. La Fiscalía ya presentó ante el juez del caso el preacuerdo al que llegó con Solarte. Allí, las partes negociaron que, a cambio de aceptar su participación en tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y peculado, la pena que pagará será de seis años y siete meses de prisión domiciliaria.
La Fiscalía presentó el escrito de acusación en febrero y este miércoles se espera que se definan cuáles son los testigos y las pruebas. De esta forma comenzará formalmente el juicio en contra del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), señalado por la Fiscalía de haber beneficiado a la multinacional Odebrecht en la adición al contrato de la Ruta del Sol para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Además, en agosto pasado, la Fiscalía anunció una nueva imputación de cargos, esta vez por las presuntas irregularidades en la adición de un otrosí al contrato de la Ruta del Sol III.
En febrero se conocieron los nuevos detalles del acuerdo que el exsenador estaba buscando con la Fiscalía. La negociación establece una pena de cinco años y medio de cárcel por aceptar cargos en los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, mientras que el delito de lavado de activos será presentado bajo un principio de oportunidad. A finales de julio, el juez del caso alargó su tiempo en la cárcel seis meses más. Hasta ahora, no se sabe si fue aprobado su acuerdo. El exsenador fue llamado a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho.
La Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra en marzo de este año por supuestamente haber participado en irregularidades de la contratación del interconector de Tunjuelo-Canoas del río Bogotá. Pero fue solo hasta el pasado 23 de noviembre que se citó la audiencia para la lectura del documento. No obstante, la cita la incumplió el abogado de confianza del exalcalde de Bogotá, lo que llevó a que la audiencia se suspendiera. En su defensa, Moreno dijo que los aplazamientos han sido por dos procesos que tiene vigentes y que cuenta con los soportes para justificarlo, pero que su intención nunca ha sido generar dilaciones en este caso. El caso se reanudará el próximo 19 de diciembre.
El 16 de febrero, el juez 14 penal del Circuito de Bogotá condenó a cinco años de prisión y a pagar una multa de más de 127 salarios al contratista Andrés Cardona Laverde, por haber servido de intermediario para el pago de sobornos entre Odebrecht y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá para que la multinacional brasileña se quedara con el contrato para la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas.
La Fiscalía le imputó cargos el 29 de octubre por supuestamente haber recibido $200 millones de la firma brasileña para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá, además de usar su influencia con el propósito de que una de las filiales de Odebrecht fuera precalificada para competir por el contrato para la ampliación de la planta de tratamientos residuales El Salitre (PTAR Salitre) en Bogotá.
Fue condenado el 28 de febrero por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que él mismo aceptó, por sus vínculos con las irregularidades que se dieron en la adjudicación de varios contratos de la malla vial en el país con la multinacional de Brasil. Tres meses después, el 10 de mayo, fue llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos), un proceso que todavía se adelante en el alto tribunal.
El exsenador fue capturado el 13 de febrero de este año. La Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio el 15 de agosto por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho. Según la investigación, Olano habría intermediado de manera igual para que Odebrecht se quedara con el contrato del tramo Ocaña-Gamarra.
A comienzos de año, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en el que detalló las pruebas que tiene en su contra para señalarlo de haber mediado para que el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra le fuera adicionado en 2014 al de la Ruta del Sol II, con el propósito de no adelantar una nueva licitación pública y beneficiar a Odebrecht. En abril, el juez del caso lo envió de la cárcel a su casa por tener problemas de salud. En agosto la Fiscalía llegó a un preacuerdo con el empresario, sin que hasta ahora haya sido avalado por un juez.