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Aún no son claras las identidades de las personas que murieron durante un operativo militar en Calamar (Guaviare) el pasado 2 de marzo de 2021. Este escenario nebuloso revive el fantasma del bombardeo militar de agosto de 2019, en el que murieron ocho menores de edad y que derivó en la renuncia de Guillermo Botero, el entonces ministro de Defensa del gobierno Duque. Medicina Legal, a través de un comunicado de prensa, informó que hasta el momento están identificando los cuerpos de 10 personas que, según las Fuerzas Militares, eran miembros de las disidencias de Gentil Duarte. Sin embargo, fuentes de la Defensoría del Pueblo señalan que en el reciente bombardeo murió una menor de 16 años y el resto eran mayores de 18 años.
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El Espectador se contactó con un miembro de una organización social que está haciendo acompañamiento a las familias de las personas que murieron en el operativo militar, quien pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad. “En este momento las familias están muy preocupadas porque no se han confirmado las identidades (de los fallecidos) y hay mucha desinformación. Lo único que saben las familias es que sus seres queridos salieron a trabajar en distintas labores del campo en varios puntos de Guaviare, era normal que duraran varios días en lugares alejados de los centros poblados. Que eran miembros de las disidencias es una información de los militares que se tendrá que comprobar”, comenta el defensor de derechos humanos.
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Además, confirmó el dato de que hay una menor de 16 años entre los muertos del bombardeo y dijo que entre los cuerpos hay dos de nacionalidad venezolana. El acompañante de las familias viajó a Bogotá para conformar una comisión humanitaria con organismos nacionales e internacionales que viaje hasta el lugar del bombardeo, en la vereda Buenos Aires, en Calamar (Guaviare). “Así será la única forma de averiguar qué fue lo que pasó realmente”, argumenta el defensor de derechos humanos, quien estuvo estos últimos días con las familias en la sede de Medicina Legal en Villavicencio, en donde están los 10 cuerpos desde el pasado 4 de marzo. Con un dato más de por medio: Medicina Legal dijo que recibió 10 cuerpos, pero los militares confirmaron 12 personas muertas.
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El ministro de Defensa, Diego Molano, salió a dar explicaciones del bombardeo y señaló que la intervención había sido legítima porque la estructura de Gentil Duarte afecta a la población colombiana y son las disidencias de las Farc las directamente responsables de que los jóvenes sean “máquinas de guerra”. El jefe de esa cartera ministerial también comentó que, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), “es claro que quienes están en un campamento participan en las hostilidades y se debe hacer (el ataque) por el bien superior de la protección de los demás”, dijo en entrevista con la W Radio.
Este diario le preguntó al Comando General de las Fuerzas Militares sobre qué antecedentes penales tenían quienes estaban en el campamento y con qué información se autorizó el bombardeo. La respuesta recibida fue: “Respecto de los antecedentes penales de los fallecidos y capturados, esa información es propia de la Fiscalía General y/o Policía. Independiente de si la inteligencia militar determinó o no la presencia de menores de edad, la operación militar o el bombardeo se puede realizar a la luz del DIH”. Sin embargo, no aportaron información concreta sobre qué información llevó a autorizar ese operativo militar. Al cierre de la edición, Fiscalía y Policía no contestaron sobre los antecedentes penales de los señalados miembros del grupo disidente.
Acerca de la presencia de menores de 18 años, Molano señaló a Blu que “están haciendo una afirmación (de) que había 12 niños. Lo que teníamos eran máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas. Nuestro Ejército planea operaciones contra estructuras que planifican hostilidades. Aquí lo que tenemos son niños que hacen parte de una estructura de guerra, capaz de cometer atentados. La información que sacaron estas organizaciones debe ser verificada por la Fiscalía y Medicina Legal, mientras tanto lo que hay es una operación legítima contra una estructura criminal”.
Al margen del esclarecimiento de sus entidades, el episodio del bombardeo en Calamar vuelve a poner sobre la mesa viejas tragedias que sufren las poblaciones que viven en medio de los grupos armados: el reclutamiento forzado y el abandono estatal. La propia Defensoría del Pueblo viene desde 2019 advirtiendo del escenario de riesgo en el que viven los civiles en Calamar y municipios aledaños, como Miraflores. “Lo que viven los jóvenes y menores de edad en el sur de Colombia es un callejón sin salida y que los termina dejando en bandeja de plata sobre todo a las disidencias de las Farc”, señaló un defensor de derechos humanos que tiene asiento en San José del Guaviare.
La Defensoría alertó en diciembre de 2020 sobre “el grado de vulnerabilidad en que se encuentran las familias campesinas e indígenas de Miraflores víctimas de reclutamiento forzado. Los menores de edad y adultos víctimas de este flagelo son privados de todo contacto o comunicación con los familiares una vez ingresan a las filas de la disidencia, por lo que cuando ocurre la deserción, su familia, sin saberlo, queda expuesta al inminente riesgo de ser masacrada, desplazada o desaparecida”. Para conocer más sobre la situación de derechos humanos en la región, este diario contactó a tres funcionarios públicos que trabajan en temas de orden público en Guaviare, sin embargo, prefirieron no hablar por temor a poner sus vidas en riesgo.
Los municipios sobre los que alertó la Defensoría -Calamar, San José del Guaviare y El Retorno-, según esa misma entidad, “cuentan con amplias zonas boscosas que les permiten a los grupos armados ocultarse, abastecerse y realizar entrenamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes recién reclutados”. Esta situación se da en un contexto de expansión de las disidencias del frente Primero, lideradas por Gentil Duarte e Iván Mordisco, las cuales abandonaron el proceso de paz desde julio de 2016.
Además, advierte la Defensoría, que “en Calamar, indígenas combatientes menores de edad han resultado heridas” en enfrentamientos con la Fuerza Pública.La polémica que deja este asunto apenas comienza. Por ahora, Medicina Legal es la que tiene la palabra, pues su trabajo de identificar a quienes murieron en la operación militar será clave para lo que venga, mientras Fiscalia y Policía le cuentan al país de los antecedentes legales que tenían quienes estaban allí para entender por qué la decisión fue bombardear.