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Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sabe del caso de Noel y Guillermo Omeara, dos habitantes de Aguachica que fueron asesinados en 1994, se basa en una extensa cantidad de testigos, declaraciones e informes de organismos oficiales que la Comisión Colombiana de Juristas recolectó y envió a la Comisión Interamericana. La misma que la semana pasada, tras 22 años de impunidad para la familia Omeara, recomendó una condena contra el Estado colombiano por este caso.
Colombia negó cualquier responsabilidad. Por una parte, señaló que no se había demostrado la participación de agentes estatales en los crímenes, entre los cuales está también incluido el de Héctor Alvárez, suegro de Guillermo Omeara, quien fue víctima de un atentado en 1995 que lo dejó postrado en una cama hasta que murió cinco años más tarde. Por otro lado, indicó que no estaba demostrada la conexión entre el atentado contra Noel Omeara, que se produjo en enero de 1994, y su muerte, que se dio en agosto de ese mismo año.
En poder de la Corte IDH, sin embargo, está una buena cantidad de documentos y soportes que apuntan que miembros de la Unase (Unidad Antiextorsión y Secuestro), conformada por miembros del Ejército y del DAS, tuvieron responsabilidad en los tres casos en que fueron víctimas la familia Omeara. Además, el grupo paramilitar liderado por la familia Prada, la cual encabezó el movimiento contrainsurgente en el sur del Cesar, habría estado operando con el consentimiento de militares.
La Corte IDH conoció que cuando Noel Omeara fue baleado en enero de 1994 en un restaurante del casco urbano de Aguachica, testigos afirmaron que quienes perpetraron el crimen eran miembros de la Unase. Tanto las sedes del DAS como de la Unase estaban muy cerca de donde fue asesinado Noel Omeara. En cuanto al crimen de Guillermo Omeara, los testigos afirman que integrantes de la Unase fueron los que lo desaparecieron en un vehículo y posteriormente intimidaron a su familia para que no indagaran más.
La Unidad Antisecuestro y Extorsión nació en 1991 en un plan nacional con la clara función de reducir los números este par de delitos en todo el país. Amnistía Internacional señaló en 1995 que durante 1994 se registró en el sur del Cesar un número cada vez mayor de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, a medida que las fuerzas de seguridad estatales y paraestatales iban aumentando su presencia. La Procuraduría abrió pliego de cargos en febrero de 1993 a 150 agentes de dichas unidades en todo el país, pero luego la investigación se derrumbó.
Según testimonios que llegaron a la Corte IDH, al mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de la base militar de Aguachica durante la época de los asesinatos de Emiro y Guillermo Omeara y del atentado contra Héctor Álvarez, en enero de 1995 la Procuraduría General lo destituyó por favorecer grupos paramilitares y por permitir la masacre de Puerto Patiño, en la que murieron ocho pescadores en zona rural de Aguachica ese año. La Corte tuvo conocimiento de que informes de la Policía de la época lo señalaban de ser el responsable de permitir dicha masacre.
En el proceso que adelantó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el exjefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, quien controlaba a las autodefensas durante la época de los crímenes de la familia Omeara, se pidió que se investigara a al menos 13 militares y policías. Como resultado, en 2011 el mayor del Ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel, fue procesado por su presunta responsabilidad de dicha masacre. Sin embargo, ningún proceso contra el mayor quedó en pie.
Juancho Prada siempre ha declarado que el autor de la muerte de Guillermo Omeara fue su primo Roberto Prada Gamarra, quien a su vez justificó el asesinato señalando que esa familia auxiliaba a la guerrilla, lo cual la justicia nunca comprobó. En 2015 el comandante militar del grupo ‘para’ de los Prada, Manuel Rincón Guerrero, alias Pasos, entró a ser parte de la investigación por la muerte de Guillermo Omeara y fue llamado a indagatoria, mientras se encuentra preso en la cárcel de Tramacúa en Valledupar (Cesar).
La Corte IDH tiene la última palabra en este caso. De condenar a Colombia por los asesinatos de Noel y Guillermo Omeara y el atentado contra Héctor Álvarez, el país recibiría el fallo condenatorio número 18 de parte de este tribunal internacional. El Estado colombiano insiste en que no tuvo nada que ver con estas muertes ni con el episodio en el que Héctor Álvarez resultó cuadripléjico. La familia de las víctimas, sin embargo, cree que hay con qué demostrar que el Estado sí tuvo todo que ver la tragedia que los enlutó desde hace 22 años.