Lo que ha pasado un año después de que estallara el cartel de la toga

La historia comenzó con la captura del exfiscal Gustavo Moreno. Lo que él y otras personas han revelado desde entonces son los detalles de un supuesto entramado de corrupción en el que abogados y magistrados habrían recibido dinero a cambio de desviar y manipular procesos.

En la fila de arriba, de izquierda a derecha: el exmagistrado Francisco Ricaurte, el exfiscal Gustavo Moreno y el exmagistrado José Leonidas Bustos. En la fila inferior, de izquierda a derecha: el suspendido senador Musa Besaile, el magistrado Gustavo Malo y el suspendido senador Álvaro Ashton.Gustavo Torrijos y El Heraldo

Hace un año el país despertó con la noticia de lo que comenzaba a ser uno de los peores escándalos en la justicia del país. El 27 de junio de 2017 la Fiscalía capturó a Luis Gustavo Moreno, entonces jefe de la Unidad Anticorrupción del ente investigador, luego de que la justicia de Estados Unidos lo pidiera en extradición por haber recibido dinero en ese país a cambio de “torcer” el expediente en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. De lo que no se tenía pista en ese momento era de que esa detención era apenas la punta de un iceberg cuyos detalles se han venido conociendo a cuentagotas y cuyas secuelas hoy se conocen con el nombre del cartel de la toga.

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Una vez Moreno fue sacado de su oficina en la misma Fiscalía, los agentes del CTI que lo capturaron incautaron computadores, documentos, discos duros y toda clase de documentos para comprobar los alcances que tenía el exfiscal dentro de la Unidad Anticorrupción. A sus pesquisas se sumaron los audios que la DEA le mandó al ente investigador como prueba de que Gustavo Moreno había pedido y recibido un soborno a Lyons en suelo estadounidense. Lo que se vino a saber después fue que el exgobernador colaboraba con la justicia de Estados Unidos y que, gracias a su ayuda, la DEA consiguió las grabaciones claves en el caso de Moreno, que hoy son pieza fundamental en una investigación sin precedentes en el país.

Fue así como se empezaron a conocer detalles claves de una supuesta red de corrupción que habría permeado entidades como la Corte Suprema de Justicia. El tema era tan delicado, que el coordinador de fiscales delegados ante el alto tribunal, Fabio Espitia, fue directamente a los despachos de varios magistrados de ese alto tribunal para contarles que en las grabaciones se mencionaban a sus antiguos colegas José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. La discreción se terminó el 15 de agosto de 2017, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez le explicó al país que tenía pruebas de que el entramado de corrupción había llegado hasta la cúpula de la justicia colombiana.

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Por primera vez en la historia, dos expresidentes de una alta Corte pasaron a estar en la lista de los investigados —con Tarquino, hasta ahora, no ha pasado nada—. Como si no fuera suficiente con esos nombres, Martínez añadió otro listado de personajes que tendrían vínculos con la supuesta red de corrupción. En él estaban el congresista Hernán Andrade, los hoy suspendidos senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, la exgobernadora Zulema Jattin y el magistrado Gustavo Malo, a quien la propia Corte apartó temporalmente de sus funciones. Lo que vino después fue una cadena de hechos que forman parte de la historia del cartel de la toga, como la detención de Ricaurte, o la de Musa Besaile, quien aceptó haber pagado $2.000 millones para frenar una supuesta orden de captura en su contra por parapolítica.

Cada capítulo de esta historia ha generado polémica, como la que causó Besaile cuando dijo que había sido víctima de una extorsión por parte de Moreno y que por eso había entregado el dinero; o la que suscitó el magistrado Ricaurte cuando se convirtió en el primer exmagistrado de un alto tribunal en ser enviado a prisión. Sin embargo, hay quienes aseguran que, un año después de que estallara el caso, todo se ha tratado más bien de un escándalo mediático. El abogado Álvaro Pérez, el defensor del magistrado Gustavo Malo, señaló, en diálogo con El Espectador, que en su opinión este se ha tratado de un caso dirigido a una o dos personas, pero que el sonado cartel de la toga nunca existió.

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Aunque el jurista aseguró que quizá sí hubo un acuerdo entre funcionarios para recibir dinero, está convencido de que los magistrados nunca estuvieron vinculados en el asunto. “La credibilidad de la justicia, especialmente instituciones sagradas como la Corte Suprema de Justicia, se han visto en entredicho por el juego mediático y por personas irresponsables que hablan sin tener conocimiento de cómo es un proceso penal”, agregó el abogado. En contraparte, para el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, el asunto sí fue de extrema gravedad para la Corte que asumió el caso como una “vergüenza pública”, pero con la convicción de que había que actuar de inmediato.

“Creo que la institución tuvo capacidad de reacción categórica frente al daño que causaron esas informaciones. Había una cierta desconfianza de cómo íbamos a reaccionar”, afirmó el magistrado Hernández, quien agregó que lo que hizo el alto tribunal fue que mostrar la capacidad de respuesta, por ejemplo, apartando al magistrado Gustavo Malo de sus funciones. “La voluntad y la decisión de reformar el reglamento para mantener a esa persona al margen de sus funciones mientras su caso es resuelto demostró una institucionalidad que no se ha perdido. Uno puede decir que la Corte se purgó, reaccionó, se abrió y fue sincera con el país con los actos que emprendió para sanar”, añadió el presidente de la Sala.

Lo que ha pasado desde entonces

El magistrado Hernández recordó que cada institución que tuvo que ponerse las pilas para mitigar el escándalo hizo su parte. Desde que se conocieron los alcances de la investigación, la Fiscalía le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que actuara inmediatamente, para investigar a los magistrados de las altas cortes posiblemente involucrados. Por su parte, el ente investigador hizo lo propio y el 20 de septiembre del año pasado se conoció otro hecho inédito en los anales judiciales de Colombia: por primera vez en la historia del país, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, una de los tribunales más antiguos del país, fue capturado. Era Francisco Ricaurte.

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La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, por sus vínculos con el cartel de la toga. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso explicó que Ricaurte dirigió, junto al exmagistrado Leonidas Bustos, “una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (...) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura”.

Ricaurte fue enviado a la cárcel y allí permanece desde hace nueve meses, aunque siempre ha alegado que es inocente. En cuanto a José Leonidas Bustos, la Comisión de Acusación abrió un expediente en su contra y ahora se espera saber si decide acusar o no al exmagistrado y llevar el caso a la plenaria de la Cámara de Representantes y, luego, a la del Senado. La historia de Gustavo Malo es más complicada pues, cuando estalló el escándalo, todavía era magistrado y, pese a las acusaciones en su contra, se rehusó a dejar su despacho. A finales de abril de este año, sus compañeros decidieron apartarlo de sus funciones, mientras se define si el Senado lo acusa o no.

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Ambos han explicado que nada tienen que ver con el cartel de la toga y que Moreno no es otra cosa que un gran manipulador y que solo ha dicho mentiras. Camilo Tarquino, el otro exmagistrado mencionado por la Fiscalía, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía a comienzos de abril de este año para hablar de la principal acusación de Alejandro Lyons en su contra: que le había pedido $20.000 millones para “ayudarlo” en su proceso en la Fiscalía. Hasta ahora, su caso no ha avanzado más allá de esta citación. A la par de que estos casos han llevado su propio ritmo en la Comisión de Acusación y en la Fiscalía, en la Corte Suprema también se han movido varios procesos.

Uno de los más sonados, quizás, es el del hoy suspendido senador Musa Besaile. Desde que la Fiscalía dijo que él estaba dentro de la lista de personajes que habrían pagado dinero al cartel de la toga a cambio de que detuvieran una supuesta orden de captura en su contra, su caso ha sido motivo de decisiones en el alto tribunal. La primer versión que trascendió fue la que él mismo entregó a la Corte y a medios de comunicación, asegurando, con lágrimas incluidas, que no era sino una víctima del cartel. Que Moreno era un extorsionador profesional y que lo había presionado para pagar $2 mil millones a cambio de que no lo arrestaran.

Moreno refutó la versión y dijo que Besaile hizo el pago en efectivo completamente consciente de que quería evitar su arresto. El exsenador se encuentra preso en La Picota de Bogotá. El pasado 1° de febrero fue llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Besaile ha insistido que es inocente de todos los cargos. Además de él, Álvaro Ashton es otro de los congresistas mencionados en este escándalo. Al igual que Besaile, las autoridades creen que le pagó a Moreno y a sus socios para que incidieran en el proceso por parapolítica que llevaba en su contra el alto tribunal.

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Según la versión del exfiscal Moreno, Ashton le entregó al menos $600 millones al cartel de la toga para que el exmagistrado Ricaurte moviera sus fichas dentro del alto tribunal y su expediente no avanzara. El exsenador fue capturado en diciembre del año pasado y, desde ese entonces, se encuentra recluido en La Picota en Bogotá, desde donde ha puesto toda clase de recursos jurídicos para demostrar su inocencia y para que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) lo acepte para que allí se siga adelantando su investigación por parapolítica, lo cual la JEP ha rechazado.

A esta larga lista de capítulos del escándalo, en los que se encuentran las historias de cada persona involucrada en el caso y la reacción de la justicia, le hace falta el último: el exfiscal Gustavo Moreno fue extraditado en la mañana del 17 de mayo de este año. Junto a él, también fue enviado a Estados Unidos su exsocio, el abogado Leonardo Pinilla, quien también confesó haber recibido dinero del soborno que pagó Lyons en Miami. Si bien ha sido una historia de episodios insólitos e inéditos para el país, lo que está claro es que, aunque ha pasado un año, todavía hace falta relatar cómo terminan los casos de Bustos, Ricaurte, Tarquino, Malo, Besaile, Ashton y los demás excongresistas.