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En Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, durante 54 años de conflicto armado interno, la Fuerza Pública tuvo responsabilidad en 158 masacres de civiles (el 8% del total). Además, quienes se supone debían proteger a los ciudadanos, fueron autores de 399 homicidios selectivos, el 10% de las 23.161 víctimas de este delito. Con ese panorama, y con una sociedad cada vez más polarizada, hablar sobre la reconciliación a la Fuerzas Militares con la sociedad civil resulta, cuando menos, necesario. (Lea: El ejemplo del plebiscito chileno)
Persiguiendo este objetivo se llevó a cabo el foro Internacional “Desafíos del encuentro de la Sociedad Civil y las Fuerzas Militares: Experiencia Chile”, organizado por la embajada del país austral, la OEA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. El encuentro contó la presencia de dos figuras claves que permitieron la transición a la democracia en Chile, después de que Pinochet fuera derrotado en las urnas el 5 de octubre de 1988, tras 16 años de una dictadura militar. (Lea: "El ‘No’ sería un desastre": canciller chileno sobre plebiscito por la paz)
Se trató de Edmundo Pérez Yoma, ministro de Interior y Defensa en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el segundo gobierno democráticamente elegido después de la dictadura; y del general (r) Juan Carlos Salgado, uno de los militares que sentó en la Mesa de diálogos de Derechos Humanos y que, desde allí, dio los primeros pasos para que el ejército chileno reconociera su responsabilidad en las torturas y desapariciones que ocurrieron bajo el gobierno de Augusto Pinochet.
Ambos hablaron sobre la atropellada transición de Chile desde un gobierno dictatorial a uno democrático. Y saben que si bien la experiencia chilena dista en puntos significativos de los cambios que se avecinan en Colombia, finalmente, señaló el exministro Pérez Yoma, “se trata de construir un país en el que dos extremos se encuentren, en el que quepan todos”. De acuerdo con Edmundo Pérez Yoma, desde la experiencia de su país, solo la verdad podría sanar esos lazos ratos. “La mentira es la antesala de la violencia y va en contra de los esfuerzos por la paz”, dijo.
Sus palabras cobran relevancia si se tiene en cuenta que en Colombia los militares también protagonizaron episodios de violación a los derechos humanos, lo que pudo haber fracturado la confianza de algunos ciudadanos en la institución. Hechos como los mal llamados ‘falsos positivos’, por los cuales hay 15.000 procesos abiertos en la justicia ordinaria, deberán esclarecerse y dependiendo de los hallazgos, el Ejército debería estar en actitud de reconocer su responsabilidad como institución en la ocurrencia de estos sucesos.
En Chile, crear los lazos entre Fuerzas Militares y sociedad civil tardó más de diez años. El general (r) Juan Carlos Salgado, explicó que esto se dio porque en un principio, los militares no aceptaron la validez histórica ni jurídica del Informe Rettin, que elaboró la Comisión de la Verdad de ese país cuando se acabó la dictadura y que registró 2.596 hechos de violación de derechos humanos que habrían cometido el Ejército chileno durante el gobierno militar.
Un error que se cometió, dijo el general Salgado, fue que el informe desestimó a los militares que también habían sido víctimas de la violencia política que enfrentó el país austral en esos años. En Colombia, donde la guerrilla cometió numerosas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), olvidar a los militares que además ostentan la condición de víctima, sería desconocer una parte de la verdad histórica. Reconocerlos, exigir la verdad para ellos y repararlos es una misión será una tarea del posacuerdo.
El punto de inflexión
El oficial retirado Jorge Salgado señaló que en Chile el cambio comenzó en 1999, cuando se integró la Mesa de Diálogos sobre Derechos Humanos, que sentó, en el mismo espacio, a militares y abogados defensores de derechos humanos. La Mesa trabajó en un ambiente reservado y bajo dinámicas colaborativas, explicó Pérez Yoma, el ministro que lideró la iniciativa.
Finalmente, la Mesa entregó un documento final en el que se estableció la necesidad de que el Ejército entregara información útil para dar con el paradero de los cerca de dos mil detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Pinochet. Además, sugirió crear sanciones a quienes ocultaran esta información, sugerencia que fue acatada por el Senado del país y convirtieron en ley. Asimismo, seis meses después de la entrega del informe, el Ejército dio información que permitió establecer qué pasó con 130 desaparecidos.
El consenso se selló cuando en 2004, el comandante en jefe de las Fuerzas Militares asumió responsabilidad por los hechos de la dictadura y reconoció las fallas, señaló el general en retiro Juan Carlos Salgado. Y el paso final se dio en 2005, cuando se hicieron cerca de 54 reformas a la Constitución que diseñaron Pinochet y los altos militares para aumentar los poderes de la Fuerza Pública.
Pero, ¿qué tan viable sería sentar en una misma mesa a militares, guerrilleros y civiles para hablar sobre las violaciones a los derechos humanos que ambos actores armados cometieron durante el conflicto?
Si bien la pregunta quedó en el aire, ambos invitados señalaron que el hecho de que en el proceso de paz con las Farc se haya diseñado una justicia transicional que investigará y sancionará estas actuaciones bajo un régimen de penas especial, puede contribuir al esclarecimiento de la verdad, y en últimas, a la reconciliación de los actores sociales. No obstante ambos señalaron que este es un camino largo en el que la paciencia y la prudencia deberán jugar un papel central.